La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela contabilizó 244 violaciones a la libertad de información en el país, traducidas en restricciones administrativas, discursos «estigmatizantes» y agresiones físicas o verbales, entre otras vulneraciones.
La organización afirmó que la segunda mitad de 2022 representó un período en el que las acciones arbitrarias coartaron las garantías informativas y la libertad de expresión.
«Esta persecución quedó en evidencia con el incremento de las acciones de censura por parte de las autoridades y otros actores contra medios de comunicación tradicionales y digitales, así como en detrimento de periodistas y trabajadores de la prensa como represalias por sus labores noticiosas», aseveró.
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Ipys detalló que, del total registrado, 117 fueron restricciones administrativas, 30 discursos estigmatizantes, 29 agresiones físicas o verbales, 27 restricciones de acceso a la información, 25 hostigamientos judiciales, 8 relacionados a la censura y 8 restricciones en internet.
Señaló que los «actos de censura y otros atropellos» afectaron a 123 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa.
Además, desde julio, 102 emisoras de radio salieron del aire «por instrucciones» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de las cuales 49 «no contaban con permisos ni habían presentado el proyecto para transmitir legalmente».
La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el «principal responsable de las vulneraciones contra la prensa» desde julio, seguido de «simpatizantes oficialistas».
Con información de EFE
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La ONG Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela contabilizó 244 violaciones a la libertad de información en el país, traducidas en restricciones administrativas, discursos «estigmatizantes» y agresiones físicas o verbales, entre otras vulneraciones.
La organización afirmó que la segunda mitad de 2022 representó un período en el que las acciones arbitrarias coartaron las garantías informativas y la libertad de expresión.
«Esta persecución quedó en evidencia con el incremento de las acciones de censura por parte de las autoridades y otros actores contra medios de comunicación tradicionales y digitales, así como en detrimento de periodistas y trabajadores de la prensa como represalias por sus labores noticiosas», aseveró.
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Ipys detalló que, del total registrado, 117 fueron restricciones administrativas, 30 discursos estigmatizantes, 29 agresiones físicas o verbales, 27 restricciones de acceso a la información, 25 hostigamientos judiciales, 8 relacionados a la censura y 8 restricciones en internet.
Señaló que los «actos de censura y otros atropellos» afectaron a 123 medios de comunicación, dos organizaciones defensoras de la libertad de expresión, una organización gremial y 73 trabajadores de la prensa.
Además, desde julio, 102 emisoras de radio salieron del aire «por instrucciones» de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), de las cuales 49 «no contaban con permisos ni habían presentado el proyecto para transmitir legalmente».
La ONG agregó que el Estado, a través de sus instituciones y funcionarios, fue el «principal responsable de las vulneraciones contra la prensa» desde julio, seguido de «simpatizantes oficialistas».
Con información de EFE