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Los DDHH de las personas LGBTIQ+ en Venezuela no están garantizados
Aunque en el Día del Orgullo se celebra la diversidad, en Venezuela también es un recordatorio de que los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ no están garantizados
«El Estado tiene la responsabilidad de reparar a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, quienes han sufrido las consecuencias de la desigualdad y políticas públicas discriminatorias», asegura el activista Yendri Velásquez
Vanessa Blanco, activista de la organización Joven Pride, señala que entre los derechos más vulnerados está el derecho a la identidad de las personas trans, deuda en derechos civiles como el matrimonio igualitario o posibilidad de adopción a parejas del mismo sexo

@ValeriaPedicini 

El Día Internacional del Orgullo se celebra el 28 de junio. En conmemoración de los disturbios de Stonewall, en el que miembros de la comunidad LGBTIQ+ en Estados Unidos salieron a protestar para exigir sus derechos, cada año las calles se llenan de banderas de colores para visibilizar la diversidad. 

Pero también son un recordatorio de que todavía falta mucho camino por andar para lograr la igualdad. Se ve en los comentarios de redes sociales y se oye en las conversaciones. Aunque la gente lo niegue, en Venezuela se sigue cuestionando, señalando, juzgando y discriminando a personas LGBTIQ+. 

¿Es necesario que exista un día para las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, no binarios? Sí. Yendri Velásquez, activista venezolano y miembro de Amnistía Internacional, explica que en el camino hacia la igualdad, es necesario que los daños sean reparados. 

“El Estado tiene la responsabilidad de reparar a quienes han sufrido violaciones de derechos humanos, quienes han sufrido las consecuencias de la desigualdad y políticas públicas discriminatorias. En el día del orgullo se conmemora la necesidad de la igualdad de derechos. Pero también se visibiliza las desigualdades a las que estamos sometidos las personas LGBTIQ+ por razones de la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género”, cuenta Velásquez. 

El problema de fondo, explica el activista, es que vivimos en una sociedad patriarcal. En esta, la norma es la exclusión de todo lo que se pueda salir del patrón de la heteronormatividad.

“Todas las personas que no sean heterosexuales, que no sean cisgéneros, todas las personas que no se acoplen a este modelo binario de género, quedan excluidas. Eso es lo que hemos visto. Incluso, lo vemos también en personas heterosexuales: cuando hay hombres heterosexuales que tienen una expresión de género femenina, sale del patrón que nos dice cómo debería ser un hombre. Ya está automáticamente condicionado a burla, a violencias, al “chalequeo”, pero estas son formas y discursos que lo que hacen es castigar a la diferencia”. 

La crisis lo empeora todo

El Estado venezolano está señalado de violar derechos humanos y de cometer crímenes de lesa humanidad. Las personas LGBTIQ+ no se escapan de sufrir los daños: sus derechos humanos no son garantizados. 

Venezuela es uno de los países más atrasados de la región en materia de derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Y en medio de un contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis los ha afectado de forma diferenciada, profundizando sus desigualdades. 

La activista y cofundadora de la organización Joven Pride, Vanessa Blanco, asegura que el Estado venezolano tiene una deuda importante respecto a los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. 

“Nuestra crisis por derechos no se resume solo a algunos años para acá o solo momentos específicos, sino que es un tema sistemático de hace años de no garantías, incluso de retroceso. Tamara Adrián comenta que a finales de los 90 se dieron algunos reconocimientos de identidad a personas trans. Luego cuando empezamos en los 2000 esto retrocedió. Estamos en una situación empeorada por el contexto de Emergencia Humanitaria Compleja, por la crisis política, social, económica. Además hemos visto con alta preocupación la decisión de no legislar«, dice Velásquez.

Entre las acciones que preocupan al activista, está la decisión de no legislar y no tomar en cuenta las exigencias de los movimientos de la comunidad LGBTIQ+ cuando se han acercado a los distintos organismos del Estado. 

“Tenemos años asistiendo a las instituciones del Estado entregando firmas, entregando iniciativas, denunciando y todavía no hay respuestas concretas ante las demandas sino un silencio absoluto, un silencio cómplice de las violaciones de derechos humanos y ante el no reconocimiento de nuestros derechos”. 

Velásquez cree que esta postura del Estado se debe a que en las esferas políticas hay gran incidencia de grupos religiosos. Y no se trata de solo uno. “Es la Iglesia Católica por un lado, son las iglesias pentecostales y evangélicas por otro lado y eso lo vemos hoy en la conformación de la Asamblea Nacional del 2020, cuando hay una alta participación de pastores evangélicos que se han declarado en contra de los derechos de las personas LGBTIQ+ y las mujeres. Han argumentado usando sus creencias religiosas, que esto además es violatorio de la Constitución”. 

Asimismo, reconoce también la alta presencia militar en las esferas de poder.

“Hay que recordar que en Venezuela se sigue penalizando la homosexualidad en las Fuerzas Armadas Nacional, según el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar”, que establece una pena de 1 a 3 años de prisión a la persona militar que «cometa actos sexuales contra natura». 

No es capricho, son derechos humanos

En la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

Además, se establece que todas las personas son iguales ante la ley y sus derechos deben ser respetados sin distinción de raza, sexo, idioma, credo, opiniones políticas o de cualquier otra índole.

Y aunque la Constitución protege el derecho a la no discriminación, en Venezuela parece haber oídos sordos cuando se trata de garantizar derechos humanos de las personas LGBTIQ+. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la ausencia de políticas públicas y legislación que garanticen los derechos de las personas LGBTIQ+ en Venezuela.

El organismo ha instado al Estado a “tomar medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas”. 

Para Velásquez, el problema radica en que en Venezuela hay una “deuda gigantesca» con la cultura sobre los derechos humanos. “Eso viene además dado incluso en las narrativas políticas donde tocar el tema de derechos humanos es superficial y no se profundizan en ellos. La tarea de nosotres como activistas es tratar de profundizar en estas discusiones, promover la cultura de los derechos humanos y entender que la afectación de un derecho humano afecta a los demás. Pero además, la afectación de un derecho humano de una persona afecta a la sociedad entera”. 

El activista sostiene que a la sociedad venezolana le ha costado entender que pueden existir distintas agendas de derechos humanos o exigencias que pueden ir en paralelo y todas se pueden acompañar a la vez. 

“Yo puedo tener como prioridad el tema del matrimonio igualitario, a lo mejor yo estoy en pareja y necesito protección de mis bienes. Pero puedo también acompañar la exigencia por el agua que están viviendo mis padres en Guarenas y la exigencia de electricidad. Esto no es una cosa que resta la lucha del otro. Al contrario, es necesario que se amalgamen. Es necesario que haya puntos de encuentro en el acompañamiento por la defensa de los derechos humanos”, dice el miembro de Amnistía Internacional.  

Afirma que la exigencia de derechos humanos nunca le restan a otras y que todas las organizaciones pueden acompañarse en sus propias luchas. “Esto las hace más poderosas». 

«Acompañar la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo no limita la lucha que tienen los grupos por la libertad de expresión o los grupos que luchan por una vivienda. Siempre tienen el mismo objetivo que es que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos humanos sin discriminación para todas las personas”. 

La ley no los reconoce

Las parejas del mismo sexo no tienen ninguna protección jurídica o institucional en Venezuela. El artículo 44 del Código Civil establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer. 

La organización Venezuela Igualitaria interpuso en 2013 ante el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de este artículo por inconstitucional porque viola el principio de no discriminación e igualdad de derechos. 

“Hoy este es el único impedimento legal que no permite el matrimonio igualitario, el reconocimiento de derechos de las personas homosexuales. Lamentablemente el TSJ no se ha pronunciado, la Asamblea Nacional tampoco. Incluso cuando se entregaron las firmas por el matrimonio igualitario, hubo un silencio absoluto de esta Asamblea Nacional y de las que vinieron. El Consejo Nacional Electoral  tampoco se ha pronunciado, que es a quien le correspondía validar esas firmas. Lamentablemente aquí lo que vemos es un silencio absoluto del Estado ante la exigencia de derechos humanos. Y el silencio se traduce en una omisión de sus responsabilidades y eso constituye una violación a nuestros derechos humanos”, comenta Yendri. 

En cuanto a la identidad de género para personas trans, existe una ley que debería permitir el cambio de nombre. Pero en la práctica no ocurre. Existe un vacío en la aplicación de la legislación vigente. El artículo 146 de la ley orgánica del Registro Civil establece el derecho al cambio de nombre, pero las autoridades que deben aplicarlo asegura que este es ambiguo.

“La Ley del Registro Civil dice que se podrá cambiar de nombre una sola vez si el nombre resulta impronunciable, si atenta contra la dignidad de las personas o si no corresponde con su género. En estos supuestos entran las personas trans, pero no se ha aplicado. Entonces la única barrera que existe para al menos el cambio de nombre, que esto no garantiza por completo el derecho a la identidad, es la voluntad política de las instituciones. Hoy vemos un CNE con competencia de Registro Civil que no ha tomado una decisión, que no ha hecho disposición de lo que dice la ley. El Saime lo que hace es escudarse con lo que no ha dicho el CNE. Estamos en una repartición de responsabilidades pero nadie toma la decisión”, explica.

Por su parte, Blanco agrega: «Las personas trans no tienen la posibilidad de contar con un documento coherente con su identidad. Poniéndole riesgos , detenciones arbitrarias, imposibilidad para tener un trabajo estable con remuneración justa, problemas de movilidad y tránsito migratorio. Y son expuestas al escrutinio público cada vez que necesitan entregar su cédula o realizar algún trámite legal». 

Un grupo de personas activistas trans han asistido a tres reuniones en el Consejo Nacional Electoral para discutir sobre la ley de identidad de género. Las respuestas no han sido positivas. “Sino, por el contrario, han buscado postergar la discusión”, señala Velásquez. 

Existen varias leyes que mencionan el derecho a la no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Pero una cosa es lo que está escrito y otra es lo que realmente sucede. Por ejemplo, la Ley Orgánica del Trabajo prohíbe la discriminación por orientación sexual; es decir, solo protege a las personas homosexuales y bisexuales, pero no a las personas trans, queer o no binarias. 

No hay manera eficaz de hacerla efectiva. Hemos tenido casos que han ido a denunciar y lamentablemente esta denuncia no se concreta o no llega a nada”, expresa el activista. Blanco señala que pueden existir otras medidas discriminatorias contra personas LGBTIQ+, como «la de la Sociedad Venezolana de Hematología que no permite la donación de sangre a personas homosexuales». 

La ley también tiene una gran deuda en la tipificación de los crímenes de odio, ya que no están contemplados en el marco jurídico venezolano como un agravante de los delitos. 

Lo único que existe es una fiscalía especializada para atender denuncias de personas LGBTIQ+. «Atendiendo a lo que nuestra sociedad reclama, estaremos siempre a la vanguardia, como ha tocado en nuestra gestión, para hacer justicia», señaló Tarek William Saab al anunciar su creación en mayo de este año. 

Velásquez comenta que aunque existe, no hay mayor información al respecto. “No sabemos el nombre del fiscal o la fiscal, no sabemos cuál es el procedimiento para denunciar, no sabemos cuáles son los números telefónicos, no hay información pública. El tema de los crímenes de odio ha quedado en un gran limbo».

Señaló que distintas organizaciones de la sociedad civil entregaron cartas ante la Fiscalía, donde enumeraban algunos de los casos de asesinatos de personas LGBTIQ+. “Lo que pedíamos ante la Fiscalía era la investigación necesaria para determinar si eran crímenes de odio o no y que se les garantizara acceso a la justicia a los familiares y amigos de las víctimas”. 

Hay avances, pero todavía falta 

Para Velásquez, no todo ha sido negativo. Comenta que los mayores avances han sido a nivel social, ya que se han abierto más discusiones en distintos espacios, hablando de temas que antes no se hablaban y teniendo una presencia más fuerte en las calles. “Hoy vemos además un buen síntoma de esto el nacimiento de organizaciones, además lideradas por gente joven. Esto también es gracias a la vinculación de las grandes organizaciones de derechos humanos con el tema LGBTIQ+”, dice.

Menciona que, más allá del activismo formal de ir a protestar, las expresiones individuales también son maneras de ejercer el activismo. ”Que hoy haya jóvenes que se atrevan a salir maquillados, con faldas, disruptivos en la forma como se visten, también es una forma de activismo. Pero también es un síntoma de que las personas se atreven públicamente a ser quienes, a amar quienes aman”. 

Aunque las expresiones de violencia todavía existen, “todavía nos sacan de los lugares, nos botan de nuestras casas, nos discriminan”, Velásquez afirma que cada vez más el costo por discriminar se vuelve mayor.

“Lamentablemente, este costo no se lo dan las instituciones del Estado que son quienes deberían estar vigilantes y ser garantes de. Hay un costo social de discriminar a las personas LGBTIQ+ y este costo se lo da la misma gente. Cada vez vemos más aliados hablando a favor de los derechos LGBTIQ+, cosa que es importantísimo”, comenta.

El activista manifiesta que para que los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ sean garantizados, la sociedad debe articularse. También se deben crear más organizaciones y debe existir un interés de los políticos para romper el silencio

“Los políticos y las políticas deben entender que no pueden invocar creencias religiosas para negar el derecho de las otras personas. Y eso también pasa por entender el rol que tiene como funcionario y funcionarias públicas. Al tú ser electo o electa o al ser designado en algún cargo del Estado, tienes un deber de garantizar derechos humanos. Ese deber no puede verse obstaculizado por creencias personales, sino que tienes una función con un bien mayor que es garantizar que estas personas puedan disfrutar de sus derechos y su dignidad humana”.