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El proyecto de Ley de Cooperación Internacional que discute la Asamblea Nacional de 2020 es una amenaza para el periodismo independiente en Venezuela, alertan representantes de Medianálisis y del Instituto Prensa y Sociedad (Ipys-Venezuela).

De aprobarse como ley, el gobierno de Nicolás Maduro, a través de organismos administrativos o financieros, podrá restringir o eliminar aquellas organizaciones no gubernamentales que considere promueven la aplicación de medidas coercitivas contra Venezuela. Esto incluye a los medios de comunicación independientes.

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Adicionalmente, el proyecto contempla la creación de un Sistema Integrado de Registro que es de carácter obligatorio. Las instituciones, organizaciones, fundaciones o asociaciones sin fines de lucro que no cumplan con este registro (para el cual se pedirán requisitos que faltan por definir) no podrán realizar sus actividades en el territorio nacional.

Estas facultades dan paso a mecanismos de persecución, alertan las ONGs consultadas, en un contexto en el que el gobierno venezolano califica de “mercenarios” a los periodistas y señala a medios de comunicación de promover desestabilización política a través de los canales del Estado.

Control político y financiero

En opinión del periodista y director de Medianálisis, Andrés Cañizalez, este instrumento legal puede dar pie a otros mecanismos de control, además del político.

“Esta ley podría apuntar al control financiero que puede incluir que el Estado retenga un porcentaje del financiamiento internacional bajo la excusa de la cooperación, etc. Estos regímenes actúan como controladores políticos y también como depredadores ante cualquier posibilidad de obtener recursos”.

Andrés Cañizalez, Medianálisis

Otra amenaza que destaca es la asfixia económica. Explica que, debido a la crisis que vive el país, los medios independientes dependen casi exclusivamente de fondos extranjeros provenientes de donaciones, alianzas o concursos de periodismo y si con esta ley se restringe el acceso a estos recursos no podrán informar.

“Esos medios, que cumplen un rol de primera línea porque son los que dejan la huella y el testimonio de lo que acontece en Venezuela, no tienen publicidad oficial, eso está negado para ellos, no tienen posibilidad real de tener anunciantes y tampoco publicidad internacional en un país empobrecido”, señala.

“Agentes extranjeros”

Cañizalez considera factible que en Venezuela se replique la política de persecución del gobierno nicaragüense que obliga a las personas y organizaciones que reciben financiamiento internacional a registrarse como “agentes extranjeros”.

“Quieren obligar a que hagan una suerte de confesión pública de que estás en contra de las sanciones y te colocan la etiqueta de agente extranjero que tiene una connotación. Este paquete de acciones busca exponer al escarnio, a la vendetta pública al periodismo o a las ONG”, cuestiona.

El proyecto de ley venezolano tiene varios puntos en común con la Ley de Nicaragua: La creación de un sistema de registro y la obligación de las ONG de hacer pública la información detallada de sus fuentes de financiamiento y actividades se repite en ambos textos.

Ambos proyectos justifican el control sobre las ONG y demás organizaciones con el argumento de que la cooperación internacional puede ser una herramienta para atentar contra la independencia, la autodeterminación y la soberanía nacional, así como la estabilidad económica y política del país.

En Rusia también hay legislación similar desde el 2012 que obliga a los periodistas a identificarse públicamente como “agentes extranjeros”, de lo contrario podrían ser sancionados con multas que pudieran ascender al equivalente de un millón de dólares estadounidenses, denuncia el Comité para la Protección de los Periodistas.

“En el pasado fue fundamental el peso de la Unión Europea para lograr que el proyecto de ley de cooperación internacional no prosperara, creo que en este momento, en el que Estados Unidos está en un proceso de acercamiento con el chavismo, ponga este tema sobre la mesa de cualquier negociación política”, expone Cañizalez.

Sanciones a periodismo independiente

La directora de Ipys-Venezuela, Marianela Balbi, subraya que el proyecto de ley relaciona directamente la cooperación internacional con aquellos países que sancionaron a Venezuela, a los que el gobierno califica como contrarios o enemigos.

“Este es un elemento nuevo que se incorpora de manera peligrosa y amenazante porque la ley tiene una amplia discrecionalidad para que el poder sea el que determine qué países son considerados enemigos y si la cooperación de estos países puede comprometer a las organizaciones que se vinculen con ellos”, declara.

Balbi también se refiere al Fondo para la Cooperación y Asistencia Internacional que entrará en vigencia si se aprueba el proyecto de ley.

“Una de las intenciones de este proyecto es concentrar los recursos en un fondo en el cual el Estado tenga participación y discrecionalidad para su distribución, interviniendo una materia que es potestad de los países que otorgan ayudas y cooperación a Venezuela. Esto podría traducirse en una disminución y un abandono de la cooperación internacional en la medida en que los países no acepten que desde el Estado se distribuya quien sabe con qué criterios”, argumenta.

Marianela Balbi, Ipys-Venezuela

Ayuda humanitaria

La restricción de los medios de comunicación sumergiría en mayor desinformación a la sociedad venezolana que ya es víctima de desiertos informativos como documenta Ipys.

“Estamos en una situación dramática, la prensa escrita desapareció en prácticamente la mitad del país, como ha radiografiado Ipys, y en la otra mitad circulan periódicos que son la sombra de lo que fueron. El trabajo del periodismo independiente está en riesgo en caso de que se apruebe esto”, afirma Cañizalez.

Balbi destaca el impacto que tendrá en la asistencia humanitaria: “El mayor peligro para la sociedad es que se condicionen los aportes que, en esta etapa de emergencia humanitaria, han servido para atender de manera urgente graves situaciones de desnutrición, para la atención de los migrantes, etc. La población más vulnerable es la que va a ser afectada”.

Distintas organizaciones de la sociedad civil evalúan el proyecto de ley para hacer un pronunciamiento conjunto y presentar objeciones y propuestas alrededor de la ley que se redactó de forma inconsulta.