El ahora expresidente de Perú Pedro Castillo fue trasladado en helicóptero a la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra otro exmandatario peruano, Alberto Fujimori, este miércoles 7 de diciembre.
Castillo decidió ese día disolver el Congreso de su país, convocar un congreso constituyente y gobernar por decreto hasta que el país tuviese una nueva constitución. Una medida que llamó «un gobierno de emergencia nacional».
En una alocución televisada en cadena nacional ordenó un toque de queda y la reestructuración del Poder Judicial del país andino, entre otras medidas.
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Sin embargo, recibió condena de todos los sectores políticos e institucionales del país, de las Fuerzas Armadas y la Policía peruana. En cuestión de horas, el Congreso que iba a discutir una moción de censura (vacancia en las leyes peruanas) lo destituyó con el voto de 101 de los 130 legisladores.
En su lugar, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, quien juró ante los diputados y se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo.
Castillo, al no contar con el apoyo de los militares, fue detenido de inmediato. Algunos seguidores protestaron en la Prefectura de Lima donde lo mantuvieron retenido, después lo llevaron a una comandancia policial hasta que lo llevaron al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
Al maestro rural y líder sindical de izquierda lo condujeron esposado a la cárcel. A la par, la Fiscalía y la Policía llegaron al Palacio Presidencial del país en la búsqueda de pruebas para iniciar las investigaciones en contra del exmandatario, a quien acusan de intentar un golpe de Estado en el país y alterar «el orden constitucional».
El político llegó al poder de la mano del partido Perú Libre al ganar en una segunda vuelta a la hija de Fujimori, Keiko, tras unas reñidas elecciones en las que ella cantó fraude, pero en las que finalmente se impuso.
Asumió su mandato en julio de 2021. Su gobierno fue uno de los más inestables del Perú en los últimos años. Debió nombrar cinco gabinetes ministeriales y perdió el apoyo del partido que lo llevó al poder el pasado mes de julio, con lo que su gobierno ya tambaleante quedó sin el respaldo del Congreso peruano, que desde 2016 ha destituido a dos presidentes: Martín Vizcarra y ahora a Castillo.
Su entorno y el mismo gobernante enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción, por lo que su decisión de disolver el Parlamento fue la más extrema ante la falta del respaldo institucional.
En octubre, la Fiscalía le abrió una investigación y lo acusó de «liderar una organización criminal» para enriquecerse con contratos del Estado.
La inestabilidad de la política peruana ha llevado a la renuncia de varios presidentes. El primero fue Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018; la destitución de su sucesor Martín Vizcarra en noviembre de 2020; la de Mario Merino que de presidente del Congreso pasó a la presidencia y duró cinco días en el cargo en noviembre de 2020; el nombramiento de Francisco Sagasti para terminar el mandato presidencial hasta julio de 2021.
Después fue Castillo en julio de 2021 hasta su destitución este 7 de diciembre y la designación de la que fue su vicepresidenta, Dina Boluarte, una abogada que pidió una tregua política en su discurso de asunción, con lo que llamó a las fuerzas del Congreso a un diálogo nacional para intentar calmar las aguas de la política peruana.
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El ahora expresidente de Perú Pedro Castillo fue trasladado en helicóptero a la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra otro exmandatario peruano, Alberto Fujimori, este miércoles 7 de diciembre.
Castillo decidió ese día disolver el Congreso de su país, convocar un congreso constituyente y gobernar por decreto hasta que el país tuviese una nueva constitución. Una medida que llamó «un gobierno de emergencia nacional».
En una alocución televisada en cadena nacional ordenó un toque de queda y la reestructuración del Poder Judicial del país andino, entre otras medidas.
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En su lugar, asumió la vicepresidenta Dina Boluarte, quien juró ante los diputados y se convirtió en la primera mujer en ostentar el cargo.
Castillo, al no contar con el apoyo de los militares, fue detenido de inmediato. Algunos seguidores protestaron en la Prefectura de Lima donde lo mantuvieron retenido, después lo llevaron a una comandancia policial hasta que lo llevaron al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate.
Al maestro rural y líder sindical de izquierda lo condujeron esposado a la cárcel. A la par, la Fiscalía y la Policía llegaron al Palacio Presidencial del país en la búsqueda de pruebas para iniciar las investigaciones en contra del exmandatario, a quien acusan de intentar un golpe de Estado en el país y alterar «el orden constitucional».
El político llegó al poder de la mano del partido Perú Libre al ganar en una segunda vuelta a la hija de Fujimori, Keiko, tras unas reñidas elecciones en las que ella cantó fraude, pero en las que finalmente se impuso.
Asumió su mandato en julio de 2021. Su gobierno fue uno de los más inestables del Perú en los últimos años. Debió nombrar cinco gabinetes ministeriales y perdió el apoyo del partido que lo llevó al poder el pasado mes de julio, con lo que su gobierno ya tambaleante quedó sin el respaldo del Congreso peruano, que desde 2016 ha destituido a dos presidentes: Martín Vizcarra y ahora a Castillo.
Su entorno y el mismo gobernante enfrentan procesos judiciales por presunta corrupción, por lo que su decisión de disolver el Parlamento fue la más extrema ante la falta del respaldo institucional.
En octubre, la Fiscalía le abrió una investigación y lo acusó de «liderar una organización criminal» para enriquecerse con contratos del Estado.
La inestabilidad de la política peruana ha llevado a la renuncia de varios presidentes. El primero fue Pedro Pablo Kuczynski en marzo de 2018; la destitución de su sucesor Martín Vizcarra en noviembre de 2020; la de Mario Merino que de presidente del Congreso pasó a la presidencia y duró cinco días en el cargo en noviembre de 2020; el nombramiento de Francisco Sagasti para terminar el mandato presidencial hasta julio de 2021.
Después fue Castillo en julio de 2021 hasta su destitución este 7 de diciembre y la designación de la que fue su vicepresidenta, Dina Boluarte, una abogada que pidió una tregua política en su discurso de asunción, con lo que llamó a las fuerzas del Congreso a un diálogo nacional para intentar calmar las aguas de la política peruana.