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 El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó este viernes la inhabilitación política por un período de 15 años en contra de la precandidata María Corina Machado, y defendió que “ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos”.

El mandatario, cuestionado sobre el caso que se conoció este viernes en sus redes sociales, se posicionó para asegurar que “es claro que ninguna autoridad administrativa debe quitar derechos políticos a ningún ciudadano(a)”.

Se trata del primer cuestionamiento público que hace Petro desde que llegó al poder en contra de su homólogo, Nicolás Maduro, y su Gobierno, con quien ha reactivado las relaciones diplomáticas tras años congeladas.

Precisamente, este viernes los cancilleres venezolanos y colombianos, Yván Gil y Álvaro Leyva, presentaron en Bogotá la Comisión de Vecindad e Integración entre ambos países.

Petro y Maduro se han encontrado en cinco ocasiones hasta el momento. Colombia y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas, rotas en 2019, tras la llegada al poder de Petro, en agosto pasado, un proceso que ha avanzado con la reapertura de la frontera, en septiembre, y la reactivación de la conexión aérea, en noviembre.

INHABILITACIÓN DE MACHADO

Según un documento de la Contraloría General venezolana difundido por el diputado José Brito, Machado está inhabilitada para ejercer cargos de elección popular, luego de una investigación patrimonial en el que —aseguró la institución— se determinaron errores y omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas durante la auditoría correspondiente.

La opositora había presentado su candidatura a las primarias de octubre.

Además, señaló que la opositora participó de la “trama de corrupción orquestada” por el exdiputado opositor Juan Guaidó, que propició el “bloqueo criminal” a Venezuela, así como también el «despojo descarado” de las empresas y riquezas de la nación en el extranjero, con la «complicidad de gobiernos corruptos”.

La Contraloría General no especificó desde cuándo empezó a contar esta inhabilitación política, ya que en 2015 la institución aplicó esta medida por un año con el argumento de que Machado no incluyó “conceptos” de carácter laboral en su declaración jurada de patrimonio, lo que le impidió en ese momento postularse en el cargo de diputada del Parlamento.