Las mujeres presas en Venezuela ocupan un espacio poco explorado y complejo. En el país ser mujer y privada de libertad son sinónimos de invisibilidad, y al representar una parte muy pequeña de la población penal sus historias son desconocidas.
Con una población de 2.560 privadas de libertad, que representan alrededor de 8% de la población reclusa del país, según datos del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), en Venezuela solo hay una cárcel diseñada para albergar a mujeres y 16 anexos femeninos construidos en los centros penitenciarios de hombres.
Las mujeres reclusas no escapan de las grandes debilidades que tiene el sistema penitenciario venezolano, que van desde enfermedades infecciosas, graves niveles de hacinamientos, retardo procesal, violencia, incluida la sexual, vida insalubre y pago de coimas para poder sobrevivir dentro de los barrotes.
Las mujeres presas en Venezuela conviven en espacios que no fueron diseñados para atender a las reclusas de acuerdo con su género y tampoco cuentan con leyes que incorporen la perspectiva de género, ya que el sistema penitenciario en Venezuela gira en torno a las necesidades de los hombres, que son los que conforman la mayor parte de la población penal.
Para 2022, según el último informe del OVP, 958 mujeres privadas de libertad estaban recluidas en prisión en calidad de procesadas, mientras que 1.602 están en condición de condenadas.
El hacinamiento en la única cárcel de mujeres del país y en los 16 anexos femeninos es de 188.84%, según un estudio realizado por el OVP en 2022.
Dónde están presas
Datos suministrados a Efecto Cocuyo, por el OVP, señalan que el Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en el estado Miranda, es el único centro de reclusión que fue creado de acuerdo con las necesidades de género en el país.
Región Capital
El OVP indica que hasta 2022, la región capital del país es la que alberga al mayor número de reclusas en Venezuela, con dos recintos para recluir mujeres. Uno de ellos es el Inof, que fue diseñado para recibir a 350 mujeres en conflicto con la ley, pero para este 2023 se estima que están recluidas 655 mujeres.
El Centro de Formación para Procesadas Femeninas “La Crisálida”, que es un anexo del Inof, es el segundo centro para mujeres privadas de libertad en la región capital, donde están recluidas al menos 141 presas.
En la región capital el OVP estima que los niveles de hacinamiento son de 187% en riesgo crítico.
Región Centro Occidental
La región centro occidental de Venezuela es el segundo lugar donde están recluidas la mayor cantidad de mujeres en conflicto con la ley. Con una capacidad instalada para atender a 550 reclusas, en los anexos femeninos de esta región están presas 547 mujeres.
Esta región está compuesta por cinco anexos femeninos: el primero está ubicado en el centro penitenciario David Viloria, en el estado Lara; otro de los anexos está ubicado en el centro penitenciario Fénix, de Lara.
En el estado Zulia existen dos anexos femeninos, el Centro de Formación Femenina Ana María Campos I y II; mientras que en el estado Falcón las mujeres están privadas de libertad en el anexo femenino de la Comunidad Penitenciaria de Coro.
La capacidad instalada de privadas de libertad en la región centro occidental es de 550 mujeres presas.
Región Andina
La región andina ha visto crecer poco a poco su población carcelaria femenina, que hasta el año 2022, registró un total de 426 mujeres privadas de libertad, teniendo una capacidad instalada para atender a 200 mujeres.
En esta región existen dos anexos, el primero está ubicado en el Centro Penitenciario Región Los Andes (Cepra), en el estado Mérida y el segundo está situado en el Centro de Formación para Hombres Nuevos Cipriano Castro, en el estado Táchira.
Región Central
La región central del país tiene una capacidad para albergar a 400 reclusas, pero hasta 2022, 426 privadas de libertad se encontraban presas en los cuatro anexos para mujeres habilitados en esta región.
El primer anexo está ubicado en lo que era la Penitenciaria General de Venezuela (PGV), en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico; el segundo anexo queda en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón; el tercero está situado en el Internado Judicial de Carabobo, conocido como Tocuyito y el último también se establece en el Internado Judicial de Carabobo, pero es llamado “Independencia”.
Región Los Llanos
La región llanera del país tiene una población carcelaria de mujeres de 166, a pesar de que su capacidad instalada es de 100 plazas.
La región cuenta con un solo anexo para mujeres y está ubicado dentro del Internado Judicial de Barinas, en el estado Barinas.
Región Sur Oriental
En la región Sur Oriental de Venezuela la capacidad instalada para albergar mujeres dentro del anexo femenino del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como La Pica, es de 100 plazas, pero para 2022, en este centro de reclusión estaban privadas de libertad 154 mujeres.
El OVP señaló a Efecto Cocuyo que este anexo había sido desalojado, pero hasta el momento se desconoce a dónde trasladaron a las privadas de libertad que están detenidas en este recinto penitenciario.
Región oriental
La capacidad instalada para los anexos de las mujeres privadas de libertad en la región oriental es de 104 reclusas y en 2022 la población penal de los anexos femeninos era de 45 presas.
La región oriental tiene dos anexos femeninos. El primero está ubicado dentro de las instalaciones del Internado Judicial de Sucre, en el estado Sucre. y el segundo se encuentra en el Internado Judicial de la Región Insular San Antonio, ubicado en el estado Nueva Esparta.
Estándares internacionales
Los estándares internacionales de reclusión de mujeres han surgido en un marco esencial para garantizar condiciones dignas y respetuosas de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y género, diversas convenciones y tratados internacionales han establecido principios clave para la reclusión de mujeres en el mundo. La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como la Regla de Bangkok, son instrumentos fundamentales que buscan proteger a las mujeres en detención.
Los estándares internacionales resaltan la necesidad de proteger los derechos específicos de las mujeres en entornos carcelarios. Esto incluye garantizar atención médica adecuada, la separación de categorías delictivas, y la prevención y respuesta efectiva a la violencia de género dentro de las instalaciones carcelarias.
Con la aplicación de estos estándares se insiste en la preparación de las mujeres para su reintegración social con programas educativos, de capacitación y apoyo psicosocial que son esenciales para facilitar una transición efectiva a la vida fuera de prisión, promoviendo así la rehabilitación y reduciendo las tasas de reincidencia.
Pese a estos estándares persisten desafíos en la implementación efectiva de los estándares en muchos países y Venezuela no escapa de estos. La falta de recursos, la discriminación de género y las condiciones precarias las cárceles y calabozos policiales son obstáculos que requieren una atención constante.