La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México discutirá este 11 de octubre el proyecto de la ministra Ponente Yasmín Esquivel, que propone sobreseer el amparo 606/2022, interpuesto por la ONG mexicana Fundación para la Justicia, en contra de la Declaración Conjunta entre México y Estados Unidos, firmada en junio de 2019, la cual viola los derechos de las personas migrantes al permitir la aplicación de leyes estadounidenses en territorio mexicano.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia (FJEDD) alertó posibles irregularidades en un proyecto de resolución, que se discutirá en la Segunda Sala en Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a la política migratoria en México.
La inquietud de Delgadillo se centró en la Declaración Conjunta México-Estados Unidos, un acuerdo que México firmó con Estados Unidos en 2019 para abordar el flujo migratorio.
Dijo que este acuerdo establecía medidas como la expansión del programa estadounidense “Quédate en México” y la implementación de una mayor contención de migrantes por parte de la Guardia Nacional, por lo que la ONG interpuso un amparo al considerarlo ilegal.
Precisó que el juez de distrito inicialmente rechazó el amparo presentado por la FJEDD, sin analizar adecuadamente el caso ni escuchar a todas las partes involucradas. Tras impugnar la respuesta, el caso fue elevado a un colegiado de jueces y luego a la SCJN.
Delgadillo llamó a los ministros y ministras de la Segunda Sala de la SCJN para que reconsideren el proyecto de resolución confeccionado por la ministra Yazmín Esquivel, el cual propone rechazarlo por considerar que no hay una obligación explícita por parte de los gobiernos a cumplir las medidas pactadas.
Los argumentos
Según la ONG mexicana, los argumentos de la magistrada son contrarias a la Constitución y tratados internacionales firmados por México.
“Solicitamos que este proyecto sea desechado y el asunto se reasigne a otro ministro o ministra. Antecedentes del caso La Declaración Conjunta se convirtió –en términos prácticos– en el ‘muro fronterizo’ que el presidente Donald Trump prometió”, añade una declaración del grupo.
La Fundación asegura que el acuerdo migratorio no puede ser tratado como un simple “acuerdo político” o política exterior, dado los efectos que ha tenido su aplicación en el país, entre otros la contención en México de miles de migrantes solicitantes de asilo, en condiciones inhumanas, y el despliegue de más de 28 mil elementos militares (entre Ejército y Guardia Nacional) para el control migratorio, de acuerdo al informe Bajo la Bota, publicado por diversas organizaciones en el 2022.
“Esa política ha costado miles de vidas de personas migrantes, que huyen de la violencia, la inseguridad, la pobreza, los efectos del cambio climático y el hambre de sus países, pues en su trayecto por México se convierten en botín de grupos criminales y de las propias autoridades”.
La ONG considera “un fraude a la Constitución Mexicana” el proyecto de sentencia de la ministra Yazmin Esquivel, pues este sostiene que la Declaración Conjunta entre Estados Unidos y México es solo un acuerdo político y que, por tanto, no es obligatorio que tenga forma de tratado internacional.