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Por lo menos, 10 estudiantes de distintos centros educativos han sido imputados en Venezuela por violencia escolar en las primeras semanas de mayo, de acuerdo con Tarek William Saab, fiscal general del país. Sin embargo, los adolescentes no han sido los únicos penalizados por casos de acoso en centros educativos: dos profesoras tuvieron que presentarse en tribunales, una de ellas en el estado Bolívar y la otra en Miranda. 

Se trata de Sara de Freites, directora del colegio Loyola Gumilla de Puerto Ordaz, y Marisol Garrido, directora de Unidad Educativa Nacional Ezequiel Zamora, ubicada en el mirandino municipio Urdaneta. 

De Freites resultó imputada por delito de lesiones personales intencionales leves, en comisión de omisión el pasado 6 de mayo; todo a raíz de un episodio de agresión que ocurrió entre dos estudiantes el 27 de abril. Por otro lado, a Garrido se le imputó el delito de omisión de denuncia, tras una pelea entre tres niñas en una cancha; por ello estuvo detenida en la sede de la Policía del estado Miranda, en Cúa, por 72 horas desde el 9 de mayo.

La situación de ambas docentes levantó una oleada de críticas, primero de la comunidad ignaciana de Venezuela y luego entre educadores de el centro Ezequiel Zamora, quienes difundieron en redes el hashtag #libertadparaMarisolYa. Para Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), las medidas contras las profesoras son injustas, porque no hay flagrancia de los hechos. 

«Flagrancia es que agarren in fraganti a un docente observando un caso de violencia, sin hacer nada. Un director está en su oficina y no puede estar vigilante las ocho horas completas en todo el centro educativo y sus alrededores. Un profesor tiene responsabilidad de velar por la seguridad de sus estudiantes, pero hay cosas fuera del salón de clases que pueden ocurrir sin que él esté presente. Si no lo ves ni te lo cuentan, no puedes ser acusado de omisión», expresó Alzuru a Efecto Cocuyo.

Ciudadano Fiscal, si está Docente hizo lo correcto, cuál es la razón para imputarla y detenerla? Me parece un abuso de autoridad y un acoso al personal Docente, no podemos combatir el acoso estudiantil con el acoso a los Docentes, hay que tener cuidado con esto. pic.twitter.com/VZcSr5vby8

— orlando alzuru (@orlandoal19) May 12, 2022

directora de nombre, Marisol Garrido (foto), a pesar de que se cumplieron con los procedimientos y que ninguno de los representantes interpuso una denuncia. La están imputando por no "haber llevado el caso al consejo de protección". Sigue detenida y esperando que un fiscal…

— Robert Lobo (@RobertLobo_) May 12, 2022

El caso de Garrido

El caso de Marisol Garrido fue severamente criticado por la comunidad docente, debido al abordaje de las autoridades del Estado. El 29 de abril de 2022 tres estudiantes (dos de 13 años y una de 14) fueron presentadas en la dirección de la Unidad Educativa Nacional Ezequiel Zamora, luego de una disputa física.

La directora citó a los representantes de las jóvenes y el 6 de mayo se les asignó a todas una labor social relacionada con charlas sobre violencia escolar, con el acuerdo de los padres. Sin embargo, el 9 de mayo la profesora resultó detenida, según anunció a través de un audio en redes sociales.

Fue liberada el 12 de mayo, luego de presentarse en tribunales. Allí se le notificó que debió haber acudido en primera instancia al Consejo Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Cmpnna), según fuentes policiales. La medida indignó a la comunidad docente del municipio Urdaneta, que insistió en que Garrido había obrado de forma correcta al atender el caso.

«Condenamos el acoso en todos sus aspectos, pero hay que ser justos. La directora estaba estaba haciendo lo que debía. El acoso no debe ser punitivo, sino formativo. Hay formas para castigar estos hechos, sin imputar a nadie»

Orlando Alzuru, presidente de la FVM

«Penalizar a un adolescente porque acose puede generarle más daños», afirma experto sobre violencia escolar en Venezuela

La responsabilidad del docente

Alzuru reiteró que un docente tiene la responsabilidad de velar por sus alumnos, pero agregó que esa obligación debe ser compartida con los padres, que deben educar y prevenir desde casa. 

Sobre ello, Rosa Pellegrino, psicóloga de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), aseguró que es fundamental frenar un posible caso de acoso en su fase inicial que dejar que intensifique para actuar. 

«La institución debe tomar un poco más de participación, porque el colegio es donde los chamos pasan la mayor parte de su vida. Es mejor si en el centro educativo cuentan con algún psicólogo especialista que les preste apoyo. Sin embargo, es importante notificar. Es lo primero: al momento que uno se da cuenta que algo está pasando con niños o adolescentes, notificar a los padres para trazar un curso de acción», dijo Pellegrino a Efecto Cocuyo. 

Agregó que se debe atender tanto a la víctima como al agresor, comprendiendo que el comportamiento violento responde a diferentes causas que comúnmente vienen desde casa.

«Uno como docente tiene que estar atento a que, el que de alguna manera agrede, también puede ser una víctima», puntualizó. 

Una ley contra el acoso

El 11 de mayo de 2022, Tarek William Saab indicó que en la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de Ley para Prevenir, Sancionar y Atender el Acoso Escolar hacia Niños Niñas y Adolescentes.

Sobre ello, Alzuru comentó que no solo basta acudir a la legislación para frenar los casos de acoso que, según la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, afectaban a un 80 % de los colegios del país durante 2017. 

«Una ley no va a resolver eso, porque lo importante es formar a quién acosa, para que realmente vea que es un hecho grave que puede ocasionar daños físicos y psicológicos a la otra persona. El castigo debe ser ejemplarizante, no imputarlo, expulsarlo o ese tipo de medidas», apuntó Orlando Alzuru.

Expresó que los casos deben ser tratados primero en las instituciones educativas. Recordó también que los docentes no pueden ser acusados de negligencia u omisión sin pruebas, ni presentados ante el Ministerio Público sin previa investigación. 

Durante una entrevista en el programa Análisis Situacional, el Fiscal General expresó que han sido imputadas autoridades escolares de diferentes regiones de Venezuela por omisión en casos de acoso escolar demostrados ante el Ministerio Público.

— PoderPopular (@Poder_P0pular) May 17, 2022

Pellegrino explicó que las situaciones de violencias deben ser atendidas con cuidado, puesto que se tratan de escenarios complejos que involucran varios aspectos de la vida de un menor de edad. 

«Hay un vacío en la legislación en todo lo que tiene que ver con el acoso escolar. El niño o adolescente no tiene que ser castigado: tiene que ser atendido. Tanto el que que está sufriendo el acoso como el que lo ejerce debe hacer uso de un espacio de terapia psicológica. No ir directamente a la penalización», señaló Pellegrino. 

Una lista que sigue aumentando

Durante la tercera semana de mayo, Tarek William Saab reiteró la responsabilidad que tienen los docentes para realizar campañas formativas con el objetivo de prevenir el acoso y de aplicar sanciones a los agresores. 

El 16 de mayo, indicó en su cuenta oficial de Twitter que designó al Fiscal Séptimo de La Guaira (antes estado Vargas), para investigar y sancionar a varios adolescentes que le propinaron una golpiza a un joven en el Liceo José María Vargas. 

Saab informó que el Ministerio Público ha procesado 74 casos vinculados a la violencia escolar entre enero y abril de 2022.