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La ONG Programa Venezolano Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) pidió a los estados parte de la Corte Penal Internacional (CPI) evitar que el gobierno venezolano intimide a las víctimas y organizaciones que forman parte del proceso contra Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante su gestión.

Este martes 6 de diciembre, el representante de Provea en Europa, Calixto Ávila, participó en un evento paralelo a la vigésimo primera asamblea de los estados parte del Estatuto de Roma que se celebra en La Haya.

En la cita expuso la necesidad de garantizar a las víctimas su participación en el proceso que se conoce como Venezuela I, en especial después de que la Sección de Reparación de las Víctimas abrió un formulario para que ellas puedan expresar sus opiniones y preocupaciones.

Esta última instancia, que depende de la Secretaría de la CPI, elaborará un informe que entregarán a los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares, quienes tendrán hasta marzo del próximo año para decidir si autorizan o no al fiscal Karim Khan a continuar la fase de investigación.

Ya en noviembre Khan solicitó continuar esta etapa, pero ante las peticiones de Miraflores, la Sala de Cuestiones Preliminares dio un plazo hasta marzo para que tanto el gobierno como la fiscalía de la CPI y las víctimas puedan pronunciarse.

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«Queremos alertar a los Estados parte de la situación de las víctimas en Venezuela y que estén pendientes de cualquier acto de represión o intimidación contra ellas o las organizaciones que participen del proceso en la CPI», dijo Ortega en un audio que compartió por grupos de Whatsapp.

Qué investiga la CPI en Venezuela

La investigación contra el gobierno de Maduro se centra en determinar si durante su gestión se han cometido crímenes como la privación de libertad u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual de gravedad y persecución por motivos políticos contra personas detenidas.

El lapso en el que se enfoca este proceso va desde al menos abril de 2017 y se centra en la actuación de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, autoridades civiles y personas progubernamentales (o grupos llamados colectivos).

Aunque el gobierno insiste en que en el país se respetan los derechos humanos, el proceso ha seguido su curso desde que en 2018 varios países hicieron la solicitud contra Venezuela y de una fase preliminar pasó a la de investigación, actualmente detenida por el aplazamiento y la inhibición que hizo Miraflores, pero que no ha prosperado del todo dentro de la CPI.