Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

QUÉ CHÉVERE

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Los docentes venezolanos no planean abandonar las calles en 2022: seguirán protestando hasta que sus reclamos sean atendidos por el gobierno de Nicolás Maduro, que hasta ahora solo ha concedido el pago completo del bono vacacional. Para mediados de agosto, los educadores no han recibido respuesta para sus demás exigencias.  

En síntesis, solicitan la eliminación del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), la homologación del salario y las pensiones a la canasta básica, seguridad social y hospitalaria, pago de retroactivos, garantía de acceso a servicios públicos y mejores condiciones en colegios y liceos.

También esperan que se les reconozcan los bonos y primas de transporte, alimentación, de fin de año, de medicamentos, de vestido y calzado, para el acceso tecnológico, recreacional, ayuda asistencial y del hogar y otros beneficios para profesores activos, jubilados y pensionados. Aunque empezaron en Caracas, las manifestaciones se han extendido a otros estados de Venezuela. 

Gricelda Sánchez, presidenta de Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), estima que se han organizado no menos 50 concentraciones de educadores a nivel nacional, desde enero. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (Ovcs) registró un total de 3.892 protestas en Venezuela, durante el primer semestre de 2022. De estas,1.642 se realizaron para solicitar salarios dignos.

«Hay quienes nos han dicho que somos tarifados, pero no es así. Soy una docente que le da vergüenza por mis familiares, que son los que terminan respondiendo por si me falta comida o medicina. Me da tristeza que cuando defiendes la Constitución de tu país te amenacen», dijo Elsa Castillo, dirigente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM).

La siguiente es la cronología y recuento realizados por Efecto Cocuyo sobre las veces que los docentes han salido a defender sus derechos de forma pública este año. 

Concentraciones en enero y febrero

El 14 de enero se organizó una de las primeras manifestaciones del año de docentes venezolanos. Fue en Caracas, frente a la sede del Ministerio de Educación, en el centro de la ciudad. En la protesta participaron Fordisi y un grupo de educadores, quienes exigieron un bono de 600 dólares y que su salario se anclara al Petro. Denunciaron también el incumplimiento del contrato colectivo de los trabajadores.

El 26 de enero, un mensaje en redes sociales de un profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) encendió alarmas en la capital. «Ya no aguanto más, tiro la toalla, me quedo a esperar el fin. No puedo más con tanta soledad y tanta adversidad. Todo es tan difícil», escribió Carlos de Armas en el perfil de Facebook de la Escuela de Comunicación Social. Posteriormente, el hombre declaró que se encontraba en una situación grave al no poder costear medicinas ni alimentos con su sueldo.

La noticia reavivó la discusión en redes sobre la poca calidad de vida de los educadores en Venezuela. En la mañana del 31 de enero, el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó que más del 20 % de los conflictos laborales documentados los últimos cuatro años en Venezuela han sido protagonizados por docentes y que estos han realizado alrededor de mil protestas en ese periodo de tiempo.

Para el 8 de febrero, Víctor Márquez, vocero del gremio de profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad Simón Bolívar (USB), acusó en rueda de prensa a Nicolás Maduro de estar ejecutando «política de exterminio» del sector universitario en Venezuela. Además, explicó que se organizaría una protesta nacional la semana siguiente, en conjunto con docentes de educación primaria y secundaria.

Siete días después, se registraron concentraciones en 18 estados del país, en las que también se presentaron miembros del cuerpo sanitario (médicos y enfermeras). 

En las calles en marzo y abril

Los educadores no desistieron. El 9 de marzo se reunieron a pocos metros de la sede principal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), ubicado en la parroquia Altagracia, municipio Libertador de Caracas. Protestaron en conjunto con 486 sindicato de distintos sectores laborales del país, esta vez para exigir pensiones dignas. 

A mediados de marzo comenzaron a elevarse las quejas sobre el instructivo Onapre, que básicamente fija criterios para aplicar el incremento salarial decretado por Nicolás Maduro ese mismo mes: de acuerdo con los docentes, las contrataciones colectivas y actas convenios son violentadas por la Oficina Nacional de Presupuesto, debido a que esta eliminó clausulas y redujo beneficios que les corresponden según la ley. 

«Es una formula para calcular un tabulador salarial que sencillamente no toma en cuenta las clausulas económicas de los contratos colectivos, porque ellos dicen que el Estado no tiene con qué pagar- ¿Entonces para que firman los contratos?», explica Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sintra UCV), a Efecto Cocuyo.

El 6 de abril, trabajadores del sector educación y jubilados se quejaron del instructivo en la Plaza de La Moneda, ubicada frente al Ministerio de Educación. Veintitrés días después, profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Plaza Venezuela, para exigir el reconocimiento de su contratación colectiva.

Manifestaciones de mayo y junio

El 1 de mayo se celebró el Día del Trabajador en Venezuela, fecha en la que los educadores decidieron acudir a marchar por sus exigencias. Algunos se concentraron en Plaza Venezuela y otros en la avenida San Martín de Caracas. 

Una semana después, el 10 de mayo, el personal obrero, administrativo y docente de la UCV se reunió en la plaza techada del rectorado para reclamar mejores salarios.

El 17 de junio, Elsa Castillo aseguró en rueda de prensa que en el país existen recursos para pagarle a profesores y profesoras. 

«Más aún cuando el artículo 311 en su tercer parágrafo establece que los recursos de la explotación del subsuelo y de la minería deben ser utilizados en el país en la productividad, salud y educación. Entonces la pregunta es: ¿por qué motivo los hospitales están por el suelo cuando tenemos todo un ecocidio causado por la explotación del Arco Minero?», dijo Castillo. Se anunciaron entonces dos protestas nacionales para la tercera semana de junio.

El 21 de junio, trabajadores del sector público, pensionados y jubilados se concentraron frente al edificio de la CTV, en el centro de Caracas, para exigir la derogación del instructivo de la Onapre. Los educadores estaban presentes.

Ese día, Eduardo Sánchez señaló que en el primero semestre de 2022 se introdujeron múltiples denuncias y documentos al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación Universitaria, Ministerio de Planificación, Onapre, Ministerio de Finanzas, Vicepresidencia de la República y a la Defensoría del Pueblo.

«La última fue a la Presidencia de la república y también introdujimos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de nulidad al que tampoco nos han respondido», dijo.

Otra rueda de prensa se realizó el 30 de junio con dirigentes sindicales y jubilados, quienes convocaron cuatro protestas para la primera semana de julio, en Caracas y Barcelona, estado Anzoátegui.

El bono vacacional en julio

En julio de este año, el bono vacacional que les corresponde a los educadores venezolanos no fue cancelado en totalidad. Docentes notaron, sorprendidos, que solo fue depositado un 25 % de lo que realmente se les adeudaba (60 días establecidos legalmente).

El 27 de julio se reunieron frente al Ministerio de Educación, para exigir el depósito completo. También denunciaron que la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) calculó el pago con base en el salario de diciembre de 2021.

El 28 de julio, los docentes ucevistas protestaron frente a la entrada Tamanaco de la Universidad Central, para volver a exigir el pago de su bono vacacional y la derogación del instructivo de la Onapre.

Lo que se pide en agosto

El 11 de agosto y tras siete meses de protesta donde participó un estimado de 400 mil profesionales del sector educativo a nivel nacional, los gremios acudieron al Ministerio de Educación, en el centro de Caracas para exigir un debate público con el Ejecutivo en Venezuela, Nicolás Maduro.

Pidieron también la conformación de una mesa de resolución de conflictos que ofrezca respuesta a sus demandas salariales.

Un día después, las ministras de Educación y Educación Universitaria, Yelitze Santaella y Tibisay Lucena, anunciaron que el bono vacacional sería depositado en su totalidad. 

El 15 de agosto, se anunció oficialmente que Nicolás Maduro removió a Marco Polo Cosenza de la dirección de la Oficina Nacional de Presupuesto y designó en su lugar a Jennifer Quintero de Barrios.

Los docentes comunicaron que empezaron a recibir su bono vacacional completo a partir de la tercera semana del mes. Sin embargo, lejos de estar satisfechos, consideran que se trata de migajas en comparación con los que les debe el Estado. 

En la tabla salarial actual, un docente de nivel I que trabaje 53 horas a la semana gana mensualmente 439 bolívares, equivalentes a 73 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del 18 de agosto. Por otro lado, la canasta básica de junio se ubicó en 459,84 dólares, de acuerdo con datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM). Un educador venezolano necesita casi siete sueldos para cubrirla. 

«¿Por qué tenemos que estar metidos en este problema? Lo que se va a hacer las próximas semanas va a depender de cómo se vayan desarrollando las bases. Pero hay unidad. Trabajadores del chavismo y la oposición están juntos en esta lucha, porque ambos están pasando hambre», apuntó Elsa Castillo.