Chile comenzó este miércoles un periodo de campaña de dos meses para elegir el próximo 7 de mayo a los 50 miembros del Consejo Constitucional, órgano encargado de redactar la nueva ley fundamental del país en el que será la segunda fase de un proceso político marcado por el mayoritario rechazo a la propuesta anterior.
Si bien el organismo que los chilenos deberán configurar a través de las urnas será paritario, este segundo intento de elaboración de una carta magna tiene profundas diferencias con el anterior, contando con un Comité de Expertos que inauguró esta semana sus labores y que tiene por finalidad definir un borrador que sirva de base para el trabajo del Consejo.
Durante dos meses, con plazo hasta el jueves 4 de mayo, 350 candidatos buscarán entrar al Consejo Constitucional, repartidos en cinco listas electorales en donde tanto las fuerzas del Gobierno como de la oposición correrán divididas.
El oficialismo chileno inscribió dos pactos de cara a las elecciones y descartó la posibilidad de presentar a todo el progresismo unido bajo las mismas siglas.
Las fuerzas políticas de la coalición de Gobierno acordaron presentarse a los comicios, por una parte, con el pacto «Todo por Chile», que agrupa las fuerzas de la centro-izquierda tradicional, excepto el Partido Socialista (PS), y por la otra «Unidad para Chile», que suma la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece el presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y, como principal novedad, a los socialistas.
En el otro carril, la oposición mantendrá intacto el pacto de la coalición de derecha Chile Vamos, que para las elecciones de consejeros constitucionales bautizaron como «Chile Seguro». Los conservadores se presentarán por separado del ultraderechista Partido Republicano.
Una quinta lista será liderada por el Partido de la Gente (PDG), una organización cuyo representante Franco Parisi obtuvo un sorpresivo tercer lugar en las pasadas elecciones presidenciales sin siquiera pisar el país y que durante el último periodo parlamentario ha implosionado en una crisis profunda por falta de definiciones políticas e ideológicas, manifestándose múltiples quiebres internos.
Este nuevo proceso constituyente arrancó el pasado lunes con la instalación del comité de expertos designados por el Parlamento, que tienen como tarea la elaboración de un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo próximo en las urnas.
Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, tomaron posesión de sus cargos en el edificio del antiguo Congreso de Santiago en una ceremonia sobria que convive con la falta de expectativas y de interés ciudadano que despierta este segundo intento constituyente.
El órgano, que integran varias figuras veteranas de la política chilena, tiene tres meses para redactar el anteproyecto de Carta Fundamental y entregárselo a los 50 consejeros que elaborarán la propuesta final que podría reemplazar a la heredada por la dictadura militar (1973-1990).
Tras las elecciones del 7 de mayo, el Consejo Constitucional dispondrá de hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto que luego será sometido a plebiscito por parte de la ciudadanía, en una votación universal y obligatoria.
Pese al rechazo de un 62 % en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual.
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Si bien el organismo que los chilenos deberán configurar a través de las urnas será paritario, este segundo intento de elaboración de una carta magna tiene profundas diferencias con el anterior, contando con un Comité de Expertos que inauguró esta semana sus labores y que tiene por finalidad definir un borrador que sirva de base para el trabajo del Consejo.
Durante dos meses, con plazo hasta el jueves 4 de mayo, 350 candidatos buscarán entrar al Consejo Constitucional, repartidos en cinco listas electorales en donde tanto las fuerzas del Gobierno como de la oposición correrán divididas.
El oficialismo chileno inscribió dos pactos de cara a las elecciones y descartó la posibilidad de presentar a todo el progresismo unido bajo las mismas siglas.
Las fuerzas políticas de la coalición de Gobierno acordaron presentarse a los comicios, por una parte, con el pacto «Todo por Chile», que agrupa las fuerzas de la centro-izquierda tradicional, excepto el Partido Socialista (PS), y por la otra «Unidad para Chile», que suma la coalición de izquierda Frente Amplio, a la que pertenece el presidente Gabriel Boric, el Partido Comunista y, como principal novedad, a los socialistas.
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Este nuevo proceso constituyente arrancó el pasado lunes con la instalación del comité de expertos designados por el Parlamento, que tienen como tarea la elaboración de un borrador de nueva Constitución que sirva de base a los consejeros que serán elegidos en mayo próximo en las urnas.
Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, tomaron posesión de sus cargos en el edificio del antiguo Congreso de Santiago en una ceremonia sobria que convive con la falta de expectativas y de interés ciudadano que despierta este segundo intento constituyente.
El órgano, que integran varias figuras veteranas de la política chilena, tiene tres meses para redactar el anteproyecto de Carta Fundamental y entregárselo a los 50 consejeros que elaborarán la propuesta final que podría reemplazar a la heredada por la dictadura militar (1973-1990).
Tras las elecciones del 7 de mayo, el Consejo Constitucional dispondrá de hasta cinco meses para elaborar la propuesta de texto que luego será sometido a plebiscito por parte de la ciudadanía, en una votación universal y obligatoria.
Pese al rechazo de un 62 % en el plebiscito de septiembre, existe consenso en la necesidad de sustituir la Constitución actual.