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Después de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares continuar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro, este miércoles se dieron a conocer las objeciones que presentó Miraflores.

En documento que hizo público la CPI destacan las siguientes:

1️⃣ Autorizar la participación de las presuntas víctimas debidamente identificadas únicamente mediante la presentación por parte de la VPRS (Oficina Pública de Defensa de las Victimas de la CPI) de un breve informe que resuma sus opiniones y preocupaciones.

Estas declaraciones, a petición del gobierno de Maduro, deben ser «específicas a los casos contenidos en la documentación aportada por la Fiscalía; y autorizar a Venezuela a responder al presente informe dentro del plazo que fije la Sala».

2️⃣ Determinar que los Estados Partes que han elevado la situación de Venezuela a la Corte carecen de legitimación para participar de cualquier forma en el presente proceso de conformidad con el artículo 18.2 del Estatuto de Roma.

Se trata de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, que en septiembre de 2018 pidieron a la Corte Penal Internacional investigas la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante la represión a las protestas antigubernamentales por parte de los cuerpos de seguridad a las órdenes de Maduro.

3️⃣ Fijar un plazo de tres meses a partir de la adopción de la siguiente resolución de la Sala para la presentación de las observaciones de Venezuela.

4️⃣ Autorizar a Venezuela para que responda a la respuesta del Fiscal en las condiciones establecidas en los párrafos 39 y siguientes del presente escrito.

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Qué dijo ONG sobre estas peticiones

La ONG Programa Venezolana Acción-Educación en Derechos Humanos (Provea) este último argumento busca demorar la investigación de Khan.

«Esta estrategia dilatoria busca mantener paralizadas las facultades investigativas del Fiscal de la CPI por el mayor tiempo posible. Corresponde a los Jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares decidir sobre esas peticiones», explicaron este 16 de noviembre.

Para la organización, estas peticiones ratifican «el desprecio de las autoridades venezolanas por las víctimas y sus reclamos de justicia, así como su escasa voluntad de cumplir genuinamente con el principio de complementariedad», uno de los pilares del Estatuto de Roma y la CPI.

El pasado 1 de noviembre, Khan solicitó continuar la investigación para determinar si el gobierno de Maduro cometió crímenes de lesa humanidad.

Después de analizar los expedientes que envió la Fiscalía General de la República, dirigida por Tarek William Saab, desecharon los argumentos sobre la aplicación de justicia en el país, como pregona el funcionario designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.

«Parece que las autoridades venezolanas no han investigado a personas en cargos de nivel medio o alto, de autoridad en el aparato del Estado que también puede tener responsabilidad penal por la comisión de los delitos, ya sea directa o indirectamente», expresó Khan.

También dijo que de los 893 casos que se entregaron solo se aportaron resúmenes con una descripción más detallada del estado de las actuaciones (naturaleza de las medidas de investigación o de otro tipo adoptadas) en solo 265 de ellos.