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Las violaciones a derechos fundamentales aumentaron un 16,7 % en los llanos venezolanos entre julio y septiembre de 2022, alertó la Fundación de Derechos Humanos de la región (Fudehullan) este 24 de noviembre. De acuerdo con su balance trimestral, la ONG documentó 181 casos de derechos vulnerados en los estados Apure, Barinas, Cojedes, Guárico, Portuguesa y Táchira.

En la presentación del informe titulado «Situación de los derechos humanos en las regiones», realizada este jueves, la organización denunció que continúan activas las políticas de criminalización y que se siguen registrando acciones de intimidación y obstaculización por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

Entre las instituciones y organismos venezolanos involucrados está la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) Policía Estadal, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la Comisión de salud del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

«El Estado venezolano insiste en aplicar métodos coercitivos que obstaculizan e impiden la labor de defensa y acción humanitaria en la región de los Llanos», expresó el presidente de Fundehullan, Roland García.

La ONG Fundehullan presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en el interior del país y determinó que 148 personas sufrieron actos de vulnerabilidad en Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico. #24Nov

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— VPItv (@VPITV) November 24, 2022

Vulneraciones en seis estados

Entre las entidades venezolanas en las que se reportaron más violaciones a derechos humanos están Barinas (26 %), Portuguesa (19 %), Táchira (18 %), Guárico (16 %), Cojedes (13 %) y Apure (8 %). Así mismo, el mes con mayor incidencia fue agosto, cuando se contabilizó el 50 % de los casos, informó Fundehullan. 

«Los derechos más vulnerados son el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de manifestación», dijo García a los medios. 

Hubo 18 casos de intimidación en manifestaciones (38 % del total), 10 casos de despidos y cierre de emisoras (21 %), cinco casos de vulneración a la libertad personal (3 %), cinco casos de violación a la libertad de expresión (2 %) y cuatro casos de vulneración al acceso a la información (2 %). El resto de los casos, identificados como «otros derechos violentados», constituyen el 81 %. 

«Los casos aquí descritos no representan la totalidad de las víctimas involucradas en cada hecho violatorio, sin embargo, son una muestra cuantitativa y significativa para demostrar un patrón sistemático de vulneración de derechos civiles y políticos por parte del Estado en las regiones que nos ocupan», apuntó la organización. 

Acoso a la sociedad civil

En mayo de este año, Fundehullan ya había advertido que el Estado venezolano obstaculizaba la labor de la sociedad civil en la documentación de patrones de violación de derechos humanos en la región llanera. Durante ese mes, exigió al gobierno de Nicolás Maduro que cesara el ataque a las organizaciones no gubernamentales. 

Entre julio y septiembre la ONG registró 17 casos de persecución y hostigamiento a miembros defensores de los derechos en los llanos y Los Andes, de los cuales 18 corresponden a vulneraciones a la manifestación pacífica, cinco a la vulneración de libertad personal, detenciones arbitrarias, secuestro y retención; tres a la vulneración de la libertad de reunión y de asociación y al espacio cívico y democrático; cuatro a la violación al acceso a la información y cinco a la vulneración a la libertad de expresión. 

Finalmente, García reiteró la necesidad de que el Estado permita trabajar a los miembros de la sociedad civil con el fin de que «Pueda generar climas favorables para la defensa de los derechos humanos, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas», puntualizó.