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Al menos 300 personas pertenecientes al movimiento feminista venezolano marcharon en el centro de Caracas este 28 de septiembre para exigir la despenalización del aborto en Venezuela. Inicialmente se concentraron en la plaza Morelos para después partir hacia la Asamblea Nacional (AN). No obstante, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana impidieron el paso en la esquina de San Francisco (La Ceiba).

La manifestación se realizó en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, que se celebra cada 28 de septiembre desde 1990, a nivel mundial, en defensa de lo que se considera un derecho sexual y reproductivo. 

«Estamos aquí por la defensa del aborto seguro y acompañado, precisamente porque Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con una de las mayores restricciones en cuanto al acceso a este derecho. El aborto penalizado es la tercera causa de mortalidad materna y afecta de forma diferenciada a las mujeres de sectores populares y las racializadas», dijo Laura Cano, vocera de Ruta Verde y miembro de la organización Tinta Violeta, a Efecto Cocuyo. 

Recordó que Venezuela está al final de la lista en materia de interrupción del embarazo y educación sexual integral en el continente. El Código Penal establece que se castigará con una pena de seis meses a seis años de prisión a cualquier mujer que aborte intencionalmente, según el artículo 432. Hasta el artículo 436 podemos encontrar lo referente a esta legislación. 

«Hay que modificar la norma jurídica venezolana, hay que derogar los artículos del código penal que penalizan el aborto. La única causa que está despenalizada es cuando corre riesgo la vida de la mujer. ¿Eso que significa? Que una mujer víctima de violación que quedó embarazada no tiene derecho a abortar», agregó Magdymar León, coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa). 

Comentó que las mujeres con cáncer que quieran acceder a un tratamiento y no puedan por estar gestando tampoco se les da la posibilidad de terminar con el embarazo. Resaltó que es grave que a las venezolanas en pobreza extrema, que no tienen acceso a métodos anticonceptivos, se les prohíba abortar. 

«Hay, por la vía de los hechos, una maternidad obligada. Efectivamente debe haber una dotación de métodos anticonceptivos, pero no todas las venezolanas los tienen garantizados y, si los tuviera, la verdad es que ninguno es 100 % efectivo. Todos tienen un margen de error», dijo León. 

Un proyecto de ley

La Ruta Verde, plataforma y campaña por la despenalización legal y social de la interrupción del embarazo en Venezuela, inició en 2021 una campaña nacional para promover el proyecto de Ley Orgánica de Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos (DSyDR).

«Esta propuesta legislativa, que contiene seis capítulos y 18 artículos, incluye el derecho a la educación sexual integral, a la autodeterminación sexual, el derecho a la salud desde un enfoque social y el derecho a la libre asociación sexual. También incorpora el derecho a la prevención y atención de abortos inseguros, así como el derecho a la información segura», afirmó en comunicado. 

De acuerdo con Laura Cano, el proyecto de ley busca derogación de los cuatro artículos del código penal que criminalizan el aborto y la prohibición de cualquier otra normativa que busque obstaculizar el ejercicio de la propuesta. 

«Gracias a la movilización de la Ruta Verde y a la insistencia incluso en los espacios de diálogo que tenemos con diputados y diputadas de la Asamblea Nacional dentro de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral fue atendido este proyecto de ley hace dos meses por la Subcomisión de Protección Social Misiones y Grandes Misiones», explicó. 

Sin embargo, añadió que la propuesta no ha pasado a Asamblea Plenaria Ordinaria o a consulta pública. Este miércoles 28 de septiembre, Ruta Verde se dedicó a recoger firmas de apoyo en la plaza Morelos. 

«Nos parece importante que este proyecto esté respaldado por más de 21 mil firmas, según manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para que sea introducido en la Asamblea como iniciativa popular y se discuta en las sesiones ordinarias», comentó. 

Los principales desafíos

Voceras del grupo de feministas autónomas Comadres Púrpuras, señalaron que los principales desafíos para la despenalización del aborto en Venezuela no son solo la burocracia y la influencia de las iglesias católica y evangélica en el gobierno y la sociedad, sino las divisiones que se registran dentro del movimiento. 

«Los grupos feministas que hacemos vida en la calle todavía estamos permeadas por la polarización. Eso ha causado estragos y ha costado un poco tener unidad. Aún así hemos podido superar ese obstáculo en algunos momentos. Otra cosa es que no hay voluntad política y mientras que no la haya seguiremos teniendo un atraso importante en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos», expresó una activista y vocera que se denomina a sí misma como Comadre Argelia. 

Igualmente, manifestantes rechazaron la intervención de la iglesia en el asunto del aborto en Venezuela. Indicaron que, según la Constitución, el país es un Estado laico. 

«Estamos negadas a las acciones de la Iglesia: los grupos religiosos que están en espacios de poder están impidiendo los derechos que le pertenecen a las mujeres. Estamos en contra de que la iglesia tome decisiones sobre nuestros cuerpos», apuntó Elena Carrera, activista.

Al final de la lista 

Hombres y mujeres participaron en la marcha feminista de este 28 de septiembre, al igual que integrantes de grupos LGBTQ. También exigieron acceso gratuito a métodos anticonceptivos y educación sexual en las instituciones educativas. 

«Yo vine a apoyar la causa: las mujeres tienen derecho a decidir porque es su cuerpo. Ellas son las que deben decir qué van a hacer con él», dijo Greisber Torres, estudiante de administración de empresas, de 21 años. 

En Venezuela no hay cifras oficiales de cuántas interrupciones de embarazos se realizan al año. Sin embargo, Magdymar León afirma que en 2018 por cada cuatro partos atendidos y nacidos vivos había un aborto. Recordó que es necesario atender el problema, para salvaguardar las vidas de niñas, adolescentes y adultas venezolanas. 

«Es como si dejáramos de ser personas cuando estamos embarazadas, como si nuestros derechos dejaran de existir. Eso no puede ser. Somos personas con derechos humanos y nuestro derecho de tomar decisiones debe estar por encima», puntualizó Magdymar León.