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Organizaciones no gubernamentales, representantes de gremios del sector público y familiares protestaron este 26 de septiembre frente al Palacio de Justicia, en el centro de Caracas, para exigir la liberación de los de seis sindicalistas detenidos en Venezuela durante el pasado mes de julio.

Desde la mañana de este lunes, parientes y activistas por los Derechos Humanos esperan la audiencia preliminar de Reynaldo Cortés, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Gabriel Blanco y Emilio Negrín. Además, aguardan la decisión del caso Alcides Bracho, diferida del viernes 23 de septiembre.

«Ellos son inocentes. Exigimos a la OIT, a Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional que se pronuncien porque se están cometiendo crímenes de lesa humanidad contra nuestros familiares», expresó Diannet Blanco, defensora de derechos humanos y pareja de Gabriel Blanco, quien fue detenido en la madrugada del 7 de julio por Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), bajo supuestos cargos de asociación para delinquir y presunta conspiración.

Con pancartas en mano, los manifestantes trancaron el paso vehicular durante el mediodía. En el sitio se presentaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). 

A la expectativa

Yessi Requena, esposa de Alonso Meléndez, arrestado el 5 de julio en Falcón, declaró que movilizarse hasta Caracas para atender el caso ha resultado costoso para ella y sus hijos.

«Estar preso es algo privado. Tienes que tener dinero para todo: para la alimentación y el agua. Si tú no tienes cómo llevarle eso a un familiar preso desde otro estado, se mueren de sed. Se mueren de hambre. Además, el costo anímico y emocional es demasiado», comentó. 

Agregó que espera su pareja salga de tribunales y vuelva a su hogar en Punto Fijo. Así mismo, apuntó que los cargos de terrorismo atribuidos a Meléndez son falsos. 

«Exijo la libertad total y plena de todos los dirigentes que se encuentran detenidos de una manera injusta. Las cárceles están diseñadas para aquellos que delinquen. Hoy los compañeros se encuentran allí, en condiciones paupérrimas: ningún luchador social debería estar en esas condiciones», dijo.

El pasado 20 de septiembre, Diannet Blanco aseguró que algunos de los trabajadores pasaron por cuadros de gripes crónicas mientras estaban detenidos. No obstante, este 26 de septiembre indicó que Gabriel Blanco se encuentra bien de salud. 

Familias permanecen a la expectativa. Para la 2:00 p. m. todavía no se había anunciado los resultados de la audiencia preliminar.

Detenciones arbitrarias

«No están conspirando. Nuestros compañeros están luchando por su salario, por las convenciones y contra el instructivo Onapre y van a seguir luchando», dijo Eduardo Torres, abogado de Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios. 

El defensor aseguró que los casos de los dirigentes del sector públicos han estado llenos de irregularidades, incluyendo allanamientos sin orden judicial y la negativa a entregar los expedientes a los abogados de los acusados.

Calificó de «graves» las afirmaciones de la fiscalía venezolana, que se basa en las pruebas de un hombre a quien identifican como «patriota cooperante» y de quien no se tiene más datos que el nombre: Adalberto. 

«Así se están manejando las cosas en los tribunales. Adalberto dijo que tuvo conocimiento que los compañeros iban a asaltar el conscripto de alistamiento militar de San Jacinto en Mérida, para buscar 120 fúsiles. Esta denuncia fue el 4 de julio. Además, dijo que iban a secuestrar a los padres de Tarek El Aissami e iban a realizar actos de sabotaje en las actividades del 5 de julio donde estuviera Maduro. Eso lo iban a hacer en un día y a Alcides Bracho lo detuvieron en su casa cuidando niños», señaló Torres. 

Acusó al fiscal general del país, Tarek William Saab, de querer criminalizar a los trabajadores públicos a raíz de una entrevista ofrecida el día viernes 23 de septiembre en el canal Globovisión.

«Los acusa de reunirse en Apure con la guerrilla colombiana. Pedimos derecho a réplica. Los juicios no pueden hacerse en los medios», puntualizó.

La intervención de la OIT

Torres también comentó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ofreció respuesta a las múltiples denuncias realizadas por familiares y representantes de ONG en Venezuela, sobre las detenciones arbitrarias a los sindicalistas. 

«Deseo informarles a las centrales sindicales que el director general de la OIT ha tenido a bien intervenir ante el gobierno de Venezuela. La OIT sabe que hoy no hay un juicio penal, esto es un asunto político», expresó. 

Recordó que defender los derechos laborales en el país no es ningún crimen y que protestar es un derecho garantizado por la Constitución venezolana. Este se contempla en el artículo 68, que establece: «Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley». 

Las detenciones a los trabajadores

Elsa Castillo, dirigente sindical y vocera de la Federación Venezolana de Maestro (FVM) expresó que los trabajadores del sector público no dejaran las calles, a pesar del amedrentamiento de cuerpos de seguridad del Estado. 

«Meter presos a trabajadores públicos es una violación a los acuerdos con la OIT y la libertad sindical, y es para que el resto de los gremios del país no protestemos», dijo Castillo.

Más de 50 concentraciones y protestas se han realizado a nivel nacional desde marzo de 2022 en contra del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) y, en general, de las políticas laborales del gobierno de Nicolás Maduro. Así mismo, se documentaron 3.892 protestas en Venezuela desde el Ovcs, durante el primer semestre de 2022. De estas,1.642 se realizaron para solicitar salarios dignos.