La situación de la empresa colombo venezolana Monómeros, fue de nuevo motivo de enfrentamientos entre factores políticos en la Comisión Delegada Legislativa, que da continuidad a la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en su sesión remota de este jueves 11 de agosto.
De un lado, el presidente de la Delegada, Juan Guaidó, junto a diputados miembros de Voluntad Popular (VP), Fracción 16 de Julio, Proyecto Venezuela, Alianza del Lápiz y Alianza Bravo Pueblo (ABP), solicitaron la aprobación del informe presentado por la Comisión de Contraloría (21 de julio) el cual ratifica que se cometieron irregularidades en la administración de Monómeros.
La Comisión también recomendó declarar la responsabilidad política del actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, por los ilícitos se han cometido supuestamente bajo su gestión. Igualmente de la presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho por no ejecutar acciones dirigidas a la reestructuración de la directiva de la empresa de fertilizantes, con sede en Barranquilla.
Del otro lado, presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes que integran la Delegada, de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) constituyeron mayoría y se opusieron (12 votos contra 7) a la aprobación del informe. Apoyaron en cambio, remitir la investigación de Contraloría (calificada como preinforme porque no fue aprobado) a la Comisión Especial de Seguimiento a la Protección de Activos en el Extranjero.
Esta última, fue una propuesta de la vicepresidenta de la propia Comisión de Contraloría, Elimar Díaz (PJ), que contó con los 12 votos a favor. Las fracciones mayoritarias consideraron que el trabajo de Contraloría «solapó» la investigación de una comisión especial, aprobada en la Delegada, que viajó a Colombia el año pasado y entre sus conclusiones denunció intento de toma hostil contra Monómeros.
Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González (VP) y otros diputados rechazaron que se dijera que la investigación de dicha instancia no podía pasar por encima de la comisión especial que viajó a Colombia. Recordaron que es la facultada, según la Constitución, para hacer contraloría sobre los órganos del Poder Público y de la administración de los bienes del Estado.
El líder opositor recordó que su decreto, que ordenaba la reestructuración de la directiva de Monómeros, fue rechazado (noviembre 2021), que envió cinco oficios a la directiva ad hoc de Pequiven para solicitar acciones sobre la empresa que no fueron atendidas y que sin autorización de la Delegada ni del interinato, la directiva del activo venezolano contrató a una firma del exdiplomático de EEUU, Otto Reich para manejar la imagen de la compañía.
Pese al nuevo revés en la Delegada, defendió el debate, el cual aseguró, no sería posible en la AN «de la dictadura». También, que se sometiera a votación el informe de Contraloría por ser distinto al de la Comisión que fue a Colombia, pese a la oposición del primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa (PJ).
Guanipa advirtió que solo votaría a favor de la propuesta de la diputada de 2015, Elimar Díaz y que no emitiría ningún voto a favor, en contra o salvado en el caso del informe de Contraloría por considerar que no debía votarse. Guaidó ripostó que estaba facultado para someter a votación tanto la propuesta de Díaz como el informe, por lo que instó a los diputados a emitir ambos votos. Pese a ello, muchos legisladores hicieron caso omiso y solo votaron por el planteamiento de Díaz.
Guaidó emitió un voto a favor de aprobar el informe de Contraloría y otro voto contra la propuesta de Díaz. Guanipa tal como lo adelantó, votó solo a favor de remitir el informe a la comisión especial de seguimiento de los activos de la República, nombrada el 2 de agosto y que se instala este viernes 12 de agosto.
El segundo vicepresidente de la Delegada, Carlos Berrizbeitia de Proyecto Venezuela (PV), votó a favor del informe de Contraloría y contra la propuesta de la diputada de PJ.
«La Comisión de Contraloría es un cuerpo colegiado de la AN, es absurdo que su informe pase a otro ente para que sea analizado», reprochó.
Luego se pasó a la votación nominal por presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes que son quienes integran la Delegada. El vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Sergio Vergara avaló el informe y salvó el voto en la propuesta de PJ. Los presidentes de Política Exterior, Olivia Lozano, de Contraloría, Macario González (los tres de VP), de Familia, Deyalitza Aray (PV) y de Medios de Comunicación Social, Sonia Medina, votaron igual que Vergara.
«Reivindico la seriedad de la investigación. Me extraña que a estas alturas se hayan ocupado de la materia (Monómeros), cuando llevamos un año solicitando la reestructuración de Monómeros y no se ha hecho nada. La posición hostil es contra Contraloría», dijo González.
Los presidentes de las comisiones de Finanzas, Energía y Petróleo, Seguridad y Defensa, Desarrollo Social, Ambiente, Pueblos Indígenas, Ciencia y Tecnología y Administración y Servicios, Carlos Paparoni (PJ), Elías Mata (UNT) y Eliézer Sirit (AD), José Antonio Mendoza (PJ), María Gabriela Hernández, Romny Flores (AD), Dinorah Figuera (PJ) y Nora Bracho (UNT), votaron a favor de la propuesta de Díaz.
También, las vicepresidentas de Cultos y Régimen Penitenciario, Milagros Sánchez y de Cultura y Recreación, María de Fátima Soares.
Durante la sesión a través de la aplicación Zoom, los diputados se quejaron de que a la hora de la votación, el técnico a cargo de la sesión no activaba a tiempo los micrófonos, lo que hizo suponer la ausencia de algunos legisladores.
«No torpedeamos investigación por corrupción a nadie y lo hemos demostrado, pero este informe tiene detalles, no puede estar por encima de la comisión especial que investigó los mismos vicios y cuyas recomendaciones no se han acatado hasta la fecha (…) Hay que despolitizar la conformación de esta junta directiva (Monómeros), que parece una lucha de partidos», argumentó Díaz.
Llamó a la comisión especial para el seguimiento de los activos a «acelerar el paso» y cumplir con el acuerdo del 14 de junio, el cual contempla la reestructuración de las juntas directivas de activos como Monómeros y la creación de un Consejo Nacional de Protección de Activos.
Antes de someterse a votación el informe, el miembro de la Comisión de Contraloría, Ismael García propuso que la Delegada acudiera a la Fiscalía de Colombia para solicitar una investigación sobre las irregularidades en Monómeros, la cual reforzaría la denuncia del diputado José Luis Pirela de la fracción 16 de julio.
«A Guillermo Rodríguez Laprea lo pusieron allí y sigue haciendo trampas, su hijo es consultor de esa empresa (Monómeros) (…) Por qué no se reestructura esa directiva que sigue manejando Rodríguez Laprea con el apoyo no sé de quién. Esos están enchufados y blindados porque no ha habido manera de que salgan del cargo, hoy se debe respaldar el informe de Contraloría», dijo.
Otros diputados como Ángel Caridad de UNT sostuvieron que la renovación de la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y el levantamiento parcial de la medida de intervención de SuperSociedades de Colombia sobre Monómeros, indica que la empresa no está tan mal como lo quieren ver algunos factores políticos.
Incluso la legisladora Auristela Vásquez de AD señaló a quienes «promueven una campaña de descrédito» contra Monómeros, de facilitar una «toma hostil» por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro. Es precisamente la tolda blanca la señalada de estar detrás del nombramiento de Rodríguez Laprea, como lo ha afirmado varias veces el diputado Ismael León de Alianza del Lápiz.
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La situación de la empresa colombo venezolana Monómeros, fue de nuevo motivo de enfrentamientos entre factores políticos en la Comisión Delegada Legislativa, que da continuidad a la Asamblea Nacional (AN) de 2015, en su sesión remota de este jueves 11 de agosto.
De un lado, el presidente de la Delegada, Juan Guaidó, junto a diputados miembros de Voluntad Popular (VP), Fracción 16 de Julio, Proyecto Venezuela, Alianza del Lápiz y Alianza Bravo Pueblo (ABP), solicitaron la aprobación del informe presentado por la Comisión de Contraloría (21 de julio) el cual ratifica que se cometieron irregularidades en la administración de Monómeros.
La Comisión también recomendó declarar la responsabilidad política del actual gerente general de Monómeros, Guillermo Rodríguez Laprea, por los ilícitos se han cometido supuestamente bajo su gestión. Igualmente de la presidenta de la junta ad hoc de Pequiven, Diana Bracho por no ejecutar acciones dirigidas a la reestructuración de la directiva de la empresa de fertilizantes, con sede en Barranquilla.
Del otro lado, presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes que integran la Delegada, de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Un Nuevo Tiempo (UNT) constituyeron mayoría y se opusieron (12 votos contra 7) a la aprobación del informe. Apoyaron en cambio, remitir la investigación de Contraloría (calificada como preinforme porque no fue aprobado) a la Comisión Especial de Seguimiento a la Protección de Activos en el Extranjero.
Esta última, fue una propuesta de la vicepresidenta de la propia Comisión de Contraloría, Elimar Díaz (PJ), que contó con los 12 votos a favor. Las fracciones mayoritarias consideraron que el trabajo de Contraloría «solapó» la investigación de una comisión especial, aprobada en la Delegada, que viajó a Colombia el año pasado y entre sus conclusiones denunció intento de toma hostil contra Monómeros.
Guaidó, el presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González (VP) y otros diputados rechazaron que se dijera que la investigación de dicha instancia no podía pasar por encima de la comisión especial que viajó a Colombia. Recordaron que es la facultada, según la Constitución, para hacer contraloría sobre los órganos del Poder Público y de la administración de los bienes del Estado.
El líder opositor recordó que su decreto, que ordenaba la reestructuración de la directiva de Monómeros, fue rechazado (noviembre 2021), que envió cinco oficios a la directiva ad hoc de Pequiven para solicitar acciones sobre la empresa que no fueron atendidas y que sin autorización de la Delegada ni del interinato, la directiva del activo venezolano contrató a una firma del exdiplomático de EEUU, Otto Reich para manejar la imagen de la compañía.
Pese al nuevo revés en la Delegada, defendió el debate, el cual aseguró, no sería posible en la AN «de la dictadura». También, que se sometiera a votación el informe de Contraloría por ser distinto al de la Comisión que fue a Colombia, pese a la oposición del primer vicepresidente, Juan Pablo Guanipa (PJ).
Guanipa advirtió que solo votaría a favor de la propuesta de la diputada de 2015, Elimar Díaz y que no emitiría ningún voto a favor, en contra o salvado en el caso del informe de Contraloría por considerar que no debía votarse. Guaidó ripostó que estaba facultado para someter a votación tanto la propuesta de Díaz como el informe, por lo que instó a los diputados a emitir ambos votos. Pese a ello, muchos legisladores hicieron caso omiso y solo votaron por el planteamiento de Díaz.
Guaidó emitió un voto a favor de aprobar el informe de Contraloría y otro voto contra la propuesta de Díaz. Guanipa tal como lo adelantó, votó solo a favor de remitir el informe a la comisión especial de seguimiento de los activos de la República, nombrada el 2 de agosto y que se instala este viernes 12 de agosto.
El segundo vicepresidente de la Delegada, Carlos Berrizbeitia de Proyecto Venezuela (PV), votó a favor del informe de Contraloría y contra la propuesta de la diputada de PJ.
«La Comisión de Contraloría es un cuerpo colegiado de la AN, es absurdo que su informe pase a otro ente para que sea analizado», reprochó.
Luego se pasó a la votación nominal por presidentes y vicepresidentes de las comisiones permanentes que son quienes integran la Delegada. El vicepresidente de la Comisión de Política Interior, Sergio Vergara avaló el informe y salvó el voto en la propuesta de PJ. Los presidentes de Política Exterior, Olivia Lozano, de Contraloría, Macario González (los tres de VP), de Familia, Deyalitza Aray (PV) y de Medios de Comunicación Social, Sonia Medina, votaron igual que Vergara.
«Reivindico la seriedad de la investigación. Me extraña que a estas alturas se hayan ocupado de la materia (Monómeros), cuando llevamos un año solicitando la reestructuración de Monómeros y no se ha hecho nada. La posición hostil es contra Contraloría», dijo González.
Los presidentes de las comisiones de Finanzas, Energía y Petróleo, Seguridad y Defensa, Desarrollo Social, Ambiente, Pueblos Indígenas, Ciencia y Tecnología y Administración y Servicios, Carlos Paparoni (PJ), Elías Mata (UNT) y Eliézer Sirit (AD), José Antonio Mendoza (PJ), María Gabriela Hernández, Romny Flores (AD), Dinorah Figuera (PJ) y Nora Bracho (UNT), votaron a favor de la propuesta de Díaz.
También, las vicepresidentas de Cultos y Régimen Penitenciario, Milagros Sánchez y de Cultura y Recreación, María de Fátima Soares.
Durante la sesión a través de la aplicación Zoom, los diputados se quejaron de que a la hora de la votación, el técnico a cargo de la sesión no activaba a tiempo los micrófonos, lo que hizo suponer la ausencia de algunos legisladores.
«No torpedeamos investigación por corrupción a nadie y lo hemos demostrado, pero este informe tiene detalles, no puede estar por encima de la comisión especial que investigó los mismos vicios y cuyas recomendaciones no se han acatado hasta la fecha (…) Hay que despolitizar la conformación de esta junta directiva (Monómeros), que parece una lucha de partidos», argumentó Díaz.
Llamó a la comisión especial para el seguimiento de los activos a «acelerar el paso» y cumplir con el acuerdo del 14 de junio, el cual contempla la reestructuración de las juntas directivas de activos como Monómeros y la creación de un Consejo Nacional de Protección de Activos.
Antes de someterse a votación el informe, el miembro de la Comisión de Contraloría, Ismael García propuso que la Delegada acudiera a la Fiscalía de Colombia para solicitar una investigación sobre las irregularidades en Monómeros, la cual reforzaría la denuncia del diputado José Luis Pirela de la fracción 16 de julio.
«A Guillermo Rodríguez Laprea lo pusieron allí y sigue haciendo trampas, su hijo es consultor de esa empresa (Monómeros) (…) Por qué no se reestructura esa directiva que sigue manejando Rodríguez Laprea con el apoyo no sé de quién. Esos están enchufados y blindados porque no ha habido manera de que salgan del cargo, hoy se debe respaldar el informe de Contraloría», dijo.
Otros diputados como Ángel Caridad de UNT sostuvieron que la renovación de la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) y el levantamiento parcial de la medida de intervención de SuperSociedades de Colombia sobre Monómeros, indica que la empresa no está tan mal como lo quieren ver algunos factores políticos.
Incluso la legisladora Auristela Vásquez de AD señaló a quienes «promueven una campaña de descrédito» contra Monómeros, de facilitar una «toma hostil» por parte de agentes del gobierno de Nicolás Maduro. Es precisamente la tolda blanca la señalada de estar detrás del nombramiento de Rodríguez Laprea, como lo ha afirmado varias veces el diputado Ismael León de Alianza del Lápiz.