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8.900 víctimas de violaciones de DDHH pidieron a la CPI que se reanude la investigación sobre Venezuela

LA HUMANIDAD · 29 ABRIL, 2023 14:41

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Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo


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Exactamente, 8.900 víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela pidieron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que se reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.

Las víctimas manifestaron su apoyo a la solicitud de la fiscalía de reanudar la investigación y afirmaron que el Gobierno de Venezuela no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades, las fuerzas de seguridad y los paramilitares armados en el país. 

El 20 de abril, la CPI publicó la versión del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs) e indicaron que habrían recibido 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito.

Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.

La ONG Provea señala que en noviembre de 2022 la Sala de Cuestiones Preliminares I ordenó a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones que recopilara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la Solicitud de la Fiscalía para reanudar la investigación sobre la Situación en la República de Venezuela I, de conformidad con el Artículo 18(2) del Estatuto de Roma.

“Los familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y ambientales, los estudiantes, los profesores, los pensionados, los periodistas, empresarios, los trabajadores del sector humanitario y público, los abogados, entre otros, presentaron sus observaciones”, se lee en una nota de prensa de la ONG. 

El informe de la CPI no contiene ninguna información que dé con las identidades de las víctimas, de otras personas u organizaciones que hayan participado en el proceso. 

Aclararon que el gobierno de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.

La Vprs recibió observaciones de víctimas de todos los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

“Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”, dice el escrito.

Las observaciones de las víctimas 

✅Se necesita una investigación urgente por parte de una corte internacional imparcial porque los procedimientos internos no son genuinos.

✅Las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procedimientos genuinos. 

✅La CPI debe llevar a los perpetradores ante la justicia, ya que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal.

✅La investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes.

✅Con respecto al alcance de la investigación, además de los delitos mencionados específicamente en la solicitud del Fiscal (es decir, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y persecución por motivos políticos), las víctimas narraron un gran número de casos de delitos de asesinato y desplazamiento forzado.

✅Los casos de asesinatos incluyen aquellos cometidos  en el contexto de manifestaciones contra el gobierno, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos que suceden durante la  detención que resultan, con mayor frecuencia, debido a torturas excesivas, las malas condiciones de detención o debido a la denegación de tratamiento médico.

✅Los casos de desplazamiento forzado incluyen a víctimas que tuvieron que salir de Venezuela debido a la crisis humanitaria y a la persecución política, incluyendo casos en los que fueron impedidos de ejercer su profesión, perdiendo así su estabilidad económica; detenidos arbitrariamente y puestos bajo medidas preventivas después de la detención; despojados de sus ciudadanías y/o documentos de identidad; desalojados de sus hogares; denegado acceso a prestaciones sociales, tratamiento médico, entre otros. Adicionalmente, un gran número de víctimas afirmaron que la negativa de Venezuela a pagar pensiones de jubilación a opositores reales o percibidos del Gobierno que residen actualmente dentro y fuera de Venezuela, así como las sumas irrisorias pagadas al resto de la población jubilada, equivale a crímenes de lesa humanidad que las víctimas que el Fiscal de la CPI investigue;

✅Muchas víctimas también denunciaron torturas y crímenes sexuales y por motivos a de género.

Haga clic aquí para leer el informe completo

 

LA HUMANIDAD · 29 ABRIL, 2023

8.900 víctimas de violaciones de DDHH pidieron a la CPI que se reanude la investigación sobre Venezuela

Texto por Reynaldo Mozo Zambrano | @reymozo

Exactamente, 8.900 víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela pidieron a la fiscalía de la Corte Penal Internacional que se reanude la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados en el país.

Las víctimas manifestaron su apoyo a la solicitud de la fiscalía de reanudar la investigación y afirmaron que el Gobierno de Venezuela no está dispuesto a investigar y juzgar genuinamente los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades, las fuerzas de seguridad y los paramilitares armados en el país. 

El 20 de abril, la CPI publicó la versión del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (Vprs) e indicaron que habrían recibido 1.875 solicitudes con las opiniones e inquietudes de las víctimas (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos escritos), y más de 25 videos en apoyo a las observaciones ya expresadas en el formato escrito.

Las solicitudes incluyen a 8.900 víctimas, 630 familias y dos organizaciones.

La ONG Provea señala que en noviembre de 2022 la Sala de Cuestiones Preliminares I ordenó a la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones que recopilara las opiniones e inquietudes de las víctimas sobre la Solicitud de la Fiscalía para reanudar la investigación sobre la Situación en la República de Venezuela I, de conformidad con el Artículo 18(2) del Estatuto de Roma.

“Los familiares de las víctimas, los defensores de los derechos humanos, los activistas sociales y ambientales, los estudiantes, los profesores, los pensionados, los periodistas, empresarios, los trabajadores del sector humanitario y público, los abogados, entre otros, presentaron sus observaciones”, se lee en una nota de prensa de la ONG. 

El informe de la CPI no contiene ninguna información que dé con las identidades de las víctimas, de otras personas u organizaciones que hayan participado en el proceso. 

Aclararon que el gobierno de Venezuela “no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclararon desde la CPI.

La Vprs recibió observaciones de víctimas de todos los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, en particular, de los delitos de asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, persecución por motivos políticos y otras violaciones de los derechos humanos.

“Las víctimas también incluyen defensoras y defensores de derechos humanos; activistas sociales y ambientales; trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud; jueces, fiscales, abogados y abogadas, y otros funcionarios y funcionarias públicos de la judicatura”, dice el escrito.

Las observaciones de las víctimas 

✅Se necesita una investigación urgente por parte de una corte internacional imparcial porque los procedimientos internos no son genuinos.

✅Las medidas de reforma judicial adoptadas en Venezuela son limitadas y no abordan la falta de procedimientos genuinos. 

✅La CPI debe llevar a los perpetradores ante la justicia, ya que en Venezuela los principales responsables de la comisión de crímenes están resguardados de la responsabilidad penal.

✅La investigación de la CPI es vista como una oportunidad única para que las voces de las víctimas sean escuchadas, descubrir la verdad sobre lo que les sucedió a las víctimas, poner fin a la impunidad y prevenir futuros crímenes.

✅Con respecto al alcance de la investigación, además de los delitos mencionados específicamente en la solicitud del Fiscal (es decir, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación u otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y persecución por motivos políticos), las víctimas narraron un gran número de casos de delitos de asesinato y desplazamiento forzado.

✅Los casos de asesinatos incluyen aquellos cometidos  en el contexto de manifestaciones contra el gobierno, las ejecuciones extrajudiciales y los asesinatos que suceden durante la  detención que resultan, con mayor frecuencia, debido a torturas excesivas, las malas condiciones de detención o debido a la denegación de tratamiento médico.

✅Los casos de desplazamiento forzado incluyen a víctimas que tuvieron que salir de Venezuela debido a la crisis humanitaria y a la persecución política, incluyendo casos en los que fueron impedidos de ejercer su profesión, perdiendo así su estabilidad económica; detenidos arbitrariamente y puestos bajo medidas preventivas después de la detención; despojados de sus ciudadanías y/o documentos de identidad; desalojados de sus hogares; denegado acceso a prestaciones sociales, tratamiento médico, entre otros. Adicionalmente, un gran número de víctimas afirmaron que la negativa de Venezuela a pagar pensiones de jubilación a opositores reales o percibidos del Gobierno que residen actualmente dentro y fuera de Venezuela, así como las sumas irrisorias pagadas al resto de la población jubilada, equivale a crímenes de lesa humanidad que las víctimas que el Fiscal de la CPI investigue;

✅Muchas víctimas también denunciaron torturas y crímenes sexuales y por motivos a de género.

Haga clic aquí para leer el informe completo

 

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