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El pasado 21 de abril, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, pidió a la Sala de Cuestiones Preliminares de la instancia continuar la investigación contra Venezuela, específicamente al gobierno de Nicolás Maduro, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

Antes, en noviembre de 2021, Khan anunció el cierre de la fase preliminar y su decisión de ir a la fase de investigación. Lo hizo junto al mandatario venezolano desde Miraflores, donde se firmó un memorando de entendimiento con el gobierno, que en ese momento puso sus objeciones a esta decisión.

El Estatuto de Roma señala en su artículo 18 que el fiscal puede solicitar autorización para continuar la investigación si considera que el Estado no ha probado que tiene voluntad o capacidad para llevar justicia a las víctimas.

Esta última premisa llevó a Khan a pedir en abril pasado continuar la investigación que comenzó en una fase preliminar en el año 2018.

Pasaron casi siete meses para que el fiscal, el pasado 1 de noviembre, insistiera en pedir continuar el proceso a la Sala de Cuestiones Preliminares. Fue el tiempo que le tomó analizar los expedientes que le dio Venezuela y la solicitud del gobierno de Maduro de pedir la inhibición del fiscal en el proceso.

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Qué dijo Khan al pedir reanudar la investigación

Al solicitar el reinicio de la investigación, Khan fue contundente en un escrito que hizo pública la Fiscalía de la CPI.

“La evaluación independiente y objetiva realizada por mi Fiscalía lleva a la conclusión de que en la
actualidad estos esfuerzos y reformas son insuficientes en su alcance o no han tenido aún unas consecuencias palpables en actuaciones que pudieran ser pertinentes”, dijo sobre la reforma del sistema de justicia que presentó, entre sus argumentos, el gobierno venezolano.

También agregó que “no ha demostrado (el Ejecutivo y el Poder Judicial) adecuadamente que ha investigado o está investigando a sus nacionales o a otros dentro de su jurisdicción respecto de los hechos delictivos que puedan constituir los delitos” que específica el artículo 5 del Estatuto de Roma.

“Las autoridades internas no han buscado determinar la posible ocurrencia sistemática de los delitos de de encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, y persecución por motivos políticos contra personas detenidas ni la existencia de patrones y políticas que vinculan los hechos delictivos”, se señala en la petición.

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Pocos casos y fallas en juicio por muerte de Albán

Igualmente cuestiona que aunque la Fiscalía venezolana ha abierto 893 casos en todo el país, “al menos 700 de las investigaciones (78,39% del total de casos denunciados) no avanzan. El bajísimo número
de condenas (23 casos, 2,58%) parece, en parte, consecuencia de investigaciones ineficaces por parte de las autoridades estatales”.

Entre las que citó, Khan habló de la muerte del exconcejal Fernando Albán en 2018. Agregó que tampoco se ha investigado «a la cadena de mando en posiciones medias o altas de autoridad en el aparato estatal que también puedan tener responsabilidad penal”.

Y sobre Albán mencionó: “En un caso, los agentes de seguridad del Estado fueron declarados penalmente responsables de incumplir las obligaciones de custodia, homicidio negligente (también conocido como homicidio involuntario) se trató de un homicidio y facilitar la fuga de un detenido, y condenado a dos años y ocho meses de prisión».

Observaciones y respuestas

“En al menos 30 casos en los que el Gobierno de Venezuela ha proporcionado resúmenes, no se menciona el delito de tortura u otros delitos graves, a pesar de que la información disponible públicamente sugiere que las mismas víctimas fueron sometidas a diversas formas de tortura y otros actos inhumanos de carácter carácter similar, incluidas fuertes palizas con bates y objetos punzantes, asfixia con bolsas de plástico, agua, gas u otras sustancias tóxicas”, detalla.

La respuesta de Miraflores fue pedir que las víctimas no declararan directamente sino ante la Oficina de Reparación de las Víctimas, que los Estados partes que acusaron a Venezuela (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay) no participaran en esta fase de investigación, que le dieran tiempo para responder a la petición de Khan y presentar sus alegatos en una audiencia.

Estas observaciones, que se dieron a conocer esta semana, las respondió la Sala de Cuestiones Preliminares este 18 de noviembre. A tres dijo respondió negativamente: el gobierno no tendrá una audiencia, la Sala no responderá sobre los Estados parte porque no hay petición de esas naciones y las víctimas sí podrán declarar directamente o a través de sus abogados, pero en la Sección de Protección y Reparación de las Víctimas.

Nuevos plazos a la fase de investigación

Sólo le dio plazo a Miraflores de presentar nuevos alegatos hasta el 28 de febrero de 2023 y al fiscal Khan de responde a esos argumentos hasta el 21 de marzo de 2023.

Ya en abril, en entrevista con Efecto Cocuyo la doctora en derecho y magíster en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, Thairí Moya, dijo que el Estado intentaría frenar esta fase de investigación como ha quedado demostrado.

La Sala de Cuestiones Preliminares deberá pronunciarse después de marzo de 2023 al fijar estos nuevos plazos y se debe esperar qué decisión tomarán, tanto el gobierno como el fiscal Khan.

De momento, la inhibición parece no haber prosperado. Pero aún a Miraflores le queda el recurso de apelación.

Y Moya señaló sobre esto que: «Si el Estado venezolano apela tendría que hacer un trabajo durísimo para que la Sala reconsidere su solicitud, es decir mostrar resultados de las investigaciones, demostrar que los juicios no son simulados sino genuinos y que están determinando la responsabilidad de la cadena de mando«.

Foto: Prodavinci