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Organizaciones no gubernamentales, líderes políticos y activistas aseguraron este 18 de mayo que el diálogo en México entre el chavismo y la oposición no puede retomarse sin que antes se libere a los presos políticos en Venezuela.

Sosteniendo fotos y pancartas, familiares de los detenidos y otros miembros de la sociedad civil se concentraron frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), en la avenida Francisco de Miranda de Caracas, para entregar un documento con el registro de todos los privados de libertad por razones políticas desde el año 2002. 

«Nosotros no avalamos ese diálogo, porque para ir a diálogo primero tenemos que exigir la libertad de todos presos políticos que llevan años encarcelados. Rechazamos el diálogo hasta tanto no haya una voluntad del Estado, violador de derechos humanos, de liberar a los presos políticos», expresó a la prensa Mario De Nigris, dirigente nacional de la Asamblea de Trabajadores y de de la Plataforma Nacional de Conflicto.

Por otro lado, el dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, aseguró que la mayoría de los presos políticos en el país está en cárceles comunes. 

«A Michelle Bachelet le decimos que cuando presente su informe revise claramente qué es lo que está pasando. A ella le dicen que este régimen está soltando a los presos políticos y eso no es verdad. Lo que está pasando es que están dejando que se cumplan sentencias y, después de cinco o seis años de detención injusta, es que toman la decisión de soltarlos», dijo. 

Más de 300 presos

Ángel Prato, presidente de la organización Líderes Libres, afirmó que hay al menos 333 personas privadas de libertad por razones políticas en territorio venezolano. 

«No puede haber ninguna negociación si existen presos políticos que no tienen alimentos ni medicinas. ¿Cómo es posible que se estén sentando de nuevo en México mientras aquí hay personas en esta situación?», puntualizó. 

Presos políticos en malas condiciones

El capitán Luis de la Sotta es uno de los cientos de detenidos por motivos políticos en territorio venezolano. Este 18 de mayo, su madre, Sara María Quiroga, señaló que lleva cuatro años encarcelado y que actualmente está en pésimo estado.

«Está en malas condiciones, deteriorado, con insuficiencia renal y gastritis», contó Quiroga. De la Sotta, militar de la Armada venezolana, fue arrestado y acusado de instigación a la rebelión contra el gobierno de Nicolás Maduro, desde el 18 de mayo de 2018. Molly de la Sotta, la hermana del capitán, ha denunciado en diversas oportunidades que su pariente ha sido víctima de torturas y malos tratos.

«No ha cometido ningún delito, pero ni siquiera ha tenido derecho a juicio. Está detenido de manera absolutamente irregular. Es una detención arbitraria», agregó Guanipa sobre el caso. 

Mildred de Barillas, esposa del comisario Gilbert Barillas, acusado de participar en la Operación Gedeón y detenido desde mayo del 2020, exigió la liberación de su esposo frente al Pnud. Dijo a Efecto Cocuyo que este fue sentenciado a 24 años de cárcel. 

«La situación en mi familia ha sido dura desde que se lo llevaron. Mis hijos tuvieron que irse del país por lo que pasó», comentó. 

Guanipa recordó que los que llevan más tiempo detenidos son los pertenecientes a la Policía Metropolitana de Caracas. Igualmente, hizo un llamado a seguir documentando todos los casos de violaciones a derechos humanos para consignarlos ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Continuarán exigiendo libertad

«Van 1.860 días de lucha y lo seguiremos haciendo hasta que el Estado responda», expresó Leida Brito, conocida popularmente como la abuela del casco rojo, quien comenzó a protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro desde 2017.

Luego de entregar el documento en la sede del Pnud, activistas y políticos aseguraron que llevarán una copia a la oficina de la Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos en Caracas.

«La lucha contra un régimen de características dictatoriales tiene mucho de testimonial. Nosotros tenemos que ir con testimonios desmontando toda esta intención totalitaria que hay en Venezuela. Si todo lo que hemos solicitando no se da, hay que continuar. Todo eso tiene que servir de presión nacional e internacional para lograr la democratización del país y la liberación de los presos políticos», apuntó Juan Pablo Guanipa. 

Insistió en que el diálogo en México, suspendido en octubre de 2021 y pronto a retomarse, debe convertirse en la continuación de una negociación que resulte en un proceso electoral democrático en Venezuela, que conduzca al restablecimiento de los derechos humanos y la excarcelación de los detenidos.