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El Programa Venezolano de Educación Acción Acción en Derechos Humanos (Provea) presentó este miércoles 11 de mayo su informe anual 2021, en el que advierte que la desigualdad social creció en Venezuela y que continúan las violaciones de derechos humanos en Venezuela, pese al «esfuerzo» de Miraflores de aparentar reformas en la justicia.

«Los organismos internacionales de protección de derechos humanos sirvieron de muro de contención frente al abuso de poder en Venezuela. El Gobierno (de Nicolás Maduro) se siente presionado y simula reformas como reactivar juicios congelados desde 2017 pero es insuficiente», advirtió el coordinador general de Provea, Rafael Uzcátegui.

El activista de derechos humanos subrayó que debe haber reformas estructurales en el sistema de justicia, sumado a la voluntad política para investigar la cadena de mando que ordenó crímenes de lesa humanidad, tal como lo demanda la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, para que se pueda hablar de un verdadero cambio.

El sociólogo indicó que la investigación que adelante la CPI más la actuación de otros organismos como la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas con dos informes contundentes sobre violaciones de DDHH en Venezuela, tuvo repercusiones.

Una de ellas, destacó, que de 3.004 ejecuciones extrajudiciales registradas en 2020, se bajó a 1.414 en 2021, de los cuales 13 menores de edad, varones y habitantes de zonas populares, fueron las víctimas. Asimismo, indicó, se reportaron solo 19 detenciones durante protestas.

«Esto no sería posible sin la actuación de los organismos internacionales, el Gobierno le dijo a las policías que cambiaran la forma de actuar, de allí la importancia de que la Misión de Determinación de Hechos continúe su trabajo sobre Venezuela», aseguró.

Ejecuciones extrajudiciales y torturas

Sin embargo, advierte Provea, falta mucho por hacer. El informe presentado en el Centro Letonia de la Castellana refleja que la letalidad en el desempeño de los organismos de seguridad del Estado sigue siendo alta. En 2021, se señala, policías y militares cometieron 1.414 ejecuciones extrajudiciales en todo el país.

Asimismo, se reportaron 241 víctimas de torturas, lo que representa un aumento de 148,4 % con respecto al año anterior. De acuerdo con el documento, es el segundo registro más alto de los últimos 33 años.

«Sumado a ello, el aumento de las técnicas de abusos basadas en la humillación y reducción física y psicológica de las víctimas, mediante las agresiones sexuales, genera especial preocupación. En 60,9 % de las denuncias de torturas recogidas en el presente informe anual, las víctimas dijeron haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos incluyó violación», recoge el informe.

Cabe destacar que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) es señalado como el organismo de seguridad con más ejecuciones extrajudiciales con 347 casos entre enero y diciembre de 2021. Se le suman 155 denuncias por torturas con igual número de víctimas.

Lupa por la Vida registró 1.414 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante 2021

«Es el resultado de una política de Estado, de violaciones masivas y sistemáticas del derecho a la vida, y evidencia de manera categórica que la actuación de los agentes del Estado sigue contrariando las normas nacionales e internacionales sobre el uso diferenciado y progresivo de la fuerza, obviando la obligación de no causar privaciones arbitrarias de la vida», advierte Provea.

«Venezuela no se arregló»

Tanto Uzcátegui como la coordinadora de Investigación de Provea, Lissette González, recalcaron que pese a ciertos indicadores de recuperación económica en Venezuela, entre ellos el final de la hiperinflación y el discurso de «normalización» que pretende imponer Miraflores, «Venezuela no se arregló» y existen cifras que lo demuestran.

Los hogares en pobreza extrema, redujeron el gasto en alimentos en 13,3%; 20 % de los niños menores de 6 seis meses sufren de desnutrición, según la Sociedad Venezolana de Pediatría; niños y niñas menores de 5 años de edad presentan 23 % de retraso en el crecimiento y entre 5 años y 17 años, el porcentaje sube a 25 %.

El informe destaca igualmente que la caída en la operatividad del sistema sanitario público que antes de la pandemia registró 70 % (2019), continuó en la emergencia por COVID-19 con un descenso de más de 80 % entre 2020 y 2021. Se destacó que la atención a patologías diferentes al virus como el cáncer, que ya venía en descenso antes, se agravó.

«Provea registró un total de 71.186 denuncias de personas que sufrieron vulneraciones del derecho a la salud en los centros de salud públicos de Venezuela, un incremento de 340 % con respecto al año anterior», resaltó González.

El balance anual arrojó que en 2021 aumentó en 70 % el retiro de personal médico y 80 % de personal de enfermería de los centros de salud públicos del país.

Trabajadores en pobreza

Se advirtió además que el bajo salario mínimo (actualmente en 130 bolívares o 30,3 dólares) y beneficios insuficientes que entrega el Ejecutivo a través de bonos no permiten que la mayoría de los venezolanos tenga expectativas de mejoras en el corto y mediano plazo. La canasta alimentaria, de acuerdo con el Cendas alcanzó en marzo de este año 471,16 dólares.

«Las brechas entre empleados públicos y privados se ampliaron. 58% de los trabajadores del sector privado está en condición de pobreza extrema, mientras que en el sector público la cifra alcanza 75 %» reza el informe.

La ONG cuestionó que los bonos asignados a través del Sistema Patria, 28 en total, apenas equivalieron a 82,4 dólares en todo el año, a razón de 0,22 dólares diarios.