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La alcaldesa de Upata, municipio Piar del estado Bolívar, amenazó a periodistas locales con iniciar una investigación en su contra por darle cobertura a las denuncias sobre el ejercicio ilegal de la medicina de una persona en el hospital de esa ciudad y que también recaen sobre quien fue director del recinto, Yoslen Astudillo.

En un programa radial, la mandataria Yulisbeth García cargó contra seis comunicadores a quienes acusó de «terrorismo mediático» por denunciar las quejas de la comunidad.

«Hay un terrorismo mediático de seis personas en el municipio, que han querido matar una gestión por un micrófono, matar una gestión por unas redes sociales. No lo acepto más y el que señale debe asumir con pruebas lo que está diciendo», dijo la funcionaria este martes 28 de febrero.

El Ministerio Público investiga a Jonathan Camacho, a quien acusan de ejercer de manera ilegal como como ginecobstetra y psicólogo en el Hospital «Dr. Gervasio Vera Custodio» de Upata.

Además, Astudillo dejó la dirección del centro asistencial al alegar que debía ir a España para revalidar su título como médico. Antes de asumir la jefatura del lugar ejerció como jefe de la sala COVID-19 al inicio de la pandemia del coronavirus.

La alcaldesa pidió pruebas de las denuncias de los familiares de fallecidos por coronavirus, quienes pusieron en duda la atención que Astudillo brindó a sus parientes en plena emergencia sanitaria.

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Por qué ONG emitieron alerta

Las ONG Ipys Venezuela y Espacio Público, dedicadas a la defensa de los derechos de libertad de expresión e información, emitieron alertas por estas declaraciones de un funcionario.

Espacio Público dijo que los periodistas señalados son Andrea Calma, de Televen; Indira Zamora, de Nueva Prensa de Guayana; David Pache, de Upata Digital; Carlos Monsalve, de Venezuela Informativa; Carlos Suniaga, de El Pitazo y Pableysa Ostos de La Patilla, que le dieron cobertura a las irregularidades que investiga la Fiscalía sobre el supuesto falso médico.

«El hostigamiento contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación social se traduce en menos información para la ciudadanía, ya que estos profesionales pueden evitar dar cobertura a temas polémicos para evitar represalias en su contra», advirtió la ONG nacional.