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El pasado 1 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan anunció su petición de autorización al tribunal internacional para seguir adelante con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en Venezuela durante las masivas manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Khan notificó que tras evaluar información proporcionada por el Estado venezolano en su solicitud de aplazamiento del proceso en la CPI, concluyó que no se ha hecho lo suficiente para investigar y castigar las violaciones de derechos humanos denunciadas (torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política) que son competencia de la Corte, incluyendo las reformas judiciales de los últimos años.

Ante la expectativa de una posible aceleración del proceso, el miembro de la ONG Provea Simón Gómez Guaimara advirtió que no hay plazos establecidos para que la justicia internacional tome decisiones.

La solicitud del fiscal ocurre a un año de su primera visita a Venezuela, su reunión con Maduro en Miraflores y la firma de un memorando de entendimiento entre ambos, con el que Venezuela se comprometió a adoptar «todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de conformidad con los estándares internacionales, con el apoyo y participación activa de la Fiscalía de la CPI, de acuerdo con el principio de complementariedad».

También se cumplieron más de siete meses del segundo encuentro de Khan con el gobernante venezolano, tras el cual se informó que sería instalada una oficina técnica de la CPI en Caracas.

Discrecionalidad

A la interrogante acerca de cuánto podría demorar la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en responder a Khan, Gómez Guaimara, abogado experto en derecho internacional, respondió: «No existen plazos en el Estatuto de Roma (ER) para que la Sala responda».

«La Sala tiene discrecionalidad para tomar la decisión en el tiempo que considere conveniente. Lo que viene en el corto plazo es que la Sala determina el procedimiento y las reglas que no están detalladas en el ER. En el caso de Venezuela podría dar plazo a sus autoridades para presentar sus observaciones como derecho a la defensa y a su vez dar un plazo quizás menor al fiscal para que presente un nuevo veredicto», señaló el defensor de DDHH a Efecto Cocuyo.

El defensor de derechos humanos apuntó que en el caso de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado de Afganistán en 2003, la Sala dio un plazo de 60 días al Estado afgano para que presentara sus observaciones y un menor tiempo, 25 días, al fiscal para volver a hacer las suyas.

Según reseña de Amnistía Internacional, el 20 de noviembre de 2017, la fiscalía de la CPI pidió autorización para abrir una investigación  en el caso afgano por crímenes de 2003; el 27 de septiembre de 2021 la Fiscalía pidió a la Sala autorización para reanudar las indagaciones y la solicitud fue concedida el 31 de octubre de 2022.

Solicitud de las víctimas

Tras estampar su rúbrica al memorando de entendimiento el 3 de noviembre de 2021, el Palacio de Miraflores, Khan informó que el examen preliminar, que se abrió en 2018 por presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, avanzaban a la fase de investigación formal contra el Estado venezolano.

El foco es el uso excesivo de la fuerza de los organismos de seguridad para reprimir las masivas protestas ciudadanas contra el gobierno de Maduro en 2017, así como las detenciones, persecuciones y encarcelamientos de miembros de la oposición al Gobierno, que habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención.

«La Sala de Cuestiones Preliminares también debe decidir sobre la solicitud de la oficina de representación de las víctimas, con cuatro abogados acreditados ante la CPI para que presenten sus observaciones y la CPI decidirá si lo permite o no», agregó Gómez Guaimara.

En este punto, el abogado también advirtió que la jurisprudencia indica que en esta fase del proceso la CPI responde negativamente a la petición de las potenciales víctimas. La explicación es que todavía no son consideradas como tales sino hasta que se abre un caso penal y se imputa a un supuesto responsable. Aunque no se descarta y ha ocurrido, acotó, que la Sala permita otro procedimiento para que sus puntos de vista sean escuchados.

Maduro y fiscal de la CPI firmaron un memorando de entendimiento hace un año

¿Qué pasó con la oficina de la CPI en Caracas?

Para el activista de Provea, la decisión de Khan de continuar la investigación si recibe el aval de la CPI no afectará la puesta en funcionamiento de la oficina técnica en Caracas que aún no se concreta, aunque no espera que el despacho tenga gran campo de acción.

«La relación entre Maduro y el fiscal Khan continuará como está en 2023, al Gobierno le interesa que se instale la oficina para seguir con su estrategia de fachada, de aparentar cooperación y ganar tiempo. Ojalá esa oficina sirva de estímulo para que por lo menos se abran investigaciones contra cuadros medios de la cadena de mando en las violaciones de DDHH, no esperemos lo mismo de cuadros altos», expresó.

El pasado 7 de abril la Coalición por los Derechos Humanos aseguró que la oficina de la Fiscalía de la CPI se abrió en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, al final de la avenida Baralt, en el centro de Caracas. Pero otra ONG, el Foro Penal Venezolano, que al igual que la Coalición lleva casos de presos políticos, advirtió que la información no era cierta y que el espacio físico aún no estaba constituido.

«Ciertamente oficina física aún no hay porque eso pasa por un proceso en el que se necesitan permisos y eso tarda un tiempo, pero ya hay fiscales de la CPI que están yendo a tribunales a revisar casos. No es una oficina operativa, pero están revisando expedientes y eso deben hacerlo en los tribunales porque no se los pueden llevar a un lugar específico», dijo entonces a Efecto Cocuyo la abogada y miembro de la Coalición Ana Leonor Acosta.

A la espera de recursos

Acosta incluso señaló que para entonces se identificaron 90 investigaciones abiertas por funcionarios de la Fiscalía de la CPI sobre más de 100 casos de presos políticos entre 2014 y 2017, años de masivas manifestaciones contra Maduro y durante los que se presume se cometieron los crímenes de lesa humanidad.

Gómez Guaimara agregó al respecto que la oficina física no se ha abierto por falta de recursos financieros, los cuales, dijo, se espera sean aprobados – alrededor de millón y medio de dólares- para 2023.

«La oficina no estará para realizar investigaciones, recoger evidencias ni reunirse con las víctimas, más bien será un apoyo técnico para que avance el memorando de entendimiento que se firmó. La estrategia del fiscal es hacerle ver al Gobierno venezolano que si quiere avanzar debe hacerlo bien y que él está para ayudar», dijo.