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El Tribunal Quinto de Control del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Valles del Tuy, dictó medida privativa de libertad contra Nayrobi del Carmen Vegas Rojas, quien fue señalada por las autoridades de obligar a sus hijas a grabarla cuando tenía sexo con su actual pareja sentimental.
La decisión se acordó durante la audiencia preliminar, realizada el jueves, 6 de mayo, donde Vegas Rojas admitió los hechos, según informó a El Pitazo, Pedro Rafael Medina Ponte, padre de las dos víctimas, de 8 y 10 años de edad, quien estuvo presente en el acto judicial, tras ser citado por el tribunal. Esta versión fue corroborada por una fuente policial ligada al caso que pidió el anonimato.
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Como lugar de reclusión el tribunal fijó el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof) con sede en Los Teques. A la detenida le imputaron los presuntos delitos de trata de mujeres, niñas y adolescentes en grado de continuidad y difusión pornográfica de niños y adolescentes. Según lo informado por Medina, su expareja fue sentenciada a 14 años de prisión.
Medina Ponte recordó que Nayrobi del Carmen Vegas Rojas fue detenida en el terminal de pasajeros de Charallave en noviembre de 2020. La mujer residía en un apartamento de la urbanización Ciudad Zamora de Cúa. En este lugar sometía a dos de sus hijas para que la grabaran mientras mantenía relaciones sexuales con su nueva pareja, Miguel Junior Silva Briceño, según se desprende de las investigaciones.
Este hecho salió a la luz pública luego que las niñas contaran lo sucedido a su padre y este denunciara el caso en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ocumare del Tuy. “Los funcionarios del Cicpc tienen los videos como evidencia. Este material audiovisual era comercializado a través de la red social Facebook en tres millones de bolívares cada uno", indicó Medina.
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Medina Ponte denunció que Miguel Junior Silva Briceño sometió a sus hijas a otras acciones perversas y añadió que, durante la audiencia, la madre de sus hijas alegó que actuó bajo amenazas de su pareja.
El declarante solicitó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de los Valles del Tuy dar con el paradero de Miguel Júnior Silva Briceño para que pague por los daños físicos, psicológicos y morales que le ocasionó a sus hijas.
