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En el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, defensoras y defensores en Venezuela consideran que la situación de los derechos fundamentales “ha retrocedido muchísimo”.

Para Rafael Uzcátegui, director de la organización no gubernamental Provea, este es el peor momento en materia de derechos humanos en el país, desde que se formó esta organización defensora de derechos fundamentales.

“Lamentablemente la situación de derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, ha retrocedido muchísimo, en el punto que no tenemos democracia y que estamos en una emergencia humanitaria compleja. Eso ha obligado a que los organismo internacionales de protección estén trabajando sobre Venezuela, y presionando a las autoridades para intentar una mejora en las condiciones de vida de la población”, dijo en una entrevista concedida a Efecto Cocuyo.

Martha Tineo, directora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón, coincide con Uzcátegui. Para la abogada y activista hay un retroceso, porque lejos de generarse políticas publicas que garanticen los derechos humanos, estos siguen siendo violentados de forma sistemática y generalizada.

Tineo señala que hay un agravamiento de la crisis y que la cifra de más de 7 millones de venezolanos en el exilio o en migración forzada no es poca cosa.

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“Es un reflejo de estas sistemáticas violaciones a los DDHH, de nuevo vemos como la situación de los presos políticos se sigue agravando, sus vidas están en riesgo permanentemente en virtud del tiempo que han estado en prisión. Esas vidas se van deteriorando, vemos que no hay políticas públicas que garanticen el acceso a las mínimas necesidades o que garanticen la satisfacción de las mínimas necesidades de la población venezolana.  Hay un retroceso constante en cuanto se refiere a la protección de DDHH”, reitera.

Un país de desiguales

Uzcátegui indicó que uno de los grandes problemas que afronta el país es la desigualdad. Hay alrededor de un millón y medio de venezolanos que ha mejorado sus condiciones de vida porque participan en la economía dolarizada.

“Los 27 millones de personas restantes siguen dependiendo del bolívar y por tanto sus condiciones de vida son precarias”, advirtió.

Añadió que el gran hito de este año en materia de derechos humanos fue la renovación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela; logro en el cual los defensores de DDHH se involucraron e hicieron exigencias.

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“Es el mecanismo más importante que tenemos en este momento, entonces las autoridades venezolanas no han aceptado las recomendaciones de los organismos internacionales ni la han implementado, además intentaron renovar un cupo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el cual Venezuela estaba en los últimos dos años y eso no ocurrió, por lo cual la comunidad internacional está muy al tanto de la precaria situación de vida de los venezolanos”, resumió Uzcátegui.

Qué pasa con los DDHH en Venezuela

Tineo aseveró que si se quisiera hacer un balance sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, específicamente de los civiles y políticos, desde la organización que representa, se pudiera decir que hay una impunidad de más de 94% en casos de asesinatos en manifestaciones pacíficas desde el 2014 hasta la fecha.

Más de 300 personas están privadas de libertad por razones políticas sometidas, en la mayoría de los casos, a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, al deterioro progresivo de su salud, en virtud de las secuelas de las brutales torturas, e incluso por las condiciones de hacinamiento, la falta de dotación de alimento, agua potable, atención médica e insumos médicos.

“Si analizáramos solo esos dos grupos de víctimas con los que trabaja nuestra organización ya tendríamos un balance verdaderamente dramático de la situación de DDHH en Venezuela, pero si ampliamos esa visión y nos vamos al impacto de una emergencia humanitaria inducida, pues seguimos viendo como los derechos referidos a la salud, a la vivienda, a la alimentación, al empleo, al agua potable a la educación, a la asistencia médica, es decir los derechos económicos, sociales y culturales, siguen siendo impactados terriblemente en Venezuela”, agregó.

La activista sostuvo que en materia de derechos ambientales, un reciente informe de la Misión da cuenta de las más terribles violaciones de derechos humanos que se están cometiendo en el Arco Minero, contra grupo indígenas, contra el hábitat.

“Podríamos estar hablando de un ecocidio; lamentablemente el balance de DDHH durante este año, así como lo ha sido durante una década, es verdaderamente lamentable y el Estado no da muestra de que se estén generando políticas públicas que procuren la verdadera promoción y defensa de los DDHH en nuestro país”, dice.

Por qué hay un retroceso

Uzcátegui dijo que hay retrocesos en materia de DDHH en el país; no se puede hablar de avances porque la situación de impunidad sigue siendo la misma.

“Tenemos más de 300 presos políticos en este momento, un defensor de derechos humanos en prisión que es Javier Tarazona; un trabajador humanitario tras las rejas, Gabriel Blanco, y las autoridades no tienen ningún tipo de diálogo con las organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que en el 2023 en el marco de estas conversaciones entre el gobierno y la oposición pueda haber unas señales de mejoría”, asegura.

Pese al retroceso, Tineo, remarcó que el pronunciamiento del sistema universal de DDHH, ha sido contundente y da cuenta de cuál es la mirada que tienen los sistemas internacionales de protección respecto a la situación de Venezuela.

 “No es poca cosa que en el periodo de sesiones de septiembre de este año se renovó el mandato de la misión por dos años más y no es poca cosa que en el mismo ciclo de sesiones el Consejo de DDHH no se reeligió a la representación del gobierno venezolano, porque era una gran ironía reelegir a la representación de un gobierno que en cambio está señalado, de forma claramente documentada, y demostrada como violadores de  DDHH».

Agregó que «entonces «esa fue una expresión muy clara de cómo se sigue viendo en las instancias internacionales de protección el comportamiento del Estado venezolano en cuanto a su deber de garantizar DDHH”.