El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez, informó el despliegue de 200 policías en la población de La Paragua, en el estado Bolívar, donde hace una semana fallecieron 16 mineros y 36 resultaron heridos por el derrumbe ocurrido en la mina ilegal «bulla loca».
En su cuenta de la red social X, antes Twitter, el militar dijo que los funcionarios son miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), que se sumarán para «atender a la población de la zona y sumarse en refuerzo a las actividades ordenadas por el presidente Nicolás Maduro».
Este martes 27 de febrero, Hernández Lárez aseguró que del lugar han sido evacuadas casi 800 personas. En un cuadro que compartió en X detalló que el total ascendía a 799.
De ese número, 198 son indígenas. Además, sacaron a 131 mujeres, 416 hombres, 19 adolescentes y 35 niños.
«Para el corte del día de hoy se han evacuado un total de 799 personas de la mina ilegal ‘La bulla loca’ ubicada en la Reserva Forestal La Paragua, reserva forestal esta, que se encuentra bajo la protección del Estado venezolano para garantizar un pulmón vegetal de biodiversidad para la patria y para el mundo», sostuvo.
Te contamos: Más de 750 personas son desalojadas de la mina ilegal Bulla Loca
Policías para evitar minería ilegal
Sobre la presencia de los 200 policías aseguró que prestarán labores de seguridad en La Paragua para evitar que se practique la minería ilegal, un reclamo de organizaciones de la sociedad civil ante el gran número de personas que se encontraba en el lugar.
La ONG SOS Orinoco que cuestionó el papel de la Fanb, a la que responsabilizó de proveer logística para el extractivismo ilegal en la zona, solicitó a la Fuerza Armada desmantelar una mina, también en Bolívar, que se ubica dentro de los límites del monumento natural Guaiquinima.
Dijeron en X que en ese lugar y en los últimos 15 meses ha crecido en 20,69 hectáreas, hasta las 26,69 que contabilizan hasta el mes de enero de 2024.
«Solo puede haber minería que se haga con apego a parámetros de seguridad industrial, seguridad laboral, seguridad personal, y seguridad ambiental, y debe estar en manos de personas responsables a las que se les pueda exigir cuentas en caso de violaciones a la ley», postearon el domingo.