Representantes profesorales ante el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) se pronunciaron este 17 de agosto y expresaron inquietud por la participación de la vicerrectora académica, María Fátima Garcés, en la junta interventora de la Cruz Roja anunciada en la primera semana del mes.
“Queremos dejar constancia de nuestra preocupación por la participación de la vicerrectora académica y, de manera no oficial, el vicerrector administrativo en la junta interventora de la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja, ordenada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia“, indicaron en un comunicado.
Reiteraron que la actuación de la vicerrectora va en contra de lo estipulado en el artículo 162 de la Ley de Universidades, que establece que las autoridades deben tener la aprobación del Consejo Universitario antes de desarrollar actividades remuneradas o voluntarias durante el ejercicio del cargo.
Añadieron que lo ocurrido no puede ser asumido como una decisión personal, que no afectará la imagen de la UCV.
“La importancia del asunto obligaba a las dos autoridades rectorales a solicitar al rector que se convocase un consejo universitario extraordinario para autorizar su participación en esa junta interventora. Nada de eso ha ocurrido”, expresaron los representantes profesorales.
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La intervención viola derechos
En el comunicado agregaron que la sentencia del TSJ y la estructuración de la junta es una grave violación del derecho a la libertad de asociación, al Estado de Derecho, al debido proceso y, además, forma parte de una política estatal sistemática de cierre de los espacios democráticos en el país.
“La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia interviene una persona jurídica de derecho privado, destituye a su directiva sin siquiera escucharlos y designa a una persona externa, sin ninguna vinculación con la institución, para constituir una junta interventora”, apuntaron.
Recordaron que la función de las autoridades es afianzar los valores democráticos en el país y rescatar la Universidad Central, que atraviesa una crisis presupuestaria y de deserción docente en la actualidad.
ONG también reacciona
Alí Daniels, abogado y director de Acceso a la Justicia, ya había denunciado el 9 de agosto que la profesora Garcés violaba la Ley de Universidades pocas semanas después de haberse juramentado, en medio del silencio de Víctor Rago, nuevo rector de la UCV.
El profesor Rago no ha declarado sobre la junta interventora y no hay información oficial de parte de la casa de estudios hasta la fecha.
“Aceptan una agenda oficialista de intervención al espacio cívico. Y la pregunta es: quienes no defienden la autonomía de la organizaciones de sociedad civil, ¿van a defender la autonomía universitaria?”, señaló Daniels a Efecto Cocuyo.
La vicerrectora tampoco se ha pronunciado sobre las acusaciones ni ha aclarado si solicitó alguna autorización de la institución a la que pertenece antes de aceptar funciones en la Cruz Roja.