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La inseguridad alimentaria es un problema que sigue agobiando a los habitantes de Zulia, al occidente de Venezuela, alertó la Comisión para los Derechos Humanos de la entidad (Codhez). En su informe anual la organización reveló que 5 de cada 10 hogares comieron una vez o dejaron de comer en todo el día, entre tres y cinco veces a la semana, durante 2021.

En la presentación de su balance titulado «Situación general de los derechos humanos en el Zulia», Codhez aseguró este 31 de agosto que la tasa de cambio oficial del dólar subió 324,07% en doce meses y que el año pasado el sueldo mínimo fue insuficiente para que las familias se alimentaran de forma adecuada.

«La mayor parte de las familias dependen de remesas, un ingreso que ha ido mermando por la pandemia y porque varios han retornado a Venezuela», expresó Juan Berrios, coordinador general de la ONG. Los datos del informe indican que 6 de cada 10 hogares dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para comer entre tres y cinco veces a la semana.

https://twitter.com/Codhez/status/1564979895184285696

Así mismo, 5 de cada 10 hogares expresaron que entre dos y cuatro veces a la semana tuvieron que enviar a algún adulto a comer en otra parte, esa misma cantidad informó que enviaron a niños, niñas o adolescentes a comer fuera de casa. Por otro lado, 6 de cada 10 hogares se vieron obligados a pedir alimentos prestados entre dos y cuatro veces a la semana y 9 de cada 10 hogares gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete días a la semana.

«En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia –Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– correspondiente al mes de marzo de 2021», reza el balance de Codhez. 

Caso de los servicios públicos

Las altas tasas de inseguridad alimentaria no son el único problema al que se enfrenta el estado Zulia. La deficiencia de los servicios públicos afectó a gran parte de la población en 2021: Codhez registró apagones y racionamientos de electricidad, fallas en el suministro de agua potable, acumulación de basura en las calles, escasez de combustible y el incremento del uso de leña para cocinar por falta de gas doméstico.

«Tenemos esta crisis desde hace muchos años. Pero en 2021 la mala prestación de estos servicios se arraigó, lo que afecta la cotidianidad de la gente y su calidad de vida», comentó Berrios.

El informe indica que 9 de cada 10 hogares expresaron que les perjudica la escasez de agua por tuberías, lo cual limita la preparación de alimentos. 

«Hemos notado que continúa la deforestación de la Sierra de Perijá, que afecta los embalses que surten de agua a Maracaibo. Notamos una total omisión de las autoridades para dar respuesta a este tipo de actividades», dijo el coordinador de la asociación civil.

Agregó que, en el contexto ambiental, la contaminación del Lago de Maracaibo es extrema: el 90% de sus orillas está colmada de basura. De estos desechos, el 80% es plástico que es arrastrado por las 40 desembocaduras de cañadas que llegan a su cuenca. También advirtió que se documentaron seis grandes derrames petroleros sin que se hicieran labores de limpieza o contención de parte del Estado venezolano. 

Sin condiciones sanitarias en Zulia

Codhez aseguró que la pandemia del COVID-19 impactó de forma negativa al ya decadente sistema de salud en Zulia. La falta de agua potable, insumos médicos y recursos humanos en los hospitales no solo impidió que se ofrecieran tratamientos a personas con coronavirus, sino a pacientes crónicos o con otras patologías. 

La organización apuntó que se estimó un déficit de hasta un 70% del personal de enfermería en el Hospital Universitario de Maracaibo, designado por el gobierno de Nicolás Maduro como centinela para la atención del Covid. La falta de especialistas y trabajadores se repitió a lo largo del territorio zuliano. 

«Ejemplo de esta circunstancia se experimentó en Caja Seca, municipio Sucre, en específico en el Hospital Juan de Dios Martínez, en donde entre los días 6 y 7 de febrero no se encontraba ningún médico para atender las emergencias o casos de salud que pudiera suscitarse en esa zona del Zulia», arroja el informe de Codhez. 

Ejecuciones extrajudiciales 

La Comisión para los Derechos Humanos de Zulia registró 228 muertes como consecuencia de 178 episodios de violencia policial. Tan solo en los primeros seis meses de 2021, se contabilizaron 158 asesinatos en el marco de 122 hechos que involucraban cuerpos de seguridad.

Para el segundo semestre se documentaron 70 fallecimientos en 56 hechos con participación de efectivos del Estado. 

Entre los sectores con más casos están los municipios Maracaibo (85), San Francisco (42), La Cañada de Urdaneta (18), Jesús Enrique Lossada (12), Lagunillas (11), Baralt (10), Cabimas (8), Santa Rita (8), Colón (7), Machiques de Perijá (7), Miranda (5), Rosario de Perijá (5), Simón Bolívar (4), Mara (3), Sucre (2) y Francisco Javier Pulgar (1).

Crisis para las comunidades indígenas

Finalmente, Codhez alertó que las comunidades indígenas que habitan territorio zuliano ven vulnerados sus derechos con más regularidad. En 2021, las fallas de electricidad y suministro de agua afectaron gravemente a los habitantes de La Guajira, donde se hallaron zonas que llevaban más de un año sin energía eléctrica. Solo en el municipio Guajira, hubo un déficit de 90 transformadores

«La salud, educación, alimentación, suministro de gasolina, transporte público y seguridad representan algunos de los grandes males de esta región, prácticamente olvidada por el Estado venezolano», señala Codhez.

Debido a los hallazgos en el estado Zulia respecto a la calidad de vida y derechos fundamentales, la organización exige al Estado que implemente planes, estrategias y políticas sostenibles destinadas a solventar los problemas que se agravan con el pasar del tiempo y que resultan en una emergencia humanitaria compleja.

«Todo este panorama exige que mantengamos un perenne levantamiento de voces, reclamando nuestros derechos y libertades, ante la masiva y sistemática violación de los derechos humanos que resulta de la emergencia humanitaria compleja que afecta a Venezuela, frente a la inercia de un Estado que no cumple con su responsabilidad constitucional de atender de forma prioritaria las más básicas necesidades de las persona», puntualizó la ONG.