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Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices de los abusos y violaciones de los derechos fundamentales de los venezolanos durante el 2022. Así lo retrató Human Rights Watch, en su Informe Mundial de 2023, capítulo Venezuela.

La emergencia humanitaria compleja, sumado al éxodo de 7,1 millones de venezolanos, la brutalidad policial y el retroceso en materia legislativa para la garantía de los derechos de las mujeres, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+ venezolana, son parte de los problemas identificados en el documento publicado este 10 de enero.

“Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes”, se lee en el documento.

Se enfatizó que millones de personas en el país se mantienen sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada. “Un informe elaborado en 2022 por una misión de observación electoral de la Unión Europea planteó recomendaciones concretas orientadas a generar las condiciones para que haya elecciones libres y justas. Las negociaciones, que estaban suspendidas desde octubre de 2021, se reanudaron en noviembre”, agregó.

Persecución política

HRW señaló que el gobierno de Nicolás Maduro continua con la encarcelación de opositores políticos. “Según informó el Foro Penal, una red de abogados penalistas que trabajan pro-bono, para octubre habían 245 presos políticos. Al menos 114 presos políticos han estado más de tres años en prisión preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma reciente al Código Penal”, informó.

Destacó que de los 15.770 civiles que fueron detenidos en forma arbitraria entre 2014 y junio de 2022, aproximadamente 875 fueron procesados en tribunales militares, con base en los hallazgos hecho por la ONG Foro Penal.

“Si bien algunos detenidos han sido liberados o transferidos de establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a cárceles comunes, nuevos críticos continúan siendo detenidos en forma arbitraria”, se lee en el documento.

HRW señaló la participación de los colectivos armados, junto a las fuerzas de seguridad del Estado, para la represión de las manifestaciones. “La Oficina del ACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, maltratos e incomunicación de personas detenidas durante 2022”, descató HRW.

La organización internacional agregó que el Ministerio Público registró 235 denuncias de violaciones de derechos humanos que implicaron privación de la libertad entre mayo de 2021 y abril de 2022, incluidas 20 de cargos relacionados con terrorismo.

“La Oficina del ACNUDH y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria informaron sobre desafíos persistentes al ejercicio de los derechos de libertad y juicio justo. También hay demoras en la implementación de órdenes judiciales de liberación”, se lee en el informe.

En el informe, se mencionó los hallazgos de la Misión de la ONU en donde se destacó la los delitos perpetrados por los servicios de inteligencia, “siguiendo órdenes de autoridades de alto nivel, incluido Nicolás Maduro, formaron parte de una política deliberada para reprimir a opositores del gobierno”, sostuvo.

Derechos de la mujer

HRW, en su informe, destacó que en Venezuela el aborto está penalizado, excepto cuando la vida de la mujer embarazada se encuentra en riesgo. “Según un estudio que llevó a cabo HumVenezuela, una plataforma independiente de organizaciones de la sociedad civil que realizan un seguimiento de la emergencia humanitaria, los servicios de salud sexual y reproductiva para mujeres han perdido parte de su capacidad”, sostuvo.

Denunció la situación de escasez de 61,7 % en anticonceptivos y el 55,8 % de las mujeres embarazadas “no pudiera recibir una atención obstétrica adecuada”.

En septiembre, la Misión de la ONU documentó que mujeres y niñas han sufrido violencia sexual por parte de agentes de la Fanb que trabajan en retenes y de grupos armados que controlan áreas mineras.

Grupos armados

La presencia de los grupos armados en Venezuela fue parte de las preocupaciones de HRW sobre la situación del país. Se enfatizó que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Patrióticas de Liberación Nacional (Fpln) son parte de los grupos que surgieron a partir de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

“Estos grupos operan mayormente en estados fronterizos y que imponen y hacen cumplir brutalmente toques de queda y normas que regulan las actividades cotidianas”, señaló.

El 1 de enero de 2022, comenzaron los enfrentamientos entre el Comando Conjunto de Oriente (una coalición de disidencias que se formó tras la desmovilización de las Farc) y guerrillas del ELN por el control de territorios en el departamento colombiano de Arauca y el estado Apure en Venezuela. “Ambos grupos cometieron abusos, incluyendo asesinatos, desplazamiento forzoso y reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas”se lee en el informe.

Orientación sexual e identidad de género

HRW denunció que en Venezuela no existen leyes civiles integrales que protejan de la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, excepto por algunas disposiciones específicas en la Ley Orgánica del Trabajo y la ley para la vivienda. “No existen protecciones legales para las parejas del mismo sexo”, se destacó en el informe.

Señaló que el Código de Justicia Militar castiga con hasta tres años de cárcel y despido las conductas consensuadas entre personas del mismo sexo por parte de personal militar.

“El Tribunal Supremo de Justicia ha anunciado que analizará la disposición, luego de que la organización Venezuela Igualitaria presentara un recurso”, sostuvo.

Para más información sobre el informe haga clic aquí.