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La ONG venezolana Control Ciudadano pidió este lunes al Estado investigar y dar a conocer las causas de los accidentes que involucran aeronaves militares, tras el fallecimiento de cinco tripulantes que viajaban en un avión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que cayó a tierra en el estado Amazonas.

La organización indicó en un comunicado que este año se han registrado cuatro accidentes aéreos, con un saldo de ocho fallecidos, «sin que nunca se conozcan oficialmente las causas».

«Solo en dos de estos cuatro accidentes con aeronaves militares este año se ha emitido comunicado oficial. Sin embargo, nunca son expresadas las causas de los accidentes, ni los resultados de las juntas investigadoras, así como tampoco los correctivos efectuados», agregó.

Control Ciudadano sostuvo que el Estado venezolano mantiene la opacidad al no informar sobre la causa de estos accidentes que «comprometen la vida e integridad de efectivos de la Fuerza Armada Nacional, y afectan bienes que integran el patrimonio del Estado».

Control Ciudadano: En aumento los accidentes con aeronaves militares en Venezuela, sin que se conozcan oficialmente las causas https://t.co/6mwMffKHKn

— Control Ciudadano (@ovesede) November 7, 2022

El gobernador del estado Amazonas, Miguel Rodríguez, informó el domingo que cinco militares murieron cuando el avión en el que viajaban se precipitó a tierra en un sector despoblado de la región.

La FANB explicó que el avión cayó a tierra a las 10.56 GMT cuando los oficiales realizaban una misión de entrenamiento de vuelo.

Asimismo, dijo que, por órdenes de Nicolás Maduro, se han iniciado las investigaciones para determinar las posibles causas de este siniestro. 

Respecto de los accidentes con aeronaves militares, Control Ciudadano ya advirtió lo siguiente en enero de este año:

«Las funciones de control democrático son inexistentes para reconocer públicamente las causas de los accidentes con aeronaves militares en Venezuela. Las juntas de vuelo en teoría rinden cuenta en los componentes, pero no trascienden sanciones administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos y los correctivos. Tampoco se realizan investigaciones por parte del Ministerio Público en estos casos ni por parte de la Asamblea Nacional», advirtieron.