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La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada este martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por defraudación al Estado en la causa conocida como «Vialidad», en la que se investigaron los contratos otorgados a empresarios cercanos a la administración kirchnerista.

La sentencia fue una decisión de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Sin embargo, la expresidenta argentina no será encarcelada.

La ex Presidenta se enteró de la sentencia en su despacho del Senado en Buenos Aires. El fiscal Diego Luciani, que en su alegato final había pedido 12 años de condena para la dirigente peronista, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.

La decisión fue informada poco después de las 17 en los tribunales federales en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Retiro. Afuera, un grupo de militantes kirchneristas cantaba “Cristina presidenta”, bajo un intenso calor.

En el banquillo

Cristina Kirchner no estaba sola en el banquillo. También estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.

El juicio comenzó en mayo de 2019 y se juzgaron las presuntas irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para la provincia de Santa Cruz de 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. “Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, dijo el fiscal Diego Luciani en el inicio de sus alegatos. El fiscal dio por probado que las licitaciones fueron amañadas, que las empresas no tenían capacidad para hacerlas, que la mayoría no las terminó y que a pesar de eso fue el único empresario que cobró la totalidad.

A Fernández de Kirchner la declararon culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública durante un período que abarca sus dos presidencias (2007-2011 y 2011-2015), mediante la extracción de fondos del Estado para su beneficio personal o el de un tercero. El tribunal la sentenció a 6 años de prisión.

Sin embargo, debido a su rol como vicepresidenta, Fernández de Kirchner tiene inmunidad, lo que la protege tanto legal, como civilmente en un caso criminal y no irá a la cárcel.

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta de haber encabezado una asociación ilícita para direccionar, junto a otros funcionarios, contratos millonarios de obras viales que, según la querella, quedaron incompletas, tenían sobreprecio e incluso eran innecesarias.

Cristina Fernández de Kirchner negó los cargos durante el juicio y denunció que se trata de una persecución política. Según dijo previamente, esta acusación de corrupción —la única contra la vicepresidenta que ha llegado a la instancia de juicio oral— no tiene fundamentos y se trata de una persecución en su contra suya y del proyecto político que representa.

La causa «Vialidad»

Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. (Foto Télam)

El fiscal Diego Luciani, al frente de la causa «Vialidad», pidió en agosto 12 años de cárcel para Fernández y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Sin embargo, la condena no evita que Fernández de Kirchner sea candidata a las próximas elecciones.

La acusación hace referencia, específicamente, a 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz, de la que era oriundo su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner, y donde ambos desarrollaron buena parte de sus carreras profesionales y políticas antes de saltar a la escena nacional.

En esta acusación hay otra figura fundamental, la de Lázaro Báez, exsocio del matrimonio Kirchner y a quien los fiscales señalan como el principal beneficiario de esta supuesta defraudación. En otras palabras, que habría sido él el favorecido con el direccionamiento de las obras, y que luego, por distintas vías, habría beneficiado económicamente a sus supuestos socios.

El fiscal Luciani —quien fija el inicio de la supuesta defraudación en el Gobierno de Néstor Kirchner— afirma que, para hacer el desvío de fondos, «de la noche a la mañana se convirtió en empresario de la construcción a Lázaro Báez, amigo del entonces presidente de la nación y socio comercial de este y de su esposa».

Sobre Báez ya pesa una condena a 12 años de prisión, dictada en 2021, por cargos de lavado de dinero entre 2003 y 2015, y que ha sido apelada por su defensa ante la Cámara de Casación. Sobre esta condena, su abogado afirmó que es producto de una supuesta “persecución política y mediática”. En diálogo con CNN, la defensa de Báez negó las acusaciones, alega que las pruebas utilizadas para confirmar la asociación ilícita pertenecen a otro expediente y que durante los alegatos demostrará que la fiscalía miente en sus argumentos.

Con información de CNN e Infobae