En el Café con El Pitazo del 23 de noviembre el abogado y coordinador de investigación de Provea, Marino Alvarado, acompañó a 240 participantes para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el evento titulado “Crímenes de lesa humanidad, la CPI y los DD. HH. en Venezuela".
El invitado inició su ponencia contextualizando sobre lo complejo y difícil de abordar la realidad de los derechos humanos en el país. Esto, debido a que la pobreza sigue en aumento, existe un caos en los servicios públicos que afectan la calidad de vida de la población y por la posible perpetración de crímenes contra humanidad.
Centrándose en este último punto, Alvarado recordó que la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) determinó que existen indicios para afirmar que en Venezuela se cometen este tipo de violaciones desde, al menos, 2017. Además, puntualizó que la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas también apunta hacia esa conclusión, pero marcando la fecha de inicio en 2014.
Según Alvarado, las sospechas tienen suficiente fundamento, pues distintas organizaciones mantienen registro de este tipo de prácticas. Solo en 2020, el Centro Gumilla registró más de 3034 presuntas ejecuciones extrajudiciales solo; el Foro Penal registra más de 9000 personas sometidas a procesos judiciales y cerca de 250 presos políticos; mientras que Provea identificó 24 casos de tortura solamente en 2019.
Sin embargo, el experto señaló que la lupa está puesta sobre el Estado venezolano, pues la CPI y la ONU no son los únicos entes siguiéndole la pista a estos sucesos para tomar acciones. Alvarado detalló que la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de los DD. HH. también formar parte de los organismos monitores.
La audiencia participa y busca respuestas
En respuesta a las consultas de los usuarios, Alvarado mencionó que el avance hacia la fase de investigación por parte de la CPI es un gran paso, pues busca identificar la cadena de mando detrás de estas posibles violaciones y dar con los más altos responsables. No obstante, explicó que esta investigación podría ser un proceso lento. Primero, porque la CPI y otros organismos atienden diferentes casos al mismo tiempo; y segundo, porque la CPI puede actuar por cuenta propia, pero la colaboración del Estado será determinante para reducir el lapso.
Yeli Zambrano, desde Aragua, preguntó cómo la sociedad puede ayudar para que estas investigaciones lleguen a buen término y se haga justicia para las víctimas. Alvarado respondió que los ciudadanos siempre deben denunciar si se conocen casos, mientras que organizaciones de derechos humanos deben seguir documentando estos sucesos para identificar patrones y reforzar las pruebas de su existencia.
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