Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Abogados y familiares de los sindicalistas detenidos en julio pasado acudieron nuevamente a la Defensoría del Pueblo para exigir le sean entregadas las actas y copias de los expedientes para poder ejercer la defensa.

Eduardo Torres, abogado del Comité por la Libertad de los Presos Políticos y sindicalistas detenidos, recordó que esta no es la primera vez que van a esta instancia del Poder Ciudadano en Venezuela, pues lo hicieron el pasado 10 de julio cuando instaron al defensor, Alfredo Ruiz, a fijar posición a favor de los detenidos y también a que se hiciera parte, incluso de los juicios, para que constatara la violación al debido proceso y del derecho a la justicia.

Torres, también representante de la Asociación de Profesionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), recordó varios artículos de la CRBV que están siendo violentados, así como el Código Orgánico Procesarl Penal.

«Estamos ejerciendo el artículo 51 de la Constitución que contiene el derecho de petición y el derecho a una oportuna respuesta. También el artículo 44 de la CRBV estable que la libertad personal es inviolable y en el Numeral 2 establece que toda persona detenida debe ser notificada de manera inmediata de los motivos por lo que es detenido. En el artículo 49 la persona debe tener los medios para ejercer la defensa técnica  » Aquí está siendo vulnerada», precisó. Torres.

El abogado defensor insistió en que los están acusando de asociación para delinquir y se preguntó  ¿cuál asociación?,  si ellos están asociados para defender derechos. «Tampoco se presentaron pruebas. Es público notorio y comunicacional que estos seis compañeros, como los dos que detuvieron en táchira estaban en las protestas defendiendo sus contrataciones colectivo y en contra del instructivo Onapre», afirmó.

El gobierno de Nicolás Maduro ha reprimido a líderes y dirigentes sociales que han estado cerca de manifestaciones pacíficas en favor de los derechos laborales, entre ellos  Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Emilio Negrín, Alonso Meléndez, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes todavía permanecen tras las rejas.

Sin respuesta 

Ni el fiscal general,Tarek William Saab, ni el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz han dado respuesta a las solicitudes. A pesar de los riesgos y amenazas, el grupo se traslado a la sede gubernamental para ofrecer este «espaldarazo» a los detenidos aunque están concientes que «será el pueblo venezolano más temprano que tarde el que les va a cobrar este silencio infame, pues son cientos los trabajadores que están en esta situación, que están afectados por la mala aplicación de la justicia», sostiene Torres.

Detenciones de sindicalistas obedecen a una “política del garrote” que busca sembrar miedo, según analistas

Yorbelys Oropeza, esposa del profesor y artísta plástico Alcides Bracho detenido arbitrariamente el 4 de julio, acompañó la protesta este miércoles. Recordó que en el documento entregado anteriormente ante la defensoría se puntualizaba sobre la violación de derechos humanos, arresto arbitrario y detención sin derecho a la legítima defensa.

«A los detenidos no se les ha respetado el derecho a la representacion legal como lo establece la Constitución», dijo Oropeza mientras recuerda que en las cárceles venezolanas priva el hacinamiento, la falta de agua y se violenta la dignidad de los seres humanos.

Organizaciones no gubernamentales del país aseguran que la «detención arbitraria de defensores de DD.HH. es un evento recurrente en Venezuela, convirtiéndose en una práctica que viola las leyes internacionales y nacionales».