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El Comité de la ONU especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres dijo hoy que es preocupante que haya pocas medidas en vigor en Venezuela para prevenir el tráfico de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual.

Las mujeres indígenas, afrodescendientes y migrantes son las que corren mayor peligro, según el informe final emitido por el Comité tras examinar la situación en Venezuela y su nivel de cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

Se trata de un ejercicio al que se someten periódicamente todos los Estados que se han adherido a la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres.

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El órgano de la ONU dijo haber recibido denuncias de formas contemporáneas de esclavitud, como pueden ser el tráfico sexual y el trabajo infantil en zonas mineras, entre las cuales identifica el Arco Minero del Orinoco y zonas en las fronteras con Colombia y Brasil, donde operan grupos armados y criminales que están conectados con la extracción ilícita de recursos naturales.

El Comité considera que hace falta una ley integral sobre el tráfico de personasy que se publique el plan nacional al respecto, así como datos detallados de este delito y de la explotación con fines de prostitución.

En este ámbito, se expresa preocupación por el riesgo que corren las mujeres que emigran a otros países y se señala que si se les ofreciera asistencia desde el Estado para que tengan todos sus documentos y diplomas profesionales en regla se reduciría la posibilidad de que caigan en situaciones de explotación.

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Otra área en la que el comité manifiesta una fuerte preocupación es la violencia de género y su alta incidencia, como dejan en evidencia «la persistencia de los feminicidios, desapariciones y la violencia psicológica y sexual» contra las mujeres y niñas en Venezuela.

Entre las medidas que el comité reclama está el aumento de los refugios para víctimas, de los que existen solo cinco en el país, a pesar de que la legislación actual indica que se requiere al menos uno por departamento.

En el ámbito de los derechos cívicos, el comité critica la criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluidas mujeres defensoras de los derechos humanos y periodistas, que sufren acoso y amenazas que las autoridades no investigan con la rapidez esperada.