Fue firmado en junio pasado
Hicieron la petición al Ministro de Relaciones Exteriores

Organizaciones defensoras de derechos humanos entregaron un documento para exigir a Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Nicolás Maduro, que se haga público el segundo memorando de entendimiento entre la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado.

Marino Alvarado, representante de la organización no gubernamental Provea, señaló este lunes 9 de octubre que el petitorio está suscrito por 20 personas, en representación de varias organizaciones de derechos humanos, así como tres comités de víctimas de violaciones de derechos fundamentales.

“El derecho de petición indica que se solicita que se haga público el memorando de entendimiento que fue suscrito el 9 de junio de 2023, entre el Gobierno y el fiscal de la CPI mediante el cual se acordó que se crearía una oficina de la CPI en Venezuela”, dijo Alvarado mediante un video difundido en redes sociales.

El abogado y defensor de derechos humanos, quien estuvo acompañado de otros activistas, aseguró que, a diferencia del primer memorando, el segundo no se ha hecho público a pesar de haber pasado más de tres meses desde que fue firmado.

Alvarado asegura que las organizaciones de víctimas y las de derechos humanos consideran que el memorando de entendimiento es de interés colectivo y no debe manejarse como secreto de Estado.

“Debe hacerse público y darse a conocer de tal manera que las organizaciones de víctimas y la sociedad puedan hacerle seguimiento al cumplimiento y a las obligaciones del compromiso que se suscribió el Gobierno ante la fiscalía de la CPI”, reiteró.

No se cumplen los acuerdos

Alvarado informó que hasta este lunes no se ha cumplido el principio de complementariedad y que no hay voluntad política para investigar las cadenas de mando ni los autores materiales de los crímenes de lesa humanidad que pudieran haberse perpetrado en Venezuela.

El defensor de derechos informó que en Venezuela siguen ocurriendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, confirmó en junio pasado la apertura de una oficina de asistencia técnica en Venezuela, tras la firma de un memorando de entendimiento suscrito en Caracas con el mandatario Nicolás Maduro.

Khan adelantó que él y su equipo visitaron el local donde será instalada la oficina, sin especificar su ubicación, un paso que, aseguró, permitirá una mayor colaboración “para garantizar que haya más justicia” en Venezuela, donde en marzo de 2022 ya se habían comprometido a abrir este despacho.

“Este acuerdo es la realización de nuestros esfuerzos, de todo el esfuerzo que usted ha hecho (…) Ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de manera que podamos ayudar a Venezuela con la asistencia técnica”, precisó Khan.

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Me dedico al periodismo con enfoque en derechos humanos. Hago cobertura sobre violencia en un país con pocas garantías