Caracas.- El coordinador de exigibilidad de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, y el sacerdote jesuita Alfredo Infante, activista de DD. HH. del Centro Gumilla, informaron este jueves, 23 de junio, sobre un acuerdo conciliatorio al que llegaron con el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, luego de que fueran demandados por la presunta comisión del delito de difamación agravada.
En rueda de prensa en la sede del Centro Gumilla, los voceros de las ONG leyeron un comunicado en el que se retractaron públicamente de lo que dijeron el pasado mes de marzo, cuando presentaron de forma conjunta el último informe sobre violencia policial en Venezuela titulado Lupa por la Vida.
«Nos retractamos públicamente de lo que se dijo en ese momento, no hubo interés de acusar propiamente al gobernador, empezando porque para eso existen instituciones del Estado», dijo Alvarado.
Tanto Infante como Alvarado aseguraron que la intención no fue señalar o acusar a Lacava como responsable directo ni indirecto de presuntas ejecuciones extrajudiciales que pudieran haber ocurrido en Carabobo a cargo de los cuerpos policiales de la entidad.
«La solicitud que hicimos en la presentación de nuestro informe sobre la necesidad de investigar y establecer responsabilidades no pretendió, de nuestra parte, hacer un señalamiento acusatorio al gobernador, aunque así pueda haberse entendido», aclararon.
El abogado de los activistas, Joel García, señaló que la audiencia de conciliación se celebró este miércoles, 22 de junio, ante un juzgado en Carabobo. Ambas partes establecieron un cronograma de trabajo que culmina el próximo 23 de agosto, en el que los activistas se comprometieron a leer el comunicado y promocionarlo a través de sus redes sociales y de las ONG que representan.
Alvarado insistió en que ambas organizaciones, como defensoras de los DD. HH., seguirán haciendo el monitoreo a escala nacional relacionado con la actuación de organismos policiales, incluyendo los de Carabobo, ya que el acuerdo conciliatorio no implica una prohibición en ese sentido.
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