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El director de la ONG venezolana Acceso a la Justicia, Alí Daniels, saludó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) de permitir a las víctimas que puedan presentar alegatos a la petición del fiscal Karim Khan sobre continuar la investigación contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Este viernes, 18 de noviembre, la Sala respondió a Miraflores. Y aunque le dio el plazo que pidió para presentar las observaciones a la solicitud del fiscal de la CPI, también autorizó a las víctimas o sus representantes legales a declarar ante la Sección de Protección y Reparación de las Víctimas.

«La Sala le da la voz directamente a las víctimas o sus abogados, a través de la Sección de Protección y Reparación de las Víctimas. Nosotros le pedimos a las víctimas que lo hagan a la brevedad posible, que planteen sus pareceres sobre la solicitud del fiscal sobre la reanudación de la investigación», dijo Daniels sobre este pronunciamiento.

Explicó que aunque el gobierno pidió que fuese a través de la Oficina de Protección a las Víctimas, un organismo de la CPI, la Sala de Cuestiones Preliminares dijo que debe hacerse por medio de la Sección de Protección y Reparación de las Víctimas, como lo establece la Sentencia de Afganistán, al ser este último el mecanismo previamente aprobado por esta instancia.

Recordó que no habrá audiencia, como pidió el gobierno de Maduro para responder al fiscal de la CPI. «No habrá ninguna audiencia, aquí se reciben los escritos y ya está dijo la Sala. En lo sustantivo le da una voz a las víctimas y para mí es lo más importante de la decisión», añadió.

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Objetar lo que ellos mismos presentaron

Daniels afirmó que si ya el gobierno presentó sus documentos al fiscal, quien el pasado 1 de noviembre los cuestionó al pedir la reanudación de la fase investigativa del proceso, no entiende por qué ahora quieren más tiempo para hablar de lo que ya ellos entregaron.

«Le dio (al gobierno) hasta el 28 de febrero con lo cual fue un poco más del lapso, pero a su vez agregó que la daba la posibilidad a la Fiscalía de presentar un escrito sobre lo que el gobierno pudiera presentar para esa fecha y le dio hasta el 21 de marzo si quiere hacer o no objeciones a lo que presente el gobierno», resaltó.

Desde el año 2018, la Fiscalía de la CPI inició una investigación preliminar contra Venezuela, específicamente durante la gestión de Nicolás Maduro, por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país bajo su mandato.

Esta fase se cerró a finales de 2021, cuando el nuevo fiscal Karim Khan aprobó pasar a la fase de investigación, pero el gobierno ha introducido reclamos y observaciones, por lo que ahora con esta decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares tendrá hasta febrero de 2023 para responder.