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La fiscal federal argentina Cecilia Incardona dictaminó este 11 de agosto la aprobación del pedido de la justicia de Estados Unidos para incautar a su nombre la aeronave venezolana-iraní investigada en el país sureño por supuestas actividades de terrorismo. 

Tras el dictamen de la fiscal, ahora el juez federal Federico Villena debe decidir si acepta el pedido de colaboración norteamericano e incauta el avión a nombre del juez de Columbia, que envió la solicitud; indica una nota del medio de comunicación bonaerense La Nación.

El magistrado debe resolver si retiene el avión de la empresa Emtrasur como evidencia, de estar ligado a algún delito o si la devuelve a la empresa estatal venezolana Conviasa, que viene reclamando con presentaciones judiciales y con un reclamo del gobierno de Nicolás Maduro. 

El Gobierno chavista ha hecho públicos reclamos de alto voltaje político contra Argentina y su presidente, Alberto Fernández, por haber “secuestrado” el avión y a sus tripulantes, según dijo Maduro y algunos de sus más cercanos colaboradores. Legisladores venezolanos, como Jorge Rodríguez y Pedro Carreño, dijeron que Alberto Fernández era un “títere del imperio” por retener la aeronave y descalificaron al juez Villena y a la fiscal Incardona. 

El embajador argentino en Venezuela Oscar Laborde se reunió con Pedro Carreño, el diputado de la Asamblea Nacional Constituyente venezolana que calificó a Fernández de “pelele, títere y jalabolas” por retener al avión de Emtrasur con tripulación iraní. 

El kirchnerismo hace mutis

En tanto la Asociación de Magistrados, la DAIA y la Asociación de Fiscales salieron a respaldar la actuación de la fiscal y a repudiar las declaraciones que, entendieron, buscan presionarla. La Procuración General de la Nación envió además un oficio a la Cancillería argentina en el que expresa “preocupación institucional”. El comunicado está firmado por Juan Manuel Olima, secretario de Coordinación. 

La Justicia de Estados Unidos ordenó la incautación provisoria del Boeing 747 que permanece varado en Argentina tras recibir evidencias de que el Estado venezolano s le compraron el avión a los iraníes en violación de las leyes norteamericanas y mediante una triangulación solapada en los Emiratos Árabes, según surge de los documentos que presentó la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ante la Corte federal en Washington, y a los que accedió el diario La Nación.