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Los familiares de los presos políticos Carlos Debiais y Saúl Cordero, junto a abogados del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), denunciaron que en en El Rodeo II y III hay, al menos, 50 presos que esperan ser liberados, a pesar de que ya cuentan con órdenes de excarcelación.

En el caso de Carlos Debiais García, fotógrafo venezolano detenido en noviembre de 2021 por volar un dron cerca de la refinería de petróleo de Amuay (Edo. Falcón), este jueves se cumplía un mes desde que debió ser liberado, pues el 12 de abril le fue otorgada una orden de excarcelación, acción que debía cumplirse inmediatamente o un lapso máximo de 48 horas por las autoridades de El Rodeo II.

Por su parte, Saúl Cordero y Yandry Moreno, exfuncionarios de la Policía del Estado Bolívar que se encuentran recluidos en El Rodeo III, enfrentan una situación similar. Ambos permanecen ilegalmente presos a pesar de que José Márquez García, juez de control con competencia nacional en terrorismo, ordenó en marzo su libertad con medida cautelar sustitutiva por arresto domiciliario mientras continúa el proceso judicial.

Se escudan en falta de autorización

Frente a esto, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, las autoridades de estos centros de reclusión alegan que no darán curso a estas órdenes judiciales y mandatos constitucionales hasta tanto no tengan la autorización del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.

“La Constitución y los textos normativos indican que una vez emitidas las ordenes de excarcelación estas tienen que ser cumplidas con efecto inmediato, pero esto no ha sido ningún tipo de cumplimiento”, Abraham Rojas, abogado del OVP.

“Obviamente estamos en presencia de una detención arbitraria, de una violación ilegitima de la libertad y en presencia de un desacato de un mandamiento de un órgano jurisdiccional”, explicó el abogado Joel García, asesor del Observatorio.

Por estas irregularidades, el OVP, en representación de los detenidos Carlos Augusto Debíais Petit y Saúl Cordero, interpuso dos acciones de amparo contra los directores de las cárceles Rodeo II y III por «desacato judicial», al no cumplir con las excarcelaciones de los dos reclusos.

Sin Estado de derecho

Abraham Rojas, abogado del OVP, denunció que la representación legal de los encarcelados y el OVP han agotado todos los recursos internos e internacionales para que se haga cumplir la orden de excarcelación de estos presos.

“Nos dirigimos a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, a la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos con sede en Venezuela, a los grupos internacionales y las organizaciones defensoras de los DDHH y la única respuesta de las autoridades venezolanas ha sido omitir nuestras comunicaciones”, denunció Rojas.

 “El drama que acaban de narrar los familiares de Carlos Debiais y de Saúl Cordero nos demuestra que en Venezuela un poder está por encima del otro. El Poder Ejecutivo está por encima del Poder Judicial.  En Venezuela no hay estado de derecho. Aquí cualquier puede ser víctima”, asegura el abogado.

Además, según explica Joel García, es necesario que las autoridades rindan cuentas por estas acciones y que sean destituidas por el incumplimiento de estas órdenes de excarcelación.

A nivel internacional, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ya había denunciado que  el sometimiento del poder judicial ha tenido como consecuencia la perpetuación de la impunidad e irregularidades procesales en los casos de desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias que involucran a fuerzas de inteligencia del Estado.

«Si las y los fiscales y actores judiciales hubieran desempeñado adecuadamente su función constitucional, podrían haber evitado que se cometieran los crímenes y violaciones de derechos humanos, o al menos haber erigido barreras jurídicas a la capacidad de los servicios de seguridad pública e inteligencia para cometerlos”, señaló Cox Vial, miembro de la Misión, en septiembre de 2021.

La salud de presos

Las consecuencias de estas detenciones arbitrarias podrían considerarse como incalculables para los presos y sus familias. Principalmente, el estado de salud de los presos suele grabarse o deteriorarse y la angustia poco a poco también afecta a sus allegados.

La última vez que Saúl Cordero, de 65 años, vio a uno de sus familiares fue hace cuatro meses. En su caso, el llamado de su hermano, quien vive en Caracas, es que él pueda volver a su casa para ser evaluado por un médico y personal de enfermería.

Por su parte, tanto Carlos Debiais como sus familiares, su padre, su madre, esposa y su hijo, enfrentan cuadros depresivos, inflamación y escoriaciones en la piel por estrés. “Cada día que pasa es mayor el sufrimiento para su hijo, su esposa, su mamá y sus abuelos”, aseguró el padre del fotógrafo.

Además, el padre de Carlos Debiais denunció que las pertenencias que le fueron decomisadas al fotógrafo durante su detención —entre ellas un carro de uso familia, un dron, un disco duro y una cámara fotográfica— no han sido devueltas o fueron desvalijadas.

Especialmente, el padre de Carlos Debiais señala que la camioneta fue entregada sin cauchos, sin batería y sin caucho de repuestos. En cuanto a los equipos electrónicos, en la Fiscalía 54 Nacional le informaron que no sería entregados hasta que Carlos esté en libertad.