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El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que 91 detenidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Lara se encuentran en huelga de hambre, en protesta por falta de agua, condiciones de las celdas y negativas de traslados a tribunales. 

Según indica el OVP este miércoles 14 de junio, los privados de libertad se negaron a recibir los alimentos que les llevan sus familiares. 

Los familiares de los huelguistas, quienes no se identificaron por temor a represalias, explicaron que en la región larense hay graves problemas con el suministro de agua por tubería, por lo que desde hace meses los propios funcionarios y familiares deben pagar cisternas, cuyo costo varía entre 35 y 40 dólares, para poder abastecerse dentro de los calabozos de la policía científica. 

La organización denunció que desde el fin de semana hasta este miércoles no han recibido el suministro de agua, porque la escasez de gasolina que afecta a la región larense ha imposibilitado el traslado del camión cisterna hasta el recinto policial. 

Los familiares denunciaron que los presos están defecando en bolsas, porque los baños se encuentran inservibles debido al hacinamiento crítico de los calabozos. 

Requisa inhumana 

La organización, que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, denunció que el pasado lunes 12 de junio los detenidos fueron sacados al patio mientras llovía, para hacer una revisión dentro de los calabozos. 

“Durante la requisa les botaron objetos personales, les sacaron las colchonetas que son compradas con mucho esfuerzo por los familiares; les decomisaron un televisor que era su única distracción y desde ese momento pararon los extractores de aire”, dice el comunicado de prensa. 

La ONG informó que la falta de ventilación en los calabozos agrava la convivencia de los presos, quienes sucumben ante el hedor y la proliferación de enfermedades contagiosas. 

“Los presos se sofocan y deben respirar como pueden en un pequeño espacio con capacidad para 15 personas como máximo”, denuncia el OVP. 

En los calabozos del Cicpc de Barquisimeto conviven 74 hombres, distribuidos en dos calabozos, y 17 mujeres recluidas en un tercer calabozo.

Muchos de estos presos tienen órdenes de traslado a centros penitenciarios, pero estas no son ejecutadas, porque el Ministerio de Servicios Penitenciarios no les asigna los cupos. 

Los familiares denunciaron que el jefe de captura de esa subdelegación cobra 5 dólares en efectivo a cada detenido para efectuar el traslado a tribunales, mientras que si algún recluso se traslada de forma individual debe pagar un total de 10 dólares en efectivo.

Con información de prensa OVP