Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Desde que Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez, Emilio Negrín y Reynaldo Cortés fueron detenidos en el pasado mes de julio, sus familias, organizaciones y la defensa han exigido su libertad.

Los abogados y las ONG afirman que “no hay elementos probatorios en su contra”.

Este martes 20 de septiembre, en la sede de la ONG Provea, los familiares de los detenidos denunciaron las irregularidades y anunciaron que los días 23 y 26 de septiembre se realizarán las audiencias preliminares de los detenidos.

Los familiares aseguraron que no entienden por qué se realizarán dos audiencias diferentes, si los seis están detenidos por la misma causa.

“Hemos ido a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al TSJ exigiendo la libertad. Y la estamos exigiendo porque no hay elementos probatorios en su contra, no hay prueba alguna que condene y que los sigan deteniendo a ellos de manera injusta”, aseguró Diannet Blanco, esposa de Gabriel Blanco, trabajador humanitario, a quien apresaron el 7 de julio.

Alcides Bracho solo en audiencia

Los familiares anunciaron que este viernes 23 de septiembre, se realizará la audiencia de Alcides Bracho, mientras que el lunes 26 iniciará la de Gabriel Blanco, Negrín, Meléndez, Cortés y Astudillo.

La esposa del activista humanitario detenido aseguró que los trabajadores tienen problemas de salud. Además, se complicaron con cuadros de gripes crónicas.  Señaló que eso genera preocupación y son sus familiares quienes deben correr con los gastos médicos porque el Estado no le provee ningún tipo de medicamentos a los presos.

Blanco indicó que a ella le permiten visitar a su familiar para entregarla medicamentos. “Hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana de La Yaguara, que es donde está Gabriel Blanco. Allí se me ha permitido el acceso de medicamentos y tuvo el tratamiento adecuado para poder mejorar su situación”, dijo.

Los seis fueron detenidos entre el lunes 4 y jueves 7 de julio, en lo que la organización Provea ha calificado de una ola represiva que, incluyó detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, allanamientos ilegales y actos de hostigamiento.

Esperanza de libertad

Yorberlis Oropeza, profesora y esposa de Alcides Bracho, aseguró que tienen esperanza de que en la audiencia preliminar el profesor y artista plástico pueda salir en libertad, ya que la defensa ha asegurado que no hay

“Creemos en la justicia. Un país donde no haya justicia es un país que ha perdido la democracia”, aseguró la profesora durante la conferencia de prensa.

Oropeza aseguró que el fiscal 74, quien lleva la causa, como el juez cuarto en materia de terrorismo, tienen la oportunidad de acabar con la injusticia que se ha cometido contra su pareja sentimental y con los otros cinco detenidos.  

Lea más en: Tribunal ratifica privativa de libertad contra Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y otros cuatro activistas

La profesora denunció que en el país es económicamente insostenible tener a una persona presa. “Parece contradictorio que estén allí en contra de su voluntad y que nosotros tengamos que sufragar tantos gastos”, añadió.

“Mi esposo siempre ha ejercido el derecho a la protesta que está establecido legalmente en la Constitución, mi esposo siempre ha sido un activista político, un trabajador incansable, un maestro a toda prueba, un esposo y un padre excepcional, hoy estamos como familia fragmentados porque este tipo de injusticias fragmenta a la familia”, continuó.

Violación al debido proceso

Eduardo Torres, abogado por el comité de la libertad de los sindicalistas y luchadores sociales detenidos, exigió que se declarara con lugar las unidades opuestas por fragrantes violaciones al debido proceso a las que fueron sometidos los seis detenidos.

Recordó que todos fueron detenidos sin órdenes judiciales y que también sus residencias fueron allanadas sin el documento judicial. Torres explicó que para la presentación las excepciones el Tribunal Cuarto no les dio las copias del expediente.

“Esto debe quedar claro porque es algo que se repite lamentablemente en los Tribunales venezolanos”, dijo.

El abogado destacó que la acusación de los detenidos como asociación para delinquir y conspiración, no es válida. “Están asociados para defender derechos, no están conspirando, están en las calles protestando por los derechos humanos, laborales y contra el instructivo Onapre, esa es la verdadera razón”, afirmó.

“La acusación fiscal es un panfleto lo que hacen esos fiscales acusadores. No establece de qué forma estos seis trabajadores estarían asociados para delinquir. Cómo estarían conspirando, solamente dicen que hay un patriota cooperante, por cierto anónimo, y sobre esa base hacen la acusación. El llamado entonces es al juez del control que el objeto de la audiencia es controlar la acción fiscal, sobre todo en la audiencia preliminar”, refirió.

El jurista hizo un llamado a Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Constituyente y a Alfredo Ruiz, quien funge como defensor del pueblo.

“Hacemos un llamado a Tarek que deje la hipocresía, llama a las compañeras, llama a los abogados, pero ratifica las acusaciones”, dijo.

Sebin hostiga

Durante la rueda de prensa, dos funcionarios de Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), hostigaron a los familiares de los detenidos. Los agentes de inteligencia de la administración de Nicolás Maduro se acercaron a los alrededores de la ONG Provea y querían entrar al lugar donde se llevaba a cabo la conferencia de prensa.

Inti Rodríguez, miembro de Provea, aseguró que es un acto de amedrentamiento y que el equipo de la ONG les prohibió la entrada por no estar invitados al recinto.

“No están invitados a visitar nuestra sede. En la sede de Provea no son bienvenidos. Es primera vez que ocurre en los últimos 20 años”, dijo Rodríguez.