Ver más de

¿Cómo valoras esta información?

6

QUÉ CHÉVERE

1

QUÉ INDIGNANTE

QUÉ CHIMBO

Sin éxito. Así calificó la ONG Provea la intención del gobierno de Nicolás Maduro de retrasar la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) que tienen en sus manos la potestad de que el fiscal Karim Khan avance o no en las investigaciones sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

«Lo importante es que esta táctica dilatoria del gobierno venezolano no ha tenido éxito y que la confidencialidad de las informaciones suministradas por las víctimas y las identidades de las víctimas y los familiares de las víctimas que han participado está totalmente garantizado por la CPI», explicó Calixto Ávila, representante de la organización defensora de derechos humanos en Europa.

Los jueces de la Sala I rechazaron la petición de Miraflores de responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas, que solicitaron el pasado 26 de abril, una medida que no tiene precedentes dentro de la CPI.

«Los jueces han dicho que los alegatos del gobierno fueron vagos y no los persuadieron de que se requería una respuesta por parte del Estado y afirmaron que las normas de la CPI no establecen que un Estado puede responder a un informe de víctimas en esta etapa», aclaró Ávila.

Refutan comunicado de cancillería

Aunque en un comunicado, la Cancillería intentó restarle importancia y confundir sobre el término «víctimas potenciales», el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, se refirió a este punto.

«El comunicado (del gobierno) trata de manipular la decisión de la Sala, en una derrota quiere sacar una ventaja», sostuvo.

Aseguró que cuando la Sala de Cuestiones Preliminares habla de víctimas potenciales se refiere a un término procesal dentro de la CPI.

«Eso es absolutamente falso (de que no hay víctimas de crímenes de lesa humanidad), porque lo quiere decir la Sala aquí, y es un término procesal, es que no debe entenderse fuera de contexto. Para la CPI son víctimas formalmente hablando aquellas que se encuentran en un caso concreto; es decir, cuando se dice con nombre y apellido aquí está esta víctima y el presunto perpetrador», destacó.

Te puede interesar: Fiscal de la CPI rechaza aplazar investigación sobre Venezuela y afirma que hubo ataques contra la población

Qué dijo el fiscal Karim Khan

Ávila dice que los jueces tendrán ahora el tiempo necesario para responder a la solicitud del fiscal Karim Khan. En casos anteriores como el de Afganistán tomaron cuatro meses y en el de Filipinas tardaron seis meses, por lo que no hay tiempo concreto.

El pasado 30 de marzo, Khan rechazó los argumentos del gobierno para frenar la investigación.

«La Fiscalía concluyó que había una base razonable para creer que, al menos desde abril de 2017 en adelante, miles de opositores percibidos o reales del gobierno venezolano fueron supuestamente perseguidos por motivos políticos, arrestados y detenidos sin base legal adecuada; cientos fueron presuntamente torturados; y más de 100 fueron presuntamente sometidos a formas de violencia sexual (incluida la violación)», señaló Khan en ese momento.

Los ataques contra Khan desde el gobierno

Desde entonces y pese a que el fiscal vino a Venezuela en dos oportunidades y Miraflores aprobó el establecimiento de una oficina en Caracas, la retórica contra el propio funcionario y la CPI ha ido en aumento.

La Cancillería acusó al organismo de querer ser usado «como un arma política» contra la gestión de Maduro. Además, hace dos semanas, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, señaló a Khan de supuestamente recibir financiamiento de Estados Unidos para «atacar a Venezuela».

“Su única preocupación es perseguir a Venezuela. No tiene honor. Por honor él debería inhibirse de presentar cualquier acusación contra Venezuela porque él tiene una predisposición contra Venezuela clara”, dijo el también diputado de la Asamblea Nacional de mayoría chavista el pasado miércoles 27 de abril.

Un año antes cuestionó que mientras exoneró a Colombia, continúe investigando a Venezuela.

Cuatro argumentos de la fiscalía de la CPI

Frente a los alegatos del gobierno de Maduro, el fiscal de la CPI respondió lo siguiente:

 Los delitos fueron graves y no aislados. Actos de violencia, como palizas, asfixia, ahogamientos y descargas eléctricas son solo algunos de los crímenes que denuncian las víctimas en Venezuela.

«En la situación actual, la Fiscalía concluyó que los casos potenciales identificados son de suficiente gravedad para justificar una nueva acción por parte de la Corte, a la luz de los aspectos tanto cuantitativos como consideraciones cualitativas, incluida la escala, la naturaleza, la forma de comisión y el impacto», advirtió Khan. 

Violencia sexual y trato cruel no es lo mismo. El fiscal advirtió que los delitos de violencia sexual los investiga el gobierno de Venezuela como trato cruel, lo que es un error porque son crímenes que tienen elementos constitutivos distintos.

Aunque el gobierno alude que se están «llevando a cabo investigaciones», esta malinterpretación de términos puede traer como consecuencia que no se aborden «necesariamente todos los mismos hechos» ni se refleje daño diferenciable sufrido por una víctima de violencia sexual. 

 Que en Venezuela no exista el delito de persecución no es una excusa para no investigarlo. Debido a que en el país no hay ninguna ley que sancione o contemple la persecución como un crimen, el gobierno de Maduro asegura que se han generado dudas o «incertidumbre» a la hora de abordar el tema. 

Persecución y tortura

No obstante, el fiscal respondió que, a pesar que las leyes nacionales no la contemplen, la definición de persecución como un crimen está claramente establecida en el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional adoptado en 1998 en Italia. 

Además, la persecución es reconocida como un delito desde 1945 en los Estatutos del Tribunal Militar Internacional y del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, que la Asamblea General de las Naciones Unidas «… consideró por unanimidad que reflejaban los principios generales del derecho internacional».

La tortura no ocurre solo cuando la víctima está retenida. El gobierno venezolano señaló que los supuestos casos de tortura no se llevaron a cabo en situaciones de «custodia» de organismos del Estado.

No obstante, la fiscalía de la CPI expresó que el delito tiene una definición más amplia, que no se registra solamente en centros de detención y que pueden cometer particulares o grupos, tales como los colectivos. 

Con información de Albany Andara Meza