Activistas y familiares se concentraron este miércoles, 28 de febrero, a las afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide, Caracas, en protesta por la libertad de la abogada Rocío San Miguel y los demás presos políticos que están recluidos en ese lugar.
Joel García, quien forma parte del equipo de abogados de la defensora de derechos humanos, aseguró que los casos de San Miguel y Alejandro González, expareja de la activista, son de total indefensión e incomunicación, pues no les han permitido designar defensa privada.
«¿Por qué no permiten que tenga su defensa de confianza? Ya vimos los señalamientos del fiscal general. Permítannos controvertir y debatir esa versión, esa narrativa que no puede ser impuesta. Rocío San Miguel y Alejandro González no tienen nada que ver con esa trama Brazalete Blanco», cuestionó este miércoles, cuando se cumplen 19 días de la detención.
Alejandro González: expareja de Rocío San Miguel que también fue detenido
García resaltó que desde el 18 de febrero, cuando pudo recibir en la sede del Sebin la visita de su hija, Rocío San Miguel no ha tenido contactos adicionales con su familia ni abogados.
En el caso de Alejandro González de Canales, al militar retirado no le han permitido ningún tipo de visita ni contactar a sus parientes ni abogados.
Cartas de solidaridad
Representantes de diversas ONG también acudieron a la sede del Sebin, este 28 de febrero, para manifestar apoyo a Rocío San Miguel y a otros presos políticos recluidos en el Helicoide.
El periodista Luis Carlos Díaz informó a través de sus redes sociales que los presentes entregarán cartas de solidaridad con los presos políticos a los guardias.
Activistas y defensores de derechos humanos llevaron cartas, libros y productos de higiene personal para Rocío San Miguel. Esperan que, mediante las gestiones del Consulado de España, San Miguel pueda recibirlos en breve, pues este 28 de febrero las autoridades del Helicoide no lo permitieron.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero cuando iba a tomar un vuelo desde el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía. El Ministerio Público la acusa de participar en un complot denominado Brazalete Blanco.
Además, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, la culpó de espionaje con funcionarios de las Fuerzas Armadas para “planificar acciones en contra de la soberanía nacional".