IPYS Instituto Prensa y Sociedad Venezuela
Los titulares de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas advirtieron que los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas no deben permitir ni facilitar las violaciones a la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho al acceso a la información pública
IPYS Venezuela, 4 de septiembre de 2024
24 expertos y expertas independientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela y condenaron la profundización de la censura en el país, particularmente luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024.
Para repudiar las violaciones de derechos humanos en el contexto de la crisis institucional causada por la “falta de transparencia y veracidad” del proceso para elegir al presidente de la República de Venezuela, los expertos y expertas suscribieron y difundieron un comunicado este 4 de septiembre de 2024. De esa manera, se suman a las denuncias formuladas por otras instancias de Naciones Unidas y organizaciones internacionales de derechos humanos.
Los expertos y expertas señalaron restricciones en algunas de las principales plataformas de medios sociales y aplicaciones de mensajería, exigieron el cese de los actos de censura y otras formas de hostigamiento y, además, advirtieron que los proveedores de internet y las aplicaciones informáticas no deben permitir ni facilitar esas violaciones de derechos humanos.
Entre el 29 de julio y el 4 de agosto de 2024, IPYS Venezuela registró 79 vulneraciones a la libertad de prensa, comprendidas en 62 casos relacionados con coberturas del tema electoral o de las manifestaciones ciudadanas desarrolladas en el país. Esta documentación pone en evidencia un recrudecimiento del patrón sistemático de represión y control sobre la información de interés público en Venezuela.
El balance de IPYS Venezuela sobre las violaciones a las libertades informativas en la semana siguiente al 28 de julio, día de la elección presidencial, incluye agresiones físicas o verbales (30); hechos de discurso estigmatizante (18); detenciones (7); medidas de censura (7); restricciones en internet (7); restricciones administrativas (6); actos de hostigamiento judicial (3) y restricciones de acceso a la información (1). “Estas formas de persecución subrayan la urgente necesidad de proteger a las personas periodistas independientes que están en el país, pues se está poniendo en peligro su vida e integridad personal”, advirtió la organización.
IPYS Venezuela también ha registrado el bloqueo de 58 sitios web y portales de información por las operadoras de telecomunicaciones en Venezuela, lo cual reduce significativamente las opciones a disposición de la ciudadanía para informarse.
“Encontramos un alto grado de indefensión entre la población, personas defensoras de derechos humanos, personas involucradas en trabajo social y comunitario, periodistas y todas las personas percibidas como oposición. La información recibida indica que esta situación se da en un contexto caracterizado por el uso arbitrario del sistema de justicia penal por parte del Ministerio Público en contra de estos grupos, la criminalización de la defensa de los derechos humanos, la corrupción rampante, la impunidad y la falta de un poder judicial independiente capaz de investigar violaciones graves a los derechos humanos”, se indica en el documento.
Quienes suscribieron el comunicado refirieron expresamente “detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, homicidios, desapariciones forzadas, hostigamiento, despidos ilegales, persecución y fiscalización de opositores políticos, quienes eran identificadas como opositoras y personas que ejercían sus derechos de reunión pacífica y libertad de expresión, así como violaciones de las garantías procesales”.
Los expertos y expertas acusaron recibo de informes que indican “más de 1.300 detenciones arbitrarias, incluidas de niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas Indígenas, mujeres, personas LGBTIQ+, y también de desapariciones forzadas y al menos 21 muertes causadas por armas de fuego presuntamente por agentes no estatales que actuaban con el apoyo de las fuerzas de seguridad”.
También se manifestaron en contra de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, aprobada por la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2024: “…no hará más que endurecer las restricciones al derecho a la libertad de asociación, advirtieron los expertos, lo que se suma al ya existente uso indebido de cargos de terrorismo ante una jurisdicción especial de terrorismo”.
“Hay evidencias de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, que impide el pleno disfrute de los derechos fundamentales y aumenta el riesgo para la vida de cualquiera que sea crítico con el Gobierno”, agregaron las personas expertas.
En el comunicado se precisa que durante los últimos cinco años se han enviado 22 cartas al gobierno venezolano sobre las violaciones sistemática y graves de los derechos humanos en el país, pero que la mayoría de esas misivas no han sido respondidas. Aún así, se lee en el documento, las personas expertas de Naciones Unidas están en contacto con el Gobierno de Venezuela sobre estas cuestiones.
Las personas que suscribieron el documento son titulares de los llamados Procedimientos Especiales del sistema de protección de derechos humanos de las Naciones Unidas: Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Cecilia M. Bailliet, Experta Independiente en derechos humanos y solidaridad internacional; Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación; Margaret Satterthwaite, Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados; Aua Baldé (Presidenta-Relatora), Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Grażyna Baranowska y Ana-Lorena Delgadillo Pérez, del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Heba Hagrass, Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Ben Saul, Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Laura Nyirinkindi (Presidenta), Claudia Flores (Vicepresidenta), Dorothy Estrada Tanck, Ivana Krstić y Haina Lu, del Grupo de Trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; José Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Fernanda Hopenhaym (Presidenta), Pichamon Yeophantong, Damilola Olawuyi, Robert McCorquodale y Lyra Jakulevičienė, del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales.
