La ONG Provea pidió a través de un comunicado que se haga público el Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la CPI y Nicolás Maduro cuya firma se concretó el viernes 9 de junio en la noche y que fue suscrito por el fiscal Karim Khan y el líder de la coalición gobernante, Nicolás Maduro.
La organización también destacó la necesidad de que la implementación de los acuerdos sea realizada de manera transparente al país porque “está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia”.
En un texto de siete puntos, Provea subrayó una serie de elementos que se deben considerar de cara al establecimiento de la instancia. Entre ellos solicitó que las personas que ejerzan cargos públicos eviten descalificar a la CPI, a la oficina y a sus miembros, así como también a las víctimas.
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Para la ONG es mandatorio que la oficina esté abierta a escuchar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y que se evite la intimidación de ellas por parte del aparato estatal venezolano.
El grupo destacó en el texto que las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando y la necesidad de adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
Venezuela tiene una Investigación en la Corte Penal Internacional (a la espera de reanudación) por los crímenes de: detenciones arbitrarias, violación/violencia sexual, persecución política, torturas y más tratos crueles sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Provea explicó que está previsto que la oficina cuente con oficiales de la Oficina del Fiscal de la CPI, entre ellos.
La finalidad de la instancia es profundizar la cooperación con las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes al acercar el trabajo de la Fiscalía a las comunidades afectadas por los crímenes del Estatuto de Roma
1. Cualquier función que realice una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela para desarrollar políticas públicas de justicia, debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país.
2. Las opiniones de las víctimas deben ser tomadas en cuenta por la Oficina.
3. Para el Fiscal, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son socios necesarios para establecer responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad.
4. Las autoridades y quienes ejerzan cargos del Estado venezolano deben abstenerse de todo ataque o descalificación en contra de la Corte Penal Internacional, los Jueces de la Sala 1ra de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina.
5. El Estado venezolano debe abstenerse de intimidaciones y represalias contra las víctimas y las organizaciones.
6. Se deben adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
7. Las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando.
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La ONG Provea pidió a través de un comunicado que se haga público el Acuerdo de Entendimiento suscrito entre la CPI y Nicolás Maduro cuya firma se concretó el viernes 9 de junio en la noche y que fue suscrito por el fiscal Karim Khan y el líder de la coalición gobernante, Nicolás Maduro.
La organización también destacó la necesidad de que la implementación de los acuerdos sea realizada de manera transparente al país porque “está destinado a la elaboración de políticas públicas en materia de justicia”.
En un texto de siete puntos, Provea subrayó una serie de elementos que se deben considerar de cara al establecimiento de la instancia. Entre ellos solicitó que las personas que ejerzan cargos públicos eviten descalificar a la CPI, a la oficina y a sus miembros, así como también a las víctimas.
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Para la ONG es mandatorio que la oficina esté abierta a escuchar a las víctimas de crímenes de lesa humanidad y que se evite la intimidación de ellas por parte del aparato estatal venezolano.
El grupo destacó en el texto que las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando y la necesidad de adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
Venezuela tiene una Investigación en la Corte Penal Internacional (a la espera de reanudación) por los crímenes de: detenciones arbitrarias, violación/violencia sexual, persecución política, torturas y más tratos crueles sistemáticos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Provea explicó que está previsto que la oficina cuente con oficiales de la Oficina del Fiscal de la CPI, entre ellos.
La finalidad de la instancia es profundizar la cooperación con las autoridades nacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes al acercar el trabajo de la Fiscalía a las comunidades afectadas por los crímenes del Estatuto de Roma
1. Cualquier función que realice una Oficina del Fiscal de la CPI en Venezuela para desarrollar políticas públicas de justicia, debe garantizar que dichas políticas sean elaboradas y adoptadas de manera transparente para el país.
2. Las opiniones de las víctimas deben ser tomadas en cuenta por la Oficina.
3. Para el Fiscal, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) son socios necesarios para establecer responsabilidades en los crímenes de lesa humanidad.
4. Las autoridades y quienes ejerzan cargos del Estado venezolano deben abstenerse de todo ataque o descalificación en contra de la Corte Penal Internacional, los Jueces de la Sala 1ra de Cuestiones Preliminares, el Fiscal de la CPI y los miembros de su Oficina.
5. El Estado venezolano debe abstenerse de intimidaciones y represalias contra las víctimas y las organizaciones.
6. Se deben adelantar investigaciones y enjuiciamientos penales genuinos.
7. Las autoridades y sus voceros deben abstenerse de negar la existencia de crímenes de lesa humanidad que no han sido investigados ni las cadenas de mando.