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Un total de 500 organizaciones de la sociedad civil y 250 personas alertaron sobre las «consecuencias devastadoras» que tendría la aprobación de la Ley de Cooperación Internacional.

Este miércoles 18 de mayo suscribieron un comunicado en el que recuerdan que la emergencia humanitaria en el país necesita el apoyo internacional. Sin embargo, si la Asamblea Nacional de mayoría chavista apruebe el proyecto, se impediría ayudar a las poblaciones más vulnerables del país.

Aseguraron que los más afectados por ello serán las «personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana, cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social, civil y humanitaria, un derecho humano establecido en tratados internacionales suscritos por el país, que puede aliviar y ayudar a superar las masivas y múltiples privaciones que se enfrentan en la actualidad».

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Ideología política y económica

Dijeron que la propuesta quiere cambiar el concepto de cooperación internacional para definirlo por ideología política e intereses económicos.

«Con este proyecto de ley no se pretende regular la materia sino transferir su exclusividad al gobierno, lo cual, implica ser el único que pueda recibir, transferir e intercambiar recursos humanos, bienes, servicios, financiamiento y tecnología de los organismos cooperantes, y disponer de ellos de acuerdo con las prioridades y criterios discrecionales del Ejecutivo Nacional, a través de la creación de un fondo a su cargo que captaría, prestaría y administraría los recursos provenientes o destinados a la cooperación internacional».

Menos derechos

Recordaron que a la par de las restricciones, el proyecto impone sanciones e incluso la eliminación de organizaciones de la sociedad civil si sus actividades «son contrarias a los intereses del Estado».

Alertaron que va en contra de derechos como la libre asociación, reunión pacífica, defensa de garantías fundamentales y la libertad de expresión, así como la iniciativa de prestar ayuda humanitaria.

«Se vulneran el derecho a libre asociación, a través de la creación de un proceso autorizatorio adicional al debido registro y conformación de las organizaciones como persona jurídica; adicionalmente, la obligatoriedad de presentar información ‘a cualquier ciudadano que lo solicite’ sobre las actividades de dichas organizaciones, las vulnera en su actividad y viola el derecho a la privacidad y en ciertos casos, a la
confidencialidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos, pacientes receptores de tratamientos médicos», dijeron.