El Gobierno de Bélgica quiere prohibir las «terapias de conversión» de personas LGTBI+ en heterosexuales con una ley que castigará esas prácticas con multas de entre 100 y 300 euros, y penas de hasta dos años de cárcel.
El consejo de ministros aprobó el pasado 28 de octubre un anteproyecto de ley que una vez adoptado en votación en el pleno del Parlamento federal será de aplicación inmediata, anunció este jueves (17.11.2022) la Secretaría de Estado de Igualdad de Oportunidades.
La nueva ley sancionará «cualquier práctica consistente o que incluya la intervención física o la aplicación de presión psicológica, en la que el perpetrador o la víctima crean o pretendan que tiene como objetivo suprimir o cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona», informó la cadena RTBF.
La norma incluye algunos factores agravantes, como que el delito sea cometido por alguien con posición de reconocida confianza, autoridad o influencia sobre la víctima o que la víctima sea un menor o una persona en situación de vulnerabilidad.
Además de las multas de entre 100 y 300 euros y las penas de entre 1 mes y 2 años de cárcel, los jueces podrán también prohibir a los condenados que ejerzan una actividad profesional o social vinculada a las infracciones durante cinco años.
Países como Canadá, Brasil, Malta, Alemania, Ecuador y Argentina ya tienen legislación que prohíbe e ilegaliza las terapias de conversión del colectivo LGTBI.
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El consejo de ministros aprobó el pasado 28 de octubre un anteproyecto de ley que una vez adoptado en votación en el pleno del Parlamento federal será de aplicación inmediata, anunció este jueves (17.11.2022) la Secretaría de Estado de Igualdad de Oportunidades.
La nueva ley sancionará «cualquier práctica consistente o que incluya la intervención física o la aplicación de presión psicológica, en la que el perpetrador o la víctima crean o pretendan que tiene como objetivo suprimir o cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona», informó la cadena RTBF.
La norma incluye algunos factores agravantes, como que el delito sea cometido por alguien con posición de reconocida confianza, autoridad o influencia sobre la víctima o que la víctima sea un menor o una persona en situación de vulnerabilidad.
Además de las multas de entre 100 y 300 euros y las penas de entre 1 mes y 2 años de cárcel, los jueces podrán también prohibir a los condenados que ejerzan una actividad profesional o social vinculada a las infracciones durante cinco años.
Países como Canadá, Brasil, Malta, Alemania, Ecuador y Argentina ya tienen legislación que prohíbe e ilegaliza las terapias de conversión del colectivo LGTBI.