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El tercer informe de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela, un documento de 123 páginas, no solo registra la cadena de mando y la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país, también vuelve a identificar los tipos de torturas y otros tratos crueles que se aplican contra la disidencia política en el país.

Los responsables directos, sostiene este informe, son funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que además han contado con la cooperación de otros cuerpos de seguridad: la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

Para la documentación, la Misión Independiente de Determinación de Hechos se basó en 480 entrevistas que realizaron fuera del país, ante la negativa del gobierno de Nicolás Maduro de permitirles su ingreso al territorio venezolano o de responder a sus cuestionarios.

«La Misión pudo recolectar información, principalmente, a través de los siguientes métodos: (1) entrevistas confidenciales, tanto en persona como a través de conexiones seguras telefónicas o de video; (2) documentos confidenciales proporcionados por personas y organizaciones, incluyendo expedientes judiciales; y (3) análisis de información de dominio público», explicaron sobre la metodología.

Las torturas de la Dgcim

Tras sus investigaciones el tercer informe destaca casos que incluyen a 122 oficiales y exoficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y civiles.

Se trata de personas que «fueron arrestados, detenidos y torturados por la Dgcim entre el 12 de febrero de 2014 y la actualidad. Los años  2017, 2018 y 2019 fueron el período en que la Dgcim produjo el mayor número de detenciones en Boleíta».

Además, señalan que «85 personas continúan detenidas en alguno de los diversos centros de detención operados por la Dgcim en todo el país, de los cuales 13 permanecen en Boleíta». Esta última es la sede principal del organismo, ubicada en el municipio Sucre del área metropolitana de Caracas.

Como «modus operandi«, la Dgcim se centró en militares a quienes identificaron como «potenciales disidentes», en políticos de oposición, en personas que criticaron pública y abiertamente al gobierno o en civiles o militares «que vinculados/as a los objetivos militares, políticos o económicos, como familiares, amigos/as y asociados/as, también se convirtieron cada vez más en víctimas de la represión». Esto incluye a familiares de presos políticos, tanto civiles como militares.

Por último detuvieron a civiles con el objeto de extorsionarlos «y confiscar sus bienes, especialmente cuando esos bienes suponen una ventaja estratégica para el Gobierno».

Uso excesivo de la fuerza o violencia física

Entre el uso excesivo de la fuerza o violencia física determinaron que le dispararon, en algunos casos, a personas con el fin de incapacitarlas.

«Un testigo describió que estaba en un hotel cuando escuchó que llamaban a la puerta, y, al abrir, agentes de la Dgcim le apuntaron a la cabeza con un rifle, lo tiraron al suelo, lo golpearon y le pidieron que se identificara para luego detenerlo».

Tercer informe de la Misión de la ONU

Destacan el secuestro de familiares para forzar a las personas que buscaban a entregarse a las autoridades. «Esta parecía ser una táctica empleada específicamente por la inteligencia militar. Como informó la Misión en 2021, en un caso los funcionarios de la Dgcim le dijeron a la víctima que si no cooperaba con el interrogatorio, encarcelarían a algunos de sus familiares como forma de presionarla».

Entre los casos que mencionan se encuentran el del papá del teniente de primera Franklin Caldera.

«La Dgcim secuestró a su padre y lo torturó durante cinco días, incluso mediante asfixia con barriles de agua, descargas eléctricas, golpes en las costillas y goteo de agua durante toda la noche. Durante este tiempo, agentes de la Dgcim intentaron obtener información sobre el paradero de su hijo».

A un empresario que detuvo este organismo le llegó información sobre la aprehensión de cuatro miembros de su familia, una empleada doméstica e incluso a uno de sus defensores para llevarlo a él a Boleíta. Estas detenciones duraron de cuatro a cinco días.

En el caso de Caldera dicen que fue torturado después de secuestrarlo y detenerlo en Colombia, llevarlo a Venezuela y encarcelarlo en Boleíta.

Resaltan el uso de «casas de seguridad»; es decir, lugares a los que llevan a los detenidos durante horas o días para después privarlos de libertad en la sede principal. Se trata de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, porque los familiares desconocen durante días el lugar dónde se encuentra el o la detenida.

Entre las torturas que documentaron y que, tras los testimonios recabados, son ordenadas por el jefe de la Dgcim, Iván Hernández Dala, se encuentran: el aislamiento, la privación de alimentos e hidratación con porciones mínimas de agua y comida, además de la prohibición de contacto con familiares y «ordenarle que durmiera en el suelo bajo una iluminación constante».

«Las sesiones de tortura podían durar días o semanas. Algunas personas detenidas también fueron torturadas en períodos posteriores de detención en Boleíta, generalmente con el fin de extraer nueva información o para castigarlas».

Tras someterlos a torturas a las personas las obligaban a confesar los delitos de los que se les acusaban. Sin la presencia de un abogado filmaban estas confesiones para «generar pruebas incriminatorias» contra los acusados.

«En casi todos los casos, las personas detenidas permanecían encapuchadas durante las sesiones de tortura, pero en ocasiones podían reconocer a sus torturadores por la voz o por el olor. En algunos casos, las víctimas fueron testigos presenciales de actos de tortura infligidos a otras personas detenidas».

Cómo fueron las torturas de la Dgcim

Violencia física (7): fuertes golpes con bates y objetos punzantes. Descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixias con sustancias tóxicas y agua. También hubo «cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; esposas excesivamente apretadas; posiciones de tensión conocidas como el ‘pulpo’ y ‘crucifixiones’; uso de un aparato llamado ‘señorita’ para levantar y deformar cuerpos y bajarlos a tanques de agua».    

Violencia sexual y de género (7): violación con objetos, amenazas de violación, desnudez forzada, incluso durante actos de tortura; golpes dirigidos a los genitales y descargas eléctricas en los genitales.

Condiciones de detención (7): privación de agua y alimentos; comer del suelo; iluminación constante u oscuridad constante; falta de acceso a los aseos; calor o frío extremos; denegación de tratamiento médico; alimentación forzada de heces y vómitos.

Violencia psicológica (5): amenazas de muerte y violación hacia la víctima o familiares; simulación o tortura real de otras personas detenidas; períodos prolongados de aislamiento o confinamiento en solitario; administración de drogas supuestamente para obtener confesiones; amenazas con animales vivos, incluso con perros.

La Misión destaca que este tipo de torturas provocaron daños en las víctimas. Entre ellos se encuentran:

-Lesiones físicas graves y/o permanentes en las víctimas

-Pérdida de funciones sensoriales o motoras, lesiones reproductivas (daños en los testículos)

-Un embarazo perdido, sangre en la orina y costillas rotas, entre otros

-Traumas psicológicos graves y depresión. Entre ellas estrés postraumático y pesadillas constantes.

Caso de Rafael Acosta Arévalo

En los informes de 2020 y 2021 la Misión se detuvo en el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien murió en manos de sus torturadores. «La Misión documentó la detención, la desaparición forzada de corto plazo, la tortura y la violencia sexual perpetradas contra el capitán Rafael Acosta Arévalo y otros siete hombres, y la consiguiente muerte de Acosta Arévalo», recuerdan en este tercer informe.

«Los detenidos fueron torturados y sometidos a violencia sexual: los desnudaron y los mantuvieron sin ropa durante días, los ataron a postes y los golpearon, los arrojaron a zanjas y los enterraron hasta el cuello, los colgaron de cuerdas, los golpearon en las plantas de los pies, los rociaron con líquidos irritantes y los amenazaron con violarlos con un palo de un metro de largo», dice el informe.

Señalan como autor intelectual de las torturas contra el capitán a Alexander Granko Arteaga. «Un exempleado de la Dgcim le confirmó a la Misión que la orden de torturar a Rafael Acosta Arévalo la dio Granko Arteaga y que el Capitán Acosta Arévalo murió como resultado de esa tortura».

Las torturas del Sebin

Para los casos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se documentaron 93 víctimas que fueron arrestadas y torturadas por funcionarios de este organismo.

«Una práctica habitual del Sebin era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. En 84 casos investigados, los funcionarios del Sebin y otras autoridades negaron haber retenido a la persona o dijeron a los familiares y representantes legales que no tenían información sobre la persona detenida».

Como en el caso de la Dgcim, este organismo tenía casas de seguridad o casas seguras, que se usaban como centros clandestinos de detención.

Resaltan cómo obligaban a los detenidos a ofrecer supuestas confesiones, que grababan y presentaban a la opinión pública. Destacan los casos de Juan Requesens en 2018 y el de Adolfo Baduel en 2020.

«La Misión tiene motivos razonables para creer que el Sebin plantaba, fabricaba o manipulaba regularmente pruebas para inculpar a opositores reales o percibidos del Gobierno», resalta sobre la conducta del Sebin al momento de detener a disidentes políticos.}

«La Misión investigó 51 casos en los que agentes del Sebin torturaron o sometieron a los detenidos a otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes. Los casos ocurrieron principalmente entre 2014 y 2018, y la mayoría de las violaciones documentadas se produjeron durante 2017 y 2018. Algunas sesiones de tortura duraban días o semanas».

Tanto en las sedes del Sebin como en las casas de detención clandestina a las víctimas las sometían a torturas y otros tratos crueles.

«Dentro de El Helicoide, los testigos describieron haber visto actos de tortura de cerca o haber compartido celdas con detenidos visiblemente heridos. Además, los testigos localizados en algunas celdas de El Helicoide, en particular la celda de mujeres de 2014 a 2018 y la celda vecina Preventiva II, describieron sistemáticamente haber escuchado frecuentes actos de tortura, incluida la violencia sexual, tanto de hombres como de mujeres, durante los interrogatorios».

Qué tipo de violencia aplica el Sebin

-Posiciones de tensión denominadas la «crucifixión» (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y «el pulpo» (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos).

-Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua.

-Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes.

-Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo.

-Amenazas de muerte o de violencia adicional.

-Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares

-Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas.

-Estar encadenado durante largos períodos de tiempo.

«Según una de las víctimas, un comisario del Sebin tenía una técnica muy específica en la que cogía una tabla, similar a un bate de cricket, que tenía diferentes marcas de conteo. Dependiendo de la marca de conteo que tomara el bate, daba a la víctima ese número de golpes en la cabeza, el torso o las nalgas. Si la persona se resistía, la golpeaba en los ojos o en los genitales».

Casos documentados

Entre los casos que destacan se encuentra el del exconcejal Fernando Albán, que el gobierno catalogó como un suicidio. También la de Rodolfo González, un piloto retirado acusado de conspirar contra el Gobierno.

«Según un exfiscal que investigó su caso, el Sr. González murió tras suicidarse, después de haber recibido importantes presiones de funcionarios del Sebin de la Dirección de Investigaciones Estratégicas durante varias semanas antes de su muerte. Los funcionarios habrían extorsionado al Sr. González y lo habrían amenazado con trasladarlo a una cárcel común».

Tercer informe de la Misión de la ONU

Señalan la documentación de siete casos de violencia sexual, aplicada para obtener la confesión de las o los detenidos. Estos casos incluyeron amenazas, penetración con los dedos a las detenidas para buscar objetos en sus genitales, patadas o cachetadas a hombres, y obligación a mujeres a desnudarse frente a custodios hombres.

También hubo un caso de un hombre al que amenazaron con violarlo y le introdujeron una pistola en la boca, para luego burlarse de él.

«Los funcionarios del Sebin también entablaron relaciones sexuales con los detenidos y detenidas a cambio de bienes y privilegios esenciales», recuerdan sobre el informe del año 2020.