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Recientemente, Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, habló sobre hacer una revisión de la pena máxima en Venezuela que según el mandato constitucional está establecida en 30 años de prisión.  

“Es el momento de revisar si algunos delitos, extremadamente graves, merecerían una pena superior a los 30 años de prisión sin que haya beneficio procesales”, dijo Saab.

El pasado jueves 24 de noviembre, Saab indicó que cree que es necesario realizar una “enmienda a algunos artículos de la Constitución y del Código Orgánico Procesal Penal”.

La iniciativa para hacer esta propuesta radica en el aumento de denuncias por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, que desde comienzo de este año hasta el mes de noviembre se estiman en 1.494.

Algunos expertos consideran que incrementar las penas en caso de abuso sexual infantil no resolverá el problema ni disminuirá las cifras en el país.

Y otro problema al que se enfrenta la propuesta hecha por Saab, es el grave hacinamiento denunciado por organizaciones defensoras de los privados de libertad, en la que aseguran que esta situación en los penales es grave y que con ella se generan enfermedades como la tuberculosis.

¿Es viable la propuesta de Saab?

Omar Mora Tosta, abogado experto en Ciencias Penales y Criminalísticas , en entrevista con Efecto Cocuyo, opina que no debe hacerse ninguna reforma de la Constitución, porque es delicado, y menos en tiempos en los cuales no existe el mecanismo legislativo apropiado para la discusión objetiva y sanción de esos cuerpos legales.

“Cuando sea oportuno, sí considero que deberán ajustarse las penas a los delitos que así lo requieran, dentro del marco de la actual Constitución que prevé como pena máxima 30 años”, afirma.

Mora Tosta explica que, así como el mundo y la sociedad evolucionan, de la misma manera con el transcurrir del tiempo y sus avances, también surgen nuevas modalidades delictivas. Indica que desde el punto de vista criminológico el comportamiento del ser humano en esas conductas amerita también el que los estados democráticos, donde exista separación de poderes y respeto a los derechos humanos, mediante los mecanismos legislativos que tenga previstos, adecuen las tipologías delictivas y sus respectivas penas a la realidad que imponen los tiempos actuales.

Pero el especialista señala que es necesario hacer una revisión y ajustes de los delitos y sus penas dentro del contexto que vivimos y en el marco del actual texto constitucional; hacer el análisis de nuevas tipologías delictivas, así como la incorporación de todos esos tipos penales al Código Penal, que debería ser reformado y contener toda la compilación de los delitos presentes hoy en día, en la medida de lo posible, evitándose el que sigan proliferando leyes penales que en la práctica han sido instrumento de persecución política y que suponen una justicia penal por fascículos.

¿Cuáles serían los pasos para una reforma de este tipo?

Mora Tosta asegura que el proceso de formación de las leyes está previsto en la Constitución, previo a los estudios y consultas correspondientes por parte de las academias, lo gremios de abogados, la sociedad civil y las instituciones involucradas en la administración de justicia, como operadores de la justicia penal.

¿El sistema carcelario podrá soportar el tener a personas con condenas por un tiempo mayor a 30 años?

Desde hace más de cinco años las organizaciones defensoras de los derechos humanos de los privados de libertad han denunciado que los centros de detención preventiva se han convertido en cárceles, pues en la mayoría de los penales de Venezuela, reina el hacinamiento y las enfermedades respiratorias como la tuberculosis.

Carlos Nieto Palma, abogado y director de la ONG Una Ventana a la Libertad, refuta la propuesta de Saab e indica que el sistema penitenciario del país está en la crisis más grande de su historia.

“En vez de estar pensando en establecer penas máximas u otros tipos de castigo, hay que acomodar el sistema penitenciario que está grave, nunca habíamos tenido un sistema penitenciario tan mal. Ni siquiera la comisión que hizo Maduro para eliminar el hacinamiento funcionó, porque siguen abarrotados, con retardo procesal, siendo las enfermedades las principales causas de muerte”, dijo a Efecto Cocuyo.

Nieto Palma aseguró que un 80 % de los presos en el país son procesados y solo el 20 % tiene sentencias, y asegura que el Ministerio Publico es también responsable de esa situación.

¿Qué implica que se aumenten las penas de delitos como abuso sexual y actos lascivos?

El abogado Mora Tosta, asevera que con el aumento de las penas por estos delitos se buscaría procurar la disuasión y erradicación de esas conductas terribles en la sociedad y el que los responsables sean castigados con el mayor peso de la ley, por cuanto esos son delitos muy delicados por el daño que producen a las víctimas y a la sociedad.

¿Qué pasa con los delitos que llegan a la pena máxima?

El especialista en Ciencias Penales añade que cuando se aplica la pena máxima de 30 años es porque concurren todas las circunstancias agravantes previstas por el legislador y que implican la aplicación del término máximo de cualquier tipo de pena, en virtud de lo que se estableció en la sentencia condenatoria.

Pero en una situación de crisis institucional, como la que vive Venezuela, el especialista ve complicado y muy delicado, por el fondo del asunto, el llevar a cabo este tipo de “reformas”, porque subyace un pensamiento colectivo de desconfianza.

“Cada delito tiene una pena según lo establece la ley, el que se le imponga el extremo de mayor pena vendrá dado por las circunstancias que rodeen ese hecho punible”, afirma.