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La Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan) denunció este 31 de mayo que la persecución y el hostigamiento hacia venezolanos en la región llanera se incrementaron un 44 % durante 2021. Esta comprende los estados Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes y Guárico, así como parte de Monagas.

En la presentación de su informe anual titulado «Una mirada a las regiones», la ONG alertó que también se registró un aumento de 37 % en detenciones arbitrarias y un 50 % en criminalización a miembros de la sociedad civil. 

«El año 2021 representó para las organizaciones, gremios y sindicatos mayores desafíos frente a una política llena de medidas que buscan obstaculizar el trabajo de defender derechos humanos en los llanos. Estamos en presencia de un debilitamiento de la sociedad civil en la región», expresó Roland García, presidente de Fundehullan. 

Agregó que el año pasado se documentaron 59 casos de criminalización y acoso contra organizaciones que promueven DD.HH. El 31 % de estos ataques fueron contra activistas locales, 25 % contra ONG, 25 % contra la libertad de asociación y 18 % contra gremios.

Así mismo, García solicitó al Estado venezolano la libertad de Javier Tarazona, director de Fundaredes, quien lleva más de 10 meses encarcelado por documentar el conflicto armado en el estado Apure. 

Por otro lado, comentó que en 2021 se organizaron 271 protestas pacíficas en los llanos venezolanos. Los estados donde se detectaron más vulneraciones a los derechos fueron Barinas (60,1 %) y Apure (21,3 %), seguidos de Guárico (14,6 %) y Portuguesa (2,2 %).

Este martes #31Mayo a las 9:30 a.m @FundehullanVzla presenta el informe anual del año #2021. Una mirada a las regiones de los #Llanos situación #DDHH #Ccs #Vzla 365 dias de documentación e investigación de la organización. pic.twitter.com/ctzFktTmf9

— ONG Fundehullan Vzla (@FundehullanVzla) May 31, 2022

En la mira de los cuerpos de seguridad

García indicó que Fundehullan no se libra del hostigamiento de parte de los cuerpos policiales en la región llanera. Tan solo el 18 de mayo, durante la realización de un taller de DD.HH en Barinas varios funcionarios de la policía de la entidad interrumpieron la actividad. 

«Posteriormente, el comandante de la policía estadal me atacó por las redes sociales, diciendo que era un mentiroso, que nuestra labor no era profesional y que yo estaba desestabilizando a la región», contó el presidente de la ONG. Aseguró que en la cuenta de la policía aún continúan algunos post donde desestiman a la organización. 

Los detenidos siguen con medidas cautelares

García expresó que en 2021 al menos 192 personas fueron detenidas por cuerpos de seguridad. Hoy en día, 30 % de ellas tienen medidas cautelares. Por otro lado, 37,5 % de los arrestados eran mujeres y el 62,5 % eran hombres. 

«Aquí hay un dato grave que nos preocupa como organización y es que el número de detenidos en 2021 ascendió de manera desproporcionada. En ninguno de los casos existía una orden judicial y 90 % de las detenciones se practicaron contra ciudadanos que no pertenecen a organizaciones o partidos, que simplemente ejercían un derecho a la manifestación pacífica consagrado en la Constitución», apuntó García. 

Fundehullan denunció que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) estuvo involucrada en la mayoría de las detenciones arbitrarias con 58,3 % de casos documentados, seguida por la Policía Nacional Bolivariana y la policía estadal (26,6 %) y la Dirección de Investigaciones Penales (7,6 %). 

Un golpe a la libertad en los llanos

La libertad de expresión fue otro de los derechos vulnerados en 2021, dijo Nayeri González, periodista del estado Portuguesa. Indicó que al menos cinco estados se han visto afectados por cierres de medios de comunicación. 

«En el estado Portuguesa durante el último trimestre del año pasado se cerraron cuatro emisoras. Barinas también se vio afectada por el cierre de programas con una línea contraria a la visión del gobierno de, aquel entonces, la familia Chávez», explicó González. 

Destacó que en 2021 se documentaron 32 casos de ataques a la libertad de expresión en los llanos, lo que supone un aumento del 16 % en comparación con 2020. 

Exigencias al Estado

Fundehullan exigió al Estado venezolano que se respeten los principales derechos humanos de la población y el derecho de los defensores a promoverlos. Así mismo, recordó a los activistas y periodistas presentes que deben continuar documentando los casos de violaciones y persecuciones dentro del país. 

«Es importante tener una mirada al interior del país, para comprender este fenómeno que ocurre donde el Estado es el principal vulnerador», apuntó Roland García.