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Los daños a la integridad física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes fueron el principal motivo de las denuncias que recibieron, entre abril de 2021 y mayo de 2022, en el el Servicio de Atención Jurídica de Cecodap, ONG dedicada a la defensa y promoción de derechos de la infancia.

Carlos Trapani, coordinador de Asunto Legales de Cecodap, explicó que al caracterizar los casos contra la integridad física de los niños que recibieron durante un año se evidenciaron abuso sexual (24,59%), malos tratos (22,90%), violencia física (18,03%), acoso escolar (13,11%) y castigo físico (11,47%).

A pesar de la gravedad de este tipo de delitos, las denuncias sobre violaciones a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes que recibió Cecodap aumentaron 16 % durante el último año.

Madres y padres agresores

Al respecto, según los datos del informe «Somos Noticias Capítulo Vulneraciones de los Derechos de los Niños» que se presentó este martes, 31 de mayo, también se identificó que las madres (en 27% de los casos) y los padres (17%) son los principales presuntos agresores y responsables de ejecutar este tipo de daños en contra de las niñas, niños y adolescentes que estaban siendo vulnerados.

Para Trapani, este tipo de comportamientos contra la integridad de los niños se acentuó durante las temporadas vacacionales, cuando la convivencia y las tensiones familiares aumentaron dentro del hogar.

«Llama la atención como los conflictos y dinámicas familiares son cada vez más complejos en frecuencia y severidad. Se identifica una estructura familiar debilitada con importantes daños a nivel de salud mental», detallan las conclusiones del registro.

En cuando a otras vulneraciones, el Servicio de Atención Jurídica recibió solicitudes relacionadas con el derecho a una familia e instituciones familiares (54), el derecho a la identidad (8), el derecho al libre tránsito (10), derecho a un nivel de vida adecuado (3), derecho a la salud (4), violencia basada en género (12) y otras necesidades de protección (9).

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Derecho a la educación

Cecodap destaca que recibió al menos 25 solicitudes relacionadas con la vulneración del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes.

Denunciaron que en algunas instituciones de educación privadas impedían que los estudiantes asistieran a clases, accedieran al material académico o los discriminaron a través de otros mecanismos de exclusión debido a retrasos en el pago de las mensualidades.  

Esto, según explicó Trapani, atenta contra el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y de su prosecución educativa, por lo que los docentes y las autoridades de los centros educativos se posicionaron como otro de los principales agresores.

Más solicitudes de atención

Además, la ONG atendió a 679 personas entre abril de 2021 y marzo de 2022. Esta cifra representa un incremento de 38,63% de beneficiarios durante el último año.

En las cifras que ofrecieron destacaron la atención a 270 niños, niñas y adolescentes, un 37% más con relación al año anterior (102 niños, niñas y adolescentes más).

Por su parte, para este año, las solicitudes de protección realizadas por hombres se incrementaron en un 20,85%, pues realizaron el 46,15% de las solicitudes que recibió el Servicio de Atención Jurídica.

Además, por primera vez, la organización gestionó 15 casos internacionales: ocho beneficiarios de Argentina, tres de España y cuatro de Países Bajos.

En función de este incremento, Cecodap aumentó sus estrategias de intervención en la restitución de los derechos de los niños que estaban siendo vulnerados y reforzó su servicio de orientaciones legales verbales, orientaciones legales escritas (remisión y recomendaciones) y denuncias formuladas directamente por la organización.

Sin formalizar denuncias

De 34 remisiones que realizó Cecodap a Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes se registró que un 41% de las solicitudes se atendieron y tramitaron (14 remisiones), 5,88% no las aceptaron (2 remisiones) y 52,94% de las víctimas o sus familiares no formalizaron la denuncia (18 remisiones).

Por su parte, de 32 remisiones al Ministerio Público se registró que un 34,37% de las solicitudes se recibieron y tramitaron (11 solicitudes), un 18,75% no se recibieron (6 solicitudes) y un 46,87% las víctimas o sus familiares no formalizaron la denuncia (15 solicitudes).

En cuanto a otros organismos del sistema de protección del Estado, se registró que un 36,36% de las solicitudes se recibieron y tramitaron (4 solicitudes), 54,54% no se recibieron (6 solicitudes) y 9,09% desistió del procedimiento (1 solicitud).

Qué impide la denuncia formal

La no formalización de las denuncias, según explicó Trapani, está relacionada con la desinformación, las experiencias negativas durante procesos similares, la complejidad de los procesos, el trato inadecuado de los funcionarios públicos, las limitaciones en capacidad de movilización de las víctimas, el difícil acceso a oficinas públicas y el miedo a represalias.

Además, las conclusiones de este informe señalan que «se identifica una desesperanza en la restitución de los derechos y una incredulidad en las respuestas institucionales ofrecidas por el Estado».

No obstante, el abogado es enfático en resaltar que es necesario que el Estado y la sociedad civil trabajen para revertir este comportamiento, pues la no denuncia invisibiliza a las victimas y mantiene en riesgo su integridad y su calidad de vida.

De esta forma, la no denuncia se incorpora a este contexto como una nueva problemática en términos de gestión de casos e impulso de los procedimientos ante el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, según advierte Cecodap.